Quiborax: el Estado pagó a la defensa 4 millones de dólares
Por año, la Procuraduría del Estado asignó $us 450 mil al pago de los honorarios de los juristas. Sumados a la compensación, Bolivia perdió $us 46,6 millones.
El equipo jurídico de la Procuraduría General del Estado, que atendió el caso Quiborax. Foto:Archivo / Página Siete.
Los abogados de la defensa legal del Estado en el litigio con Quiborax costaron al país cuatro millones de dólares, según los contratos que la Procuraduría General del Estado (PGE) firmó con los estudios jurídicos internacionales que representaron a Bolivia en el proceso de arbitraje.
La sociedad entre Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax llevó en 2007 al Estado a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni, en 2004.
Desde la conformación del tribunal, en 2007, hasta el fallo emitido por el CIADI, en 2015, el Estado asignó 450 mil dólares por año para el pago a los abogados de los estudios jurídicos contratados para la defensa.
En los primeros ocho años de litigio, Bolivia estuvo representada por los bufetes Foley Hoag LLP (2007-2009) y Dechert LLP (2010-2015), que se beneficiaron de los 3,6 millones de dólares presupuestados para la defensa.
Además, desde 2015 y hasta la presente gestión, la Procuraduría pagó otros 450 mil dólares por año a Dechert LLP, para que se encargue del proceso de anulación del laudo, que en mayo pasado fue ratificado contra el Estado.
En el transcurso de esos 10 años de arbitraje, los recursos destinados al pago de los honorarios de los abogados superaron los cuatro millones de dólares, que sumados a los 42,6 millones del monto final acordado con la parte demandante, significaron una pérdida de 46,6 millones de dólares para Bolivia.
El propio procurador Pablo Menacho reconoció que “el costo de un arbitraje supera los cuatro millones (de dólares)”, en una entrevista concedida hace 10 días al diario cruceño El Deber.
La Minuta de Contratación de Servicios Legales de la Procuraduría, de 2012, y publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), especificaba que el monto asignado por cada hora de trabajo para los abogados internacionales estaba fijado en 656 dólares y que el límite de gastos no podía exceder los 450 mil dólares por gestión.
Normativa
Asimismo, la Resolución Administrativa de Copatrocinio de Servicios Legales para el caso Quiborax y la convocatoria de contratación de 2012 confirman que el presupuesto anual estaba fijado en los 450 mil dólares y que el monto asignado por hora podía superar los 700 dólares.
Los procesos de contratación y publicación de los montos destinados al pago de los juristas pasaron a convertirse en información confidencial desde el 9 de marzo de 2016, cuando entró en vigencia el Decreto Supremo 2698, promulgado por el presidente Evo Morales, que facultó al Procurador elegir el bufete que consideraba que se ajustaba a las necesidades del Estado.
En el documento Decisión sobre la solicitud de anulación del Estado Plurinacional de Bolivia, del 18 de mayo pasado, el Ciadi dio cuenta de que sólo en el proceso de anulación, Bolivia cuantificó sus gastos en 1,3 millones de dólares, en tanto que los gastos de los demandantes llegaron a 462 mil.
Punto de vista
Karen Longaric Prof. Derecho Internacional - “El Gobierno se rehúsa a dar datos”
Llama la atención que la Procuraduría del Estado no informa al pueblo boliviano qué suma de dinero gastó en la contratación de abogados nacionales y extranjeros para asumir defensa en el arbitraje instaurado por Quiborax.
Si bien podría haber datos reservados en el arbitraje sobre inversiones, normalmente esta reserva se refiere a cuestiones de fondo debatidas durante el proceso, pero no a los gastos destinados a cuestiones administrativas. Es inaudito que el Gobierno se ampare en un Decreto Supremo que parecería haber sido dictado expresamente para proteger información en el caso Quiborax, esto contradice a la norma internacional que más bien aconseja transparentar los arbitrajes en materia de inversiones, tanto en cuestiones referidas al fondo como a la forma.
El Gobierno se rehúsa a dar datos en un tema que ha cobrado enorme susceptibilidad, que ha despertado muchas interrogantes y desconfianza.
“Pagar a los abogados costó más que arreglar por tres millones”.
Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos Mesa, declaró a Página Siete que pagar los honorarios de los abogados que asumieron la defensa legal del Estado en el arbitraje iniciado por Quiborax costó más que cerrar el arreglo por los tres millones de dólares con la parte demandante, en 2008.
“Pagar a los abogados costó más que arreglar por los tres millones de dólares que pidió la empresa en 2008, para que la gente vea lo inaudito que es todo este proceso”, manifestó.
Un año después de la conformación del tribunal designado a ver el arbitraje entre la sociedad de las empresas Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax contra el Estado boliviano, los demandantes aceptaron dar por terminado el proceso con una compensación de tres millones de dólares.
Más tarde, en 2009, las pretensiones de NMM-Quiborax llegaron hasta 40 millones de dólares; después reclamaron 66 millones y, en la actualización de su solicitud ante el tribunal, reclamaron una compensación de algo más de 150 millones de dólares.
Ya en 2016, las partes en conflicto acordaron cerrar el pleito por un pago de 27 millones de dólares, trato que terminó frustrándose ante la negativa de David Moscoso, socio de NMM, quien rechazó sellar el arreglo, a pesar de que ya había sido declarado culpable de falsificación.
Karen Longaric, exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y profesora de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), afirmó que la falta de transparencia en la publicación de información oficial sobre los gastos en los que incurrió el Estado en este arbitraje “genera desconfianza en la población” y muestra que el gasto en abogados fue superior al monto que en algún momento exigió Quiborax.
“Al final de cuentas, el Gobierno ha gastado más en la contratación de abogados que los tres millones de dólares que inicialmente pedía la empresa demandante”, sostuvo la exdirectora de Asuntos Jurídicos.
Fuente: Página Siete
