Asamblea aprueba juicio a cuatro ministros y un ejecutivo
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó informe final de la comisión de investigación sobre la compra irregular de material no letal, el documento fue remitido la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie acciones legales contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; Defensa, Fernando López; Presidencia, Yerko Núñez; el exministro de Economía, Óscar Ortiz y el Presidente de la Aduana, Waldo Ramos Jurado.
El debate duró seis horas aproximadamente. También volvieron a observar al Procurador del Estado. Foto: Captura Unitel.
“Se han presentado pruebas de las irregularidades en la licitación por esas irregularidades estamos mandando para que hagan las investigaciones correspondientes en las instancias mencionadas”, dijo la presidenta del Senado, Eva Copa.
El informe fue remitido a cuatro entidades: la fiscalía de La Paz, la Contraloría General del Estado (CGE); la Procuraduría General del Estado (PGE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) que deben investigar e instaurar procesos.
La fiscalía paceña debe ampliar las investigaciones del caso denominado gases lacrimógenos “conforme a los hechos analizados en el presente informe”, refiere el documento que hizo una descripción de todo el proceso porque primero fue encargado a la empresa vendedora, Cóndor; luego otra nota le indica que será una intermediaria, Bravo Tactical Solution, los legisladores hicieron énfasis en ese tema.
A la CGE, la Asamblea mandó a realizar las auditorías dentro de esta investigación, “debiendo emitir el informe oportuno en el plazo establecido por ley”, señala el documento. Aunque en un documento, el ente contralor ya dijo que se está realizando una auditoría al proceso y por esa razón su responsable no fue a declarar a la comisión.
En el caso de la PGE, la Asamblea cree que debe realizar acciones legales y el dictamen correspondiente “para defender los más altos intereses del Estado”. Fue el ex procurador, José María Cabrera, quien se presentó ante esta comisión y esa asistencia fue una de las razones para que sea destituido del cargo.
Finalmente, la Asamblea decidió enviar el documento a la FGE porque los acusados, tres ministros, el ex ministro Óscar Ortiz y el presidente de Aduanas, omitieron responder a los requerimientos realizados por la comisión.
El procurador.
Pero Copa dijo que también se presentó un proyecto de resolución en la cual se observa nuevamente la designación del actual procurador general del Estado, Alberto Javier Morales, quien habría patrocinado casos contra el Estado antes de su designación. La resolución fue aprobada sin mayores trámites.
La pugna Legislativo-Ejecutivo por este caso se remonta al 21 de septiembre cuando la presidenta del Estado, Jeanine Áñez posesionó a Morales como procurador en reemplazo de José María Cabrera. Morales empezó a hacer públicas acusaciones contra Luis Arce, su familia y exministros del Gobierno de Evo Morales.
Entonces la Asamblea objetó su designación el 6 de octubre y pidió su destitución; pasaron dos días y Morales presentó su renuncia al cargo, aunque dijo que no tiene conflicto de intereses con el Estado. Una semana después, el 14 de octubre, la presidenta volvió a posesionar a Morales en el mismo cargo; han pasado 12 días y la Asamblea volvió a desconocer su mandato en otro episodio de la pugna entre los dos poderes.
Fuente: El Deber
