Quiborax aceptó pago de $us 27 millones, pero acuerdo se frustró
El “Contrato del laudo”, que fue filtrado por la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, establece que Bolivia aceptó desistir del juicio penal por falsificación.
El procurador Pablo Menacho firma el acuerdo final con el representante de Quiborax. Foto: Internet.
Después de que el 15 de septiembre de 2015 el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia, ordenándole a pagar a Quiborax 48,6 millones de dólares, la Procuraduría General del Estado negoció y acordó un pago con la parte demandante por 27 millones de dólares, junto con el desistimiento de juicio penal por falsificación en contra de uno de los accionistas de Non Metallic Minerals (NMM), pero el acuerdo se frustró.
Uno de los tres documentos filtrados el 4 de agosto de 2016 por la exsubprocuradora Carmiña Llorenti al equipo jurídico chileno, indica: “Ambas partes, de forma libre y espontánea, establecen el monto total de pago en efectivo (pago total de indemnización) para el cumplimiento fiel, definitivo, efectivo y oportuno del laudo en 27.272.113,98 dólares estadounidenses”.
De haberse concretado ese acuerdo, el Estado se hubiera ahorrado al menos 15,4 millones de dólares del monto final que desembolsó a favor de la empresa chilena (42,6 millones de dólares).
El documento Contrato de cumplimiento de laudo arbitral por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, renuncias expresas y liberación general y recíproca de obligaciones, al que tuvo acceso Página Siete, detalla que en 2016, la Procuraduría y los demandantes habían llegado a un acuerdo para poner fin al proceso instaurado en el CIADI.
Este medio envió un cuestionario a la Procuraduría General del Estado para conocer la posición del procurador Pablo Menacho respecto a la aparición de dicha documentación, pero hasta el cierre de la presente edición, no se obtuvo respuesta.
El contrato en cuestión tiene 19 cláusulas y 81 incisos, en los que las partes envueltas en el diferendo expresan su conformidad con la compensación de 27,2 millones de dólares y el desistimiento de la denuncia penal.
Por Bolivia, aparece citado al pie del contrato César Félix Navarro Miranda, ministro de Minería y Metalurgia; por Quiborax y NMM, sus respectivos representantes legales, además de David Moscoso Ruiz, socio de NMM, quien reconoció haber presentado un documento falso para iniciar el arbitraje en contra del Estado boliviano.
Luego de conocerse el fallo adverso, el equipo jurídico boliviano presentó un memorial de anulación, equivalente a una apelación. Mientras trabajaba en ese proceso ante el CIADI, la Procuraduría, conducida entonces por el ahora ministro de Justicia, Héctor Arce, negociaba con los demandantes, que recibieron información confidencial de la defensa gracias a la “filtración” de Llorenti, de modo que exigieron al tribunal ejecutar el laudo de septiembre de 2015, por los 48,6 millones de dólares.
Como resultado de esta derrota en el arbitraje, el Gobierno solicitó a la Fiscalía el inicio de un proceso contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros, a quienes acusa por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por la reversión de las concesiones de Quiborax y NMM en el Salar de Uyuni, en 2004.
En respuesta, Mesa presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, además del procurador Menacho y de la exprocuradora Elizabeth Arismendi, acusándolos por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso Quiborax.
El proceso de arbitraje que atendió el tribunal del CIADI
- Denuncia. Quiborax y Non Metallic Minerals llevaron su demanda en contra de Bolivia, por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni, dispuesta por el Decreto Supremo 27589 del 23 de junio de 2004, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que en septiembre de 2015 ordenó una compensación para las demandantes de 48,6 millones de dólares.
- Negociación. Después de conocer el fallo adverso, la Procuraduría General del Estado presentó un recurso de anulación del laudo, que al final fue ratificado el pasado 18 de mayo. En ese escenario, el equipo jurídico boliviano negoció con la parte demandante, hasta cerrar el acuerdo en 42,6 millones de dólares, dinero que el Estado tuvo que desembolsar a favor de las compañías que iniciaron el arbitraje internacional.
- Responsabilidad. El Gobierno culpa al expresidente Carlos Mesa de ser el responsable del fallo en contra de los intereses del Estado. Mesa, en cambio, atribuye a la actual administración la responsabilidad de haber ejercido una “pésima” defensa en el proceso arbitral de Quiborax y NMM. El exmandatario presentó pruebas de que el arbitraje podría haberse solucionado con un pago de tres millones de dólares.
