9 meses después del desfalco al Unión, la investigación no avanza

Además de Juan Pari, su novia, varios familiares y socios, exempleados y exfuncionarios de la financiera del Estado continúan detenidos de forma preventiva.
Juan Pari, el principal imputado en el caso Banco Unión. Foto: RRSS.




Después de  nueve meses del inicio de las indagaciones del caso del millonario desfalco que sufrió el Banco Unión, y seis desde la última imputación formal, las investigaciones por el desfalco de 37,6 millones  de bolivianos no avanzan. “El procedimiento se encuentra debilitado por el proceder de varios representantes del Ministerio Público, lo que defenestra una investigación objetiva clara, en perjuicio de quienes son inocentes y hoy se encuentran privados de libertad”, declaró Paola Barriga, abogada de S.F.,  quien ocupó el cargo de cajera en la agencia de Batallas, de donde Juan Franz Pari Mamani robó su millonario botín.

La jurista explicó que a partir de la denuncia del banco, se computan 20 días para realizar la investigación preliminar. Luego se solicita una ampliación, si no se obtuvieron las pruebas suficientes contra los investigados. Después, puede solicitarse otra prórroga, por 60 días y, ante la gravedad del caso, podrían pedirse 180 días adicionales para esclarecer el hecho.

Si todos estos plazos fenecen, el proceso en la etapa investigativa ya se habría extinguido y, hasta donde tenemos conocimiento, el proceso ya no tiene ningún movimiento, sólo se están abocando a las solicitudes de cesación de los procesados, pero sin ningún avance investigativo”, indicó Barriga.

Una opinión parecida fue la del abogado Andrés Zúñiga, quien defiende a R.P., uno de los exempleados de Pari.

“El proceso alcanza los nueve meses y varios imputados siguen en calidad de detenidos preventivos”, manifestó.

En relación con el cómputo de plazo desde la imputación y la posibilidad de que varios coimputados puedan solicitar el sobreseimiento, el abogado explicó que ese cálculo se establece según los avances de cada etapa de la investigación, siendo el de mayor referencia la última imputación formal de la causa.




“La duración máxima de un proceso son tres años a partir del primer acto de la investigación. Si en este tiempo no hay una decisión final del proceso, éste extingue, según el procedimiento penal”, añadió  el jurista.

Saúl Villarpando, abogado de C. M. V., exjefa de Agencias del banco, apuntó que el caso no presenta avances significativos y que hasta ahora no se encontraron pruebas contra los exfuncionarios de la entidad que están detenidos por el desfalco.

“Estamos a seis meses desde la última imputación y no se han encontrado elementos contra ninguno de los funcionarios del banco, que los vincule con los actos del señor Pari”, recalcó.

Al menos 15 personas están detenidas
  • Detención.- Desde el inicio de la investigación, en septiembre del año pasado, las autoridades detuvieron al menos a 15 personas relacionadas en el caso y reunidas en tres grandes grupos: Juan Pari, novia y familiares; socios y exempleados; y funcionarios del Banco Unión, con distintos cargos y responsabilidades.
  • Directores.- Entre los empleados del banco que están detenidos preventivamente figuran excajeros, jefes de agencia y hasta jefes de secciones nacionales;  sin embargo, ni uno solo de los directores ejecutivos de la financiera pública. Este medio pidió información a la Fiscalía sobre el caso, pero no se dio curso a la solicitud.
Suspensión de un fiscal y una jueza retrasó el proceso
La suspensión del fiscal Erlan Almanza y de la jueza Cinthia Delgadillo provocó retrasos en la investigación y el procesamiento judicial de las personas implicadas en el millonario desfalco al Banco Unión.

En el caso de Almanza, era uno de los cuatro representantes del Ministerio Público que fueron incluidos en la comisión de fiscales encargada de investigar el caso,  fue apartado por denuncias de presunta corrupción.

Este fue denunciado por Juan Pari, principal imputado por el robo a la financiera estatal, quien aseguró que el funcionario le pidió 15.000 dólares y un motorizado, a cambio de hacerle “favores” en la investigación.

A la denuncia del exjefe de Operaciones de la agencia de Batallas se sumó la de Alexis Daniel C. H., otro de los imputados en el caso, quien afirmó que el fiscal le solicitó 20.000 dólares para favorecerlo con la cesación de la detención preventiva.

Como pruebas, Alexis presentó varios audios en los que se escucha al fiscal en conversación con la pareja de éste, a quien le pide la entrega del dinero.




El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y el departamental de La Paz, Edwin Blanco, separaron a Almanza de la investigación el 28 de febrero.

En el caso de la jueza Delgadillo, en cuya sala se atendían varias solicitudes de cesación de detención de los imputados, en mayo fue aprehendida y acusada por el delito de consorcio de jueces y abogados. Con su alejamiento del cargo, las causas que atendía fueron derivadas a otros jueces, una serie de trámites que sufrieron demoras.
Fuente: Página Siete
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