Denuncian a jefe militar por usar a marineros en labores de casa
El encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y normas en la Armada, supuestamente vulneró los reglamentos de las FFAA en Cobija.
Un grupo de marineros de la Armada en formación. Foto:Archivo.
El oficial encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en la Armada Boliviana fue denunciado por utilizar a tres marineros para el aseo de un domicilio particular en el que se había hospedado en Cobija, Pando. Fuentes oficiales indicaron que de esta forma se vulneró varias normativas que prohíben el uso de personal militar para fines particulares.
Después del asalto a un puesto militar ubicado en la frontera con Brasil, ocurrido el 16 de junio, en el que delincuentes se llevaron armamento y munición, distintos jefes de la Armada llegaron a este departamento para realizar distintos trabajos. Una de las autoridades que estuvo en Cobija fue el inspector adjunto de Derechos Humanos de la Armada, Aldo Bravo, quien se alojó en un domicilio particular.
De acuerdo a un documento que llegó a Página Siete, el 7 de julio, cuando Bravo se disponía a retirarse de aquel inmueble, ordenó que dos marineros y una marinera, que cumplían su servicio militar en un regimiento naval, fueran a esta casa para limpiarla. Esta acción vulnera la Constitución, leyes y varios reglamentos de las Fuerzas Armadas que prohíben utilizar a conscriptos para fines particulares.
“Lo grave es que la autoridad que se encarga de que se respeten los derechos humanos y las normas internas es la primera en violarlos”, indicó una fuente que pidió el anonimato. “Cuando se encontró a los marineros en el domicilio, el oficial para disimular les entregó 110 bolivianos por los trabajos que habían realizado”, añadió.
La fuente señaló que pocos días después de lo ocurrido, cuando se comenzó una investigación preliminar, al consultar a los marineros qué había pasado, Bravo retornó a Cobija para instruir a los jóvenes que hagan informes dirigidos a su persona. Esto fue calificado como una forma de amedrentamiento.
El informe de lo ocurrido llegó al despacho de la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Liliana Guzmán. A ella se le recomendó que inicie un sumario informativo y en caso de hallar indicios de responsabilidad, se derive el caso a la justicia militar o inclusive a la justicia ordinaria, por la posible comisión de delitos penales de corrupción.
En la oficina de Guzmán se confirmó la recepción del mencionado informe, pero se aclaró que la directora aún no lo revisó porque está de viaje.
Este medio también se contactó con Bravo vía telefónica. El oficial indicó que se pronunciaría al respecto cuando tenga en sus manos la denuncia formal en su contra, de la que aún no tenía pleno conocimiento.
Desde la dirección de comunicación social de la Armada Boliviana se informó también que el caso está en proceso de investigación y que en todo momento se procederá conforme a las normas de las Fuerzas Armadas.
Fuente: Página Siete
