La contratación de buffetes es secreta y no se rinde cuentas

El Decreto Supremo 2698 dispone que los nombres de los estudios jurídicos sean mantenidos en reserva, y faculta al Procurador General del Estado de elegir al equipo de abogados que considere pertinente.
El edificio de la Procuraduría General del Estado, ubicado en la ciudad de El Alto. Foto:comunicacion.gob.bo




El Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, promulgado por el presidente Evo Morales, guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados realizadas por la Procuraduría General del Estado, además de que exime a dicha institución de presentar su rendición de cuentas.

El artículo quinto de la norma señala de forma textual: “I. Se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la precautela y defensa de los intereses del Estado”.

Respecto a la exclusión de la Procuraduría en los procesos de transparencia de las gestiones que lleva a cabo, el mismo documento, también en el artículo quinto de “confidencialidad”, dispone: “II. Se exime a la Procuraduría General del Estado del registro en el Sistema de Contrataciones Estatales-Sicoes, en el marco del presente Decreto Supremo, debiendo remitir los contratos firmados a la Contraloría General del Estado”.

Sobre este tema, el senador Óscar Ortiz reiteró ayer su denuncia de que la Procuraduría se niega a revelar los nombres de los estudios jurídicos contratados por el Estado boliviano para su defensa en los juicios por demandas internacionales relacionados a la nacionalización, como ocurrió en el caso Quiborax.

Para la defensa del Estado, en la anulación del laudo “hemos pagado 450 mil dólares”, sostuvo el procurador general Pablo Menacho, en una entrevista concedida a Página Siete la anterior semana, aunque añadió que no recordaba el costo total cancelado al bufete por todo el proceso.

En la interpelación del miércoles a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y el de Minería, César Navarro, por el mismo caso, el primero mencionó que para la defensa de Bolivia en ese proceso se contrató al “sexto bufete más grande del mundo”, que según los documentos publicados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) fue la firma legal Dechert LLP, con residencia en París, Francia y Washington DC, Estados Unidos.




El Decreto Supremo 2698 también faculta al Procurador General del Estado de contratar al estudio jurídico o abogado que considere pertinente.

El artículo segundo, de “autorización”, señala: “I. Se autoriza a la Procuraduría General del Estado la contratación directa de servicios especializados de consorcios jurídicos, abogados; sean nacionales o extranjeros y otros servicios especializados para la defensa legal del Estado”.

Por último, en el artículo tercero, de “responsabilidad”, el documento especifica: “Las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo serán responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de la Procuraduría General del Estado, desde su inicio hasta su conclusión”.

La normativa
  • Considerando. El decreto apunta que se guarda en secreto los contratos porque cuando la Procuraduría entrega información a los estudios proponentes, para que preparen sus propuestas de defensa, entregan información que “podría beneficiar al demandante en procesos arbitrales internacionales, considerando que actores extraños al proceso puedan obtener información del caso y utilizarla indebidamente”.
  • Presupuesto. El artículo cuarto, de “temporalidad”, del Decreto 2698 dispone: “Los contratos a los que se refiere el presente Decreto Supremo podrán ser suscritos por el tiempo que dure el proceso, sujetos a la aprobación del presupuesto de cada gestión fiscal”. En el caso de Quiborax, el arbitraje se extendió por 14 años, fue el más largo que afrontó el Estado y terminó con un fallo en contra por 42,6 millones de dólares.
Fuente: Página Siete




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