Auditan a Neurona, pero eluden responsabilidad de Gisela López

Según el ministro Canelas el Estado pagó más de Bs 12 millones a esta empresa para la campaña propagandística en la última fase de la demanda marítima.
GISELA LÓPEZ, EXMINISTRA DE COMUNICACIÓN.




El Gobierno instruyó a la Contraloría General del Estado que realice la auditoría sobre los ocho contratos directos que se realizó por invitación directa a la empresa mexicana Neurona Consulting, por un monto de 12 millones 461 mil bolivianos para la propaganda marítima; sin embargo, eludió cargar responsabilidad sobre Gisela López, exministra de Comunicación, en cuya gestión se hicieron dichos contratos.

Las contrataciones directas a una empresa mexicana con apenas un año de creación (2017) fueron observadas por la oposición tras lo cual el gobierno anunció un proceso de auditoría en la Contraloría identificando la cantidad de contratos y el monto total por el servicio que prestó.

“Fueron ocho contratos de órdenes de servicios. El monto total alcanza a 12 millones 461 mil bolivianos. Nosotros ya le enviamos a la Contraloría la solicitud de que haga las auditorías de todos estos contratos y órdenes de servicio, el Contralor ya ha recibido eso y queda en manos de la Contraloría”, explicó Canelas.
MANUEL CANELAS, MINISTRO DE COMUNICACIÓN.
A mediados de marzo, el senador Oscar Ortiz de Demócratas, denunció las contrataciones directas sin licitación para la empresa mexicana Neurona Consulting con el Ministerio de Comunicación en la gestión de Gisela López.

El legislador accedió a información del Registro Público de Comercio de México, donde se establece que Neurona Consulting fue creada en enero de 2017, con un capital inicial de poco más de 5.000 dólares, con distintos ítems y para objetivos sociales muy diversos, como reclutamiento de personal; compra, venta y transporte de máquinas, muebles e instrumentos para el hogar y la oficina; arrendamiento, compra y venta de inmuebles; asesorías de carácter administrativo, comerciales y de comunicaciones; elaboración de catálogos y hasta participación en ferias.




Pese a su escasa experiencia, el 2 de marzo de 2018 la empresa se adjudicó un importante servicio de consultoría, bajo la modalidad de contratación directa, para elaborar la estrategia comunicacional “Mar para Bolivia” y, posteriormente, un contrato administrativo para la producción de material audiovisual y artes gráficas bajo la modalidad de “contratación directa de servicios especializados en el extranjero” para la misma campaña, indicó el senador Ortiz.

Por este motivo, presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) ante el Ministerio de Comunicación para que explique porqué la sociedad mexicana fue contratada directamente como si fuera una empresa especializada en servicios que no se brindan en el país.

Asimismo se reveló que en la gestión de Gisela López se realizaron millonarios contratos. Por ejemplo, una de las adjudicaciones asciende a 8,8 millones de bolivianos a favor de Neurona Consulting. Cisneros Interactive Bolivia ganó dos licitaciones por un monto total de cinco millones de bolivianos.

Ayer Canelas indicó que fueron ocho contratos de servicios con un monto total de más de 12 millones de bolivianos y que para tener una información transparente del hecho, se instruyó a la Contraloría un proceso de auditoría, sin embargo, no se refirió a la situación de la exministra de Comunicación ; Gisela López, quien, como responsable de dicha cartera, autorizó esas contrataciones directas.

La oposición reveló que la empresa creada en enero de 2017 con un capital semilla de $us 5.000 estuvo bajo la dirección del mexicano César Hernández Paredes, un activista de izquierda que trabajó en la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2014.

Canelas confirmó que Hernández participó como “voluntario activista” en la campaña de 2014, pero afirmó que no es una irregularidad que una empresa que formalmente aparece constituida con un capital pequeño se adjudique contratos grandes.




Para el senador Ortiz, “una contratación directa a una empresa extranjera sólo se puede justificar si esta tuviera tal grado de especialización que no hubiera quien ofreciese ese servicio en Bolivia y, al mismo tiempo, que ofreciera algún servicio que tampoco esté disponible en el país”.
Fuente: El Diario

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