En Inquisivi 24 narcos presos trabajaban para el alcaide
Régimen Penitenciario anunció que se investigará por qué los jueces enviaron a reos de Cochabamba y Oruro a este recinto, donde no había guardia policial.
Los cinco reclusos que viajaban a Oruro con el permiso del alcaide de la carceleta de Inquisivi. Foto: APG.
Régimen Penitenciario informó que de los 27 reclusos de la carceleta de Inquisivi, 24 tenían sentencia, la mayoría por narcotráfico, y que el alcaide Emiliano Amato Guarachi, que ocupaba el cargo a pedido de la comunidad, fue denunciado por explotar laboralmente a los reos al sacarlos a trabajar para sus propiedades.
El pasado viernes, en un operativo realizado en la tranca de Vila Vila, se identificó a cinco reclusos de la carceleta de Inquisivi, quienes en un vehículo viajaban a Oruro y declararon que habían dejado el recinto carcelario con permiso del alcaide Amato.
De los cinco reos, uno de nacionalidad peruana, tres cumplían detención preventiva por narcotráfico, uno con sentencia por el mismo delito y el quinto es un sentenciado por asesinato en el grado de tentativa y violación.
“El reporte es que en la carceleta de Inquisivi había 27 internos (cuatro mujeres), 24 con sentencia y tres detenidos preventivos, la mayoría relacionadas a delitos de narcotráfico. (...) Las mujeres ya fueron enviadas al penal de (mujeres) Obrajes y de los cinco que fueron detenidos en Vila Vila, cuatro fueron enviados a Chonchocoro y uno a San Pedro. Estamos en un trabajo de verificación de datos para el traslado de los otros”, informó el director nacional de Régimen Penitenciario, Saúl Villegas.
Señaló que en varias de las comunidades donde se construyeron carceletas (19), las autoridades regionales se opusieron a la presencia de personal policial y designaron a un representante para que se haga cargo de la administración del recinto, con el fin de mejorar el trato a los internos, como el caso de Amato.
Dijo que el “acuerdo” fue distorsionado en Inquisivi, y según la declaración de los reclusos sorprendidos en Vila Vila el alcaide sacaba a los reos a trabajar en sus propiedades.
“En algunas comunidades donde se construyeron estas carceletas, algunos dirigentes del lugar se han opuesto a que Régimen Penitenciario envíe personal y lograron que se nombre a un comunario como funcionario (de la institución) y él realice esta labor. Pero en el caso de este alcaide de Inquisivi la información es que sacaba a los internos a trabajar en sus propiedades”, detalló el director de Régimen Penitenciario.
Villegas puso en duda la legalidad y la coincidencia de las órdenes judiciales por las que varios condenados por narcotráfico fueron traslados a Inquisivi, donde no conocían que no había reguardo policial, además que hay sentenciados por casos juzgados en Cochabamba y Oruro.
“La investigación abarcará el ámbito judicial, para saber cuál era la razón por la que enviaron a personas con condena a Inquisivi, todo era con orden judicial, por eso se va investigar de forma integral”, señaló Villegas.
El alcaide Amato fue capturado el domingo e imputado por incumplimiento de deberes y favorecimiento a la evasión de la justicia por haber dado “permiso de salida” a los cinco reclusos detenidos en Vila Vila.
La audiencia cautelar del alcaide está programada para hoy y el Ministerio Público anunció que pedirá la detención preventiva en el penal de San Pedro.
El Ministerio de Gobierno inició ayer una revisión de los datos de los detenidos en las 19 carceletas que se tienen en provincias a nivel nacional, para definir a qué recinto carcelario deben ser derivados. El titular de esa cartera, Carlos Romero, emitió una resolución para retomar el control de las carceletas.
Medidas asumidas
- Resolución.- Por las irregularidades detectadas en Inquisivi, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el sábado que se asumirán cuatro medidas. La primera es que el control en las 19 carceletas provinciales que hay en el país será retomado por policías.
- Mujeres.- La segunda es no permitir la presencia de mujeres en las carceletas para evitar casos como los de Rurrenabaque, donde una interna denunció haber sido víctima de violación por parte de los policías.
- Operativos.- La tercera medida es realizar operativos de control con los comandos departamentales y, por último, los delegados de internos no podrán ser delincuentes detenidos por delitos graves.
