La nacionalización no llegó a 21 estatales para eludir fiscalización
El gobierno del MAS compró la mayoría de sus acciones, pero dejó unas cuantas en manos privadas, para que así se rijan por el Código de Comercio.
Entel supuestamente estaba nacionalizada, pero recientemente se confirmó que es una empresa privada.
La nacionalización de todas las empresas estratégicas del Estado, que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró haber concretado “en favor de los bolivianos”, no llegó a 21 compañías, cuyas acciones aún permanecen en manos privadas.
El Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), el Banco Unión, las nueve subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y una cantidad similar de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) tienen una mayoría accionaria en poder del Estado, pero una mínima participación de acciones de propiedad de personas naturales que impiden que sean fiscalizadas como cualquier institución pública.
“Más allá de la parafernalia que produjo el hecho de la llamada ‘nacionalización’, el paso del tiempo y las evidencias mostraron que sólo fue una compra de activos y, en otros casos, una mayor participación accionaria del Estado”, manifestó el analista económico Jimmy Osorio.
En 2006, el gobierno de Evo Morales aseguró haber nacionalizado YPFB, luego Entel, más tarde ENDE y varias otras firmas de menor envergadura, sin embargo, no todos los activos, así como las participaciones accionarias, pasaron a nombre del Estado, sino que, en muchos casos, se conformaron sociedades anónimas de administración mixta.
En la actualidad, 28 empresas operan bajo la tutela estatal; de éstas, en 21 el Estado tiene mayor participación accionaria, pero no puede llamarse 100% propietaria de dichas compañías.
“El caso más relevante fue el de YPFB, pues se hizo creer a la población que los ingresos extraordinarios que recibía el Estado eran fruto de la nacionalización. Sin embargo, se debieron a que se modificó la Ley de Hidrocarburos y se obligó a las empresas del rubro a pagar 50% de impuestos: 32% directos y 18% en regalías; a esto se sumó el alza de precios en los mercados internacionales.
La "nacionalización" de YPFB, aparte de haberle costado muchísimo dinero al Estado en arbitrajes, no llegó a concretarse, pues la mayoría de sus subsidiarias hasta ahora tienen participación accionaria de capitales privados, razón por la cual están regidas bajo el Código de Comercio y sus acciones no llegan a formar parte de la planificación estatal”, detalló Osorio.
En los casos del Banco Unión y Entel, tampoco fueron nacionalizadas en su totalidad, pues parte de su composición accionaria le pertenece a privados y, en algunos casos, a empleados de las mismas empresas, como los sindicatos de trabajadores.
Sobre el Banco Unión, el 97,42% de sus acciones le pertenecen al Estado y el saldo de participación está en manos de personas naturales que lo mantienen como sociedad anónima.
En lo que respecta a la telefónica estatal, es otra sociedad anónima que se rige por el Código de Comercio. El 97,63% de sus acciones es de propiedad del Estado y el saldo de participación le pertenece a personas naturales.
“Entel es una sociedad anónima que se rige por el Código de Comercio. Tiene accionistas, pero el accionista mayoritario es el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, que controla esta empresa. En este caso puntual, Entel compite contra operadores privados, por lo que debe tener ese juego de cintura para actuar en función a cómo se está manejando el mercado”, indicó a Página Siete el gerente general de la telefónica, Elio Montes.
Por la condición de S.A. que tiene Entel, las anteriores administraciones eludieron la fiscalización del Estado, al extremo de causarle un daño de 1.700 millones de bolivianos, ya que la compañía era usada como la “caja chica del MAS”, según denunciaron el Ministro de Obras Públicas y el mismo Montes.
Las autoridades apuntaron al exministro y exgerente de Entel Óscar Coca, a quien acusaron del millonario daño económico causado en contra del Estado.
Sin embargo, su abogada, Claudia Ascarrunz, respondió que Coca no puede ser procesado por los cuatro delitos que se le atribuyen, ya que la empresa de telecomunicaciones no es pública, sino una sociedad anónima.
“Los delitos no corresponden porque Entel es una sociedad anónima. El licenciado Coca, como exgerente general, no es un exfuncionario público, es un exempleado regulado por la Ley General del Trabajo”, sostuvo.
En lo que respecta a Sabsa, por las auditorías que Obras Públicas mandó a hacer se evidencia que hubo intencionalidad de las autoridades del anterior gobierno para no tener nacionalizado el servicio de aeropuertos.
En 2017, el gobierno de Morales desembolsó 38,2 millones de dólares para adquirir de manos privadas 66.374 acciones de Sabsa, pero en la operación se “olvidó” comprar tres acciones, cada una valuada en 100 bolivianos, que quedaron en poder de particulares e impidieron que la empresa aeroportuaria sea 100% propiedad del Estado.
Punto de vista
Ronald Nostas, extitular de la CEPB
“Hubo debilidad institucional”
La Ley 466 de Empresas Públicas regula a las empresas públicas del nivel central del Estado, que comprende a las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales.
Un ejemplo es el caso de Entel, en el que hay una propiedad del 97% del Estado, al igual que el Banco Unión, en cuyo caso entrarían en la categoría de Empresa Estatal Mixta reguladas por ésta y otras normas.
Esto significaría que ninguna de las empresas señaladas o similares deberían actuar fuera de esta ley y las excepciones, sólo se puede atribuir a decisiones políticas que produjeron un escaso control que se aplicó en su administración y que, en muchos casos, permitió que se tomaran decisiones arbitrarias que afectaron en la eficiencia y la transparencia.
Ninguna empresa estatal debería ser jamás una caja chica de ningún partido ni autoridad. Las empresas públicas, tanto las estratégicas como las creadas a partir del modelo económico del gobierno anterior, deben tener mecanismos eficientes que garanticen que su gestión sea transparente y eficiente, con una fuerte orientación social y de servicios.
Lamentablemente, la debilidad institucional del país hizo que estas entidades, que son propiedad de los bolivianos, se convirtieran en unos espacios de cuoteo, prebenda, corrupción e ineficiencia.
Las 21 observadas.
- Empresas. Entel, Sabsa y el Banco Unión son las tres empresas públicas con mayoría accionaria del Estado, pero que en su constitución tienen unas cuantas acciones que quedaron en manos de privados.
- YPFB. Las filiales Aviación, Transierra, Gas TransBoliviano, Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo, Logística, Refinación, Transporte, Andina y Chaco son sociedad anónima.
- ENDE. Servicios y Construcciones, Tecnologías, Delapaz, Deoruro, Elfec, Transmisión, Guaracachi, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso y Corani operan como S.A.
