Bartolinas ingresaron con la Policía a una comunidad chiquitana de Pailón

Durante dos noches 21 familias chiquitanas se escondieron en el bosque para evitar la intervención policial. El INRA busca una solución de consenso tras conversar con ambas partes.

Los conflictos de tierras enfrenta a chiquitanos y miembros violentos de las bartolinas. Fotos: Internet, captura de video RRSS.

Pailón vive un nuevo capítulo de la disputa por la tierra. La comunidad indígena chiquitana de Pailoncito  pugna con una agrupación de las Bartolinas Sisa una dotación de terreno desde hace tres años. Desde el pasado domingo, la tensión recrudeció y este lunes aún más por la denuncia de que una pareja de chiquitanos (que incluye a una mujer embarazada), fue retenida por la Policía tras la denuncia de las Bartolinas, que dicen ser víctimas de avasallamiento.

Desde hace dos noches, un grupo de indígenas se ha escondido en el monte para evitar los operativos policiales. Pura Suárez, presidenta de la Central Indígena Chiquitana de Pailón, habla de amedrentamiento por la presencia del grupo Delta que ronda en la zona.


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La acción policial se produjo después de que la comunidad, compuesta por 22 familias haya expulsado a las Bartolinas de la zona.

"Se han llevado a una familia y todavía no sabemos a dónde ni con qué cargos", denunció Suárez a tiempo de explicar que entre los retenidos hay una mujer embarazada.

En paralelo, la madrugada de este miércoles retornaban del monte el resto de las 21 familias que permanecían escondidas a pesar del frío. Todavía con el miedo recorriendo el cuerpo, revisaban su campamento donde la policía había rebatido todo. "Se han llevado nuestros documentos", denunció una mujer, mientras otra reclamaba que el operativo policial ocurre "por decir la verdad, por defender nuestro derecho".

Una voz más crítica denunciaba que las autoridades "siempre les dan preferencia a ellas", en referencia a las Bartolinas. Y es ahí donde reflotan los tres años de disputa por la tierra que enfrenta a los dos grupos.

El director departamental del INRA en Santa Cruz, Adalberto Rojas, desvincula a su institución de la intervención policial. "No hay orden de desalojo", asegura en defensa de la conciliación. Dice que el operativo responde a la denuncia asentada en la Fisscalía por las Bartolinas en las que aluden retención y privación de libertad.

Chiquitanos iniciaron trámites en 2016.

En 2016, la comunidad Pailoncito solicitó la dotación de tierras al INRA. Suárez asegura contar con la documentación y la hoja de ruta que respaldan la petición. Dos años más tarde, el INRA autorizó la dotación en favor de las integrantes de la agrupación Bartolina Sisa. "Llegaron junto con el INRA para asentarse con resolución aprobada", denuncia Suárez.

"En un principio se trataba de 38 familias con permiso para asentarse por parte de las Bartolinas. Ahora son menos", agrega Rojas. La confrontación por la propiedad abarca un 20% de las 240 hectáreas asignadas a las Bartolinas. Eso sí, el responsable del INRA en Santa Cruz confirma que "es permanente el enfrentamiento, no es un problema reciente".

Después de conocer el último incidente, el director departamental del INRA se ha reunido con ambas partes para alentar una solución consensuada. "Estamos llegando a un acuerdo", dice en un contacto con EL DEBER. Parte de la solución pasa porque se retiren las denuncias asentadas ante el Ministerio Público y evitar nuevas acciones policiales en la zona.

Rojas también espera que la comunidad chiquitana presente la documentación de solicitud o la hoja de ruta que permita acreditar los antecedentes.

La representante de la comunidad indígena espera que se respete la ley y sean los chiquitanos los que accedan a la tierra. Por el momento, las tierras en disputa y las otorgadas al grupo de las Bartolinas permanecen desmontadas, pero sin ningún cultivo. "Ninguna de las comunidades tiene avance en la parte productiva por el conflicto", corrobora Rojas.

Fuente: El Deber

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