Corrupción en el MAS: sin sentencias, con plazos vencidos y recursos perdidos
Varios de los implicados analizan pedir la prescripción, amnistía e incluso la extinción de sus casos, debido a que han pasado varios años que ya superaron incluso los años de condena que podrían recibir.
Nemesia Achacollo, Guillermo Achá, Juan Pari, Gabriela Zapata, Héctor Arce entre los implicados en millonarios desfalcos y daño económico al Estado Boliviano.
Los principales procesos judiciales por corrupción, registrados durante el gobierno de Evo Morales, están estancados en tribunales de justicia, con plazos procesales vencidos y sin informes sobre la recuperación de recursos millonarios para las arcas del Estado. Muchos de los casos se han prolongado más de ocho años, superando incluso la condena que podrían recibir los sindicados.
anunciossss
Entre algunos de estos casos se encuentran el de las Barcazas chinas (2009), Papelbol (2010), Fondo Indígena (2014), Taladros de YPFB (2017), Banco Unión (2017) y Neurona (2019).
1. Barcazas Chinas.
En 2009, la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), dependiente del Ministerio de Defensa, suscribió un acuerdo con empresas coreano-chinas subcontratadas por la compañía General Marine Business (GMB) para la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores. Se hizo el pago de un anticipo de 28,9 millones de dólares.
La flota naviera debía implementarse para el transporte de hierro del Mutún a través de la hidrovía con el fin de sacar el mineral por puertos del Atlántico y también transportar vituallas y otros a la Amazonia boliviana. El proyecto fue aprobado por el gobierno de Morales y debía arrancar en 2010, año en que debían llegar las barcazas, pero nunca llegaron a territorio boliviano.
Las irregularidades se conocieron en 2012 y la investigación se extendió por varios años. En 2017, la Fiscalía presentó la acusación contra 10 militares y cuatro civiles por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y otros; también fueron acusados otras ocho personas, una boliviana y siete extranjeros, quienes fueron declarados en rebeldía. El juicio se inició recién en 2019.
El proceso está paralizado en el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz, pendiente por resolver una petición de la defensa de ciudadanos que fueron declarados rebeldes, quienes pidieron ser apartados del caso amparándose en una “polémica” sentencia constitucional 0012/2021. Abogados de algunos implicados indicaron que un proceso no debe exceder los tres años para dictar una sentencia, pero en el caso presente pasaron más de 10 años; por ello analizan pedir la amnistía o la prescripción para aquellos casos que correspondan.
“Entre las personas procesadas existe un buen número que superan los 60 años de edad, y el proceso se encuentra en curso más de 10 años, vale decir que existen condiciones para que los procesados que así lo deseen hayan solicitado la amnistía como corresponde en derecho”, informó a Página Siete Ramiro Cabrera, abogado de dos implicados.
anunciossss
El delito más gravoso de este caso tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión, según el Código Penal. En consecuencia, algunos supuestamente ya cumplieron con la mayoría de la pena, en caso de que sean sentenciados con la máxima condena.
Además, el Gobierno ganó en un litigio internacional la titularidad de las barcazas y recuperarlas está en sus manos, claro que eso implica otros gastos, como pago por el traslado, el tiempo que estuvo en almacenaje e incluso la defensa internacional tuvo su costo, dijo el jurista.
“Si el Gobierno no quiere recuperar esas barcazas, que han sido declaradas de propiedad del Estado y que se encuentran en China, vale decir está forzando una situación de pérdida al Estado, y esta pérdida y daño económico va a recaer en los que están siendo procesados ahora”, aseveró.
2. Papelbol.
En el gobierno de Morales se pagaron 13.430.656 dólares para la compra de una fábrica de papel a la empresa brasileña D’Andrea Agrimport. Es así como fue creada la empresa pública Papeles de Bolivia (Papelbol) en la gestión de Eduardo Peinado Rivero, entonces viceministro de la Mediana, Gran Empresa e Industria, mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, Cochabamba.
Hasta 2010, el proyecto gubernamental no tuvo resultados, además se denunció un sobreprecio en la construcción de esa empresa. Fue así que el entonces Ministerio de Transparencia denunció a Peinado por ilícitos detectados en la suscripción del contrato para el montaje de la planta Papelbol. Según una evaluación técnica, el precio real de la fábrica, en las condiciones en que se encontraba, era de 6.118.000 dólares, lo que devela un sobreprecio de 7.453.010 dólares.
Peinado fue procesado, estuvo recluido preventivamente y luego se benefició con el arresto domiciliario, medida que incumplió este mes, tras ser rescatado junto a una mujer y su mascota, deshidratado y al borde de la hipotermia, cuando trataban de ingresar a Chile por la zona del volcán Licancabur, en Atacama, región de Antofagasta. Ya en el vecino país, el exviceministro solicitó el asilo político.
La fiscal Martha López informó que la exautoridad fue investigada por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, debido a que habría influenciado en contrataciones irregulares. Anunció que se solicitará la revocatoria de las medidas sustitutivas, la declaratoria de rebeldía y la emisión de una orden de aprehensión contra Peinado.
Agregó que hay otras cinco personas procesadas y que ya tienen una acusación formal emitida desde 2016; pero, a la fecha la instancia judicial no convocó al inicio de juicio oral.
“(Los implicados) tenían a su cargo la compra de la maquinaria para el desarrollo de esta empresa Palpebol y Cartonbol”, detalló la fiscal. Dijo que en este caso hay un daño económico aproximado de 14 millones de dólares.
De demostrarse su culpabilidad, el exviceministro podría ser sentenciado a entre cinco y 10 años de prisión, pero como en el anterior caso, han pasado más de 10 años y no se inició siquiera el juicio.
3. Fondo Indígena.
El 12 de febrero de 2015, el entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas, confirmó un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos y fantasmas. Luego el 25 de agosto de ese año, Lariza Fuentes, interventora del Fondo Indígena, informó de un daño de 102,2 millones de bolivianos por 30 proyectos “fantasma” y 713 inconclusos que recibieron al menos un desembolso en cuentas particulares. En febrero de 2016, Fuentes señaló que se recuperaron al menos 20 millones de bolivianos.
Por este caso, la Fiscalía activó múltiples procesos en distintos departamentos en contra de exdirectores, técnicos y dirigentes campesinos a partir de 2015, cuando se conoció este escándalo de corrupción.
En agosto de 2016, Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, fue imputada por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por un solo caso que radica en La Paz, a diferencia de otras exautoridades subalternas. Achacollo estuvo detenida preventivamente por un tiempo, luego le dieron arresto domiciliario, que fue levantado en noviembre de 2020, y en la actualidad cumple medidas sustitutivas.
Han pasado más de cinco años y ese caso sigue en investigación, la exministra podría enfrentar una condena máxima de ocho años de cárcel, si se demuestra su culpabilidad. Respecto a la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, también es investigada en este caso y en otros procesos que radican en otras regiones; sin embargo, aún no fue a juicio oral. Respecto a Daniel Zapata, otro de los exdirectores, a la fecha no lograron dar con su paradero.
Una situación distinta es la que enfrenta Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien asumió el cargo por un breve período, en el que denunció las irregularidades cometidas en gestiones pasadas. Sin embargo, sobre Aramayo recayó todo el peso de la ley; la Fiscalía le abrió múltiples procesos en distintos departamentos del país; enfrenta varios juicios, al extremo que ya cumplió con al menos tres sentencias condenatorias. Según información a la que tuvo acceso Página Siete, el exdirector continúa peregrinando esposado de cárcel en cárcel, de juzgado en juzgado de cada región del país, asumiendo su defensa y reiterando que fue él quien denunció las irregularidades en el Fondo Indígena.
4. Desfalco al Banco Unión.
Juan Franz Pari, exjefe de operaciones de la agencia financiera del Banco Unión, en el municipio de Batallas, fue denunciado en septiembre de 2017, por el desfalco millonario a la entidad bancaria. Pari, sus familiares, su novia Luciana Cagnola, amigos de colegio, socios, funcionarios del Banco Unión y otros fueron procesados por este hecho.
Han transcurrido cuatro años, el caso sigue en fase de investigación y no se conoce de manera oficial a cuánto asciende el dinero sustraído entre 2016 y 2017. Sólo se cuenta con el cálculo inicial de 37,6 millones de bolivianos. Tampoco cursa el detalle del total de bienes secuestrados por la Fiscalía, su cuantificación, ni siquiera fueron incautados por la vía judicial, información proporcionada a Página Siete por abogados que siguen este caso.
Este año, la esposa de Pari (Carolina Jerez), su socio (Alexis Calderón) y su chofer (Pablo Vásquez) admitieron su culpa y se sometieron a juicio abreviado recibiendo una sentencia de entre cinco y seis años de prisión, y al haber cumplido la mayoría de la condena podrían solicitar el perdón judicial para salir en libertad.
El fiscal Omar Mejillones informó que respecto a las personas que permanecen con detención preventiva, entre ellos Pari y Cagnola, por orden de un juez, se les amplió por 40 días más la reclusión, mientras concluyen las tareas investigativas.
El abogado de Cagnola, Ernesto Jáuregui, cuestionó la prolongación de la etapa preparatoria contra al menos 30 personas involucradas en este caso. Dijo que la investigación no puede exceder los seis meses, como manda la ley, y en casos complejos podría durar 18 meses, cuando se trate de una organización criminal.
“Cinco personas siguen privadas de libertad, mi defendida está privada de libertad desde 2017. Eso ya no es proporcional ni justo, por muy reprochable que sea su conducta, cuatro años de etapa preparatoria, sin juicio, sin saber en qué circunstancias nos encontramos continúan privándola de su libertad”, manifestó el jurista a Página Siete.
Explicó que las normas establecen que nadie debe estar detenido preventivamente por un tiempo prolongado y la Fiscalía ya hizo ampliar en tres ocasiones la reclusión. “Definitivamente hay una afectación flagrante al derecho de toda persona de ser procesada dentro de márgenes de tiempo establecidos en la ley”, remarcó.
Dijo que Cagnola cumple en septiembre cuatro años de privación de libertad por legitimación de ganancias y enriquecimiento ilícito en grado de complicidad y también asociación delictuosa, y ya estaría cumpliendo por anticipado su sentencia, sin que se haya demostrado su culpa.
5. Taladros de YPFB.
En abril de 2017, se conoció que la empresa italiana Drillmec se adjudicó el contrato para la venta de tres taladros por 148 millones de dólares con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a pesar de varios vicios de nulidad en el proceso de contratación. La Contraloría General del Estado detectó 13 irregularidades en este tema.
La Fiscalía de La Paz inició la investigación en 2017 y acusó formalmente a Guillermo Achá, expresidente de YPFB, y a otros 20 exfuncionarios, en mayo de 2019; un mes después, se conoció que Achá fue liberado de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento y sólo era investigado por incumpliendo de deberes.
Han pasado más de dos años de la acusación presentada y las autoridades judiciales no han convocado al inicio del juicio. “Está con una acusación y no avanza nada; para peor de males el presidente de ese tribunal ha fallecido con Covid-19, entonces va a ser muy complicado que pidamos que avance ahora. Se tendrá que designar un nuevo juez para completar el tribunal. Concretamente ese proceso está paralizado”, informó el abogado Roger Valverde a Página Siete.
Explicó que en este caso se estableció que no hay daño económico al Estado; por tanto existe la posibilidad de plantear la prescripción.
6. Neurona.
En 2019, la firma mexicana Neurona Consulting, sin experiencia y sin rubro específico, se adjudicó ocho contratos directos del Ministerio de Comunicación, en la gestión de la entonces ministra Gisela López, por 12,4 millones de bolivianos, según una investigación de Página Siete en aquella gestión. El hecho se conoció en el gobierno de Morales, pero la denuncia se hizo en la gestión de Jeanine Añez, contra 23 personas, entre ellas López.
Este año, la fiscal Rocío Feraudi presentó la resolución de sobreseimiento a favor los involucrados en el caso de daño económico al Estado con el argumento de que “los elementos de pruebas son insuficientes para fundar la acusación”.
Otras irregularidades en la gestión del MAS.
YPFB.- Tras su nacionalización, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se registraron varias denuncias por corrupción, desde el gobierno de Evo Morales hasta la gestión de Jeanine Añez. Muchos casos aún no fueron esclarecidos.
CAMC.- Gabriela Zapata, exnovia del expresidente Evo Morales, cumple una sentencia de 10 años de prisión en el penal de Miraflores de La Paz por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos, debido a que fue vinculada en tráfico de influencias en la adjudicación de millonarios contratos del Gobierno a la empresa china CAMC, de la cual fue su gerente comercial.
Quiborax.- El Estado boliviano tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, en un juicio internacional que duró más de una década, pudiendo haber erogado tres millones en una negociación previa, en 2008, que hubiera terminado el proceso. La mayor parte del caso estuvo en manos de la administración del presidente Evo Morales, es decir la defensa de los intereses del Estado. El caso quedó en la impunidad.
BOA.- En 2014, se denunció el supuesto uso indebido de influencias en el contrato de la estatal Boliviana de Aviación (BOA) con la empresa de la cuñada del entonces vicepresidente Álvaro García Linera. La empresa era Air Catering que se había adjudicado un contrato por 26,8 millones de bolivianos anuales. El caso no prosperó y se diluyó en el Ministerio Público.
Fuente: Página Siete
