Gobierno desahucia reforma judicial y sale en defensa de los operadores de justicia
El ministro de Justicia, Iván Lima, cerró toda posibilidad para que se realice una reforma judicial en Bolivia antes del inicio de juicios por las graves violaciones a los derechos humanos y masacres en 2019.
Los procesos contra Evo Morales se estancan o desahucian por los actuales operadores de la justicia boliviana. Fotos: Internet.
Además salió en defensa de los operadores de justicia cuestionados por su falta de independencia y dejó de lado las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la necesidad de realizar reformas profundas en la administración judicial.
Lima en entrevistas realizadas anoche consideró que es inviable una reforma judicial profunda en plazos cortos como planteó Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa.
"Lo que quiere decir el señor Mesa (con su propuesta) pareciera que está invitando a renunciar al Fiscal General y a las altas autoridades de Sucre" afirmó en una entrevista con red Uno y dijo que "obligar a renunciar" a las autoridades no es democrático.
En Bolivia TV, Lima acusó a Carlos Mesa de proponer un "segundo golpe de Estado". "En el fondo, al pedir la renuncia forzada de autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público, Carlos Mesa propone un segundo golpe de Estado. No lo vamos a permitir, no vamos a hacer un pacto de silencio. Tenemos la fuerza de la verdad" dijo.
Para CC, la devolución de la institucionalidad y la independencia a la justicia es garantía para la reparación de las 38 víctimas de la crisis política de 2019 y para que se den con los autores de quienes vulneraron los derechos humanos.
"El GIEI no ha recomendado que procesemos al Fiscal General o le obliguemos a renunciar y tampoco que aceleremos el mandato de los magistrados porque los magistrados no fueron parte de su evaluación" afirmó.
La senadora de CC, Cecilia Requena, lamentó la posición del Gobierno porque ratifica que los operadores de justicia cuestionados por su falta de independencia política serán los que apliquen justicia en hechos que deberían ser abordados por un sistema judicial idóneo.
El GIEI dedicó un capítulo a la justicia y estableció que existe un "problema estructural" que debe ser encarado por el Estado, advirtió la falta de independencia, la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, entre otras observaciones.
Fuente: Brújula Digital
