Caso Fondo Indígena: Un daño económico de más de $us 182,7 millones y solo se recuperó $us 1,4 millones


Luego de más de siete años de destaparse el escándalo de corrupción, aún no se identificó a los dirigentes y autoridades que incumplieron sus funciones en el manejo de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

La acusada por el millonario desfalco al Fondo Indígena, Nemesia Achacollo fue beneficiada por la "justicia". Fotos: Internet.

La apropiación de recursos del Estado en el Fondo Indígena fue uno de los casos de corrupción más grandes durante el Gobierno de Evo Morales. El “despilfarro y desfalco” en esa entidad, alimentada por recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), alcanzó los $us 182,7 millones en 1.032 proyectos, según investigaciones del ex director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe y de la Fundación Pazos Kanki.



Con ese dinero se pueden construir “10 hospitales de tercer nivel completamente equipados”, indica el estudio de la fundación privada, difundido a principios de 2016 y auspiciado por la opositora Unidad Nacional (UN), el cual concluye además que en el 67,5% de los proyectos aprobados por el directorio del Fondo se encontraron irregularidades.

Del monto desfalcado solo se pudo recuperar $us 1,4 millones, según Braulio Yujra, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), que también fue acusado de corrupción.

“El tema es que la Contraloría nunca hizo una auditoría que hubiera permitido conocer información oficial sobre la magnitud del daño (económico) y las responsabilidades” del directorio, “como tampoco se hicieron públicos los informes de las devoluciones”, afirmó el ex senador Óscar Ortiz. Esta falta de información busca “impunidad, sobre todo porque está claro que esta persona que ha perdido la vida (Marco Aramayo, ex director del Fondo) fue un chivo expiatorio (...) de las decisiones políticas que se tomaron para realizar transferencias a grupos, a dirigentes afines al MAS, sostuvo.

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas fue creado vía decreto el 22 de diciembre de 2005 durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez. Su objetivo era administrar y ejecutar, “bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación”, el 5% del total de las recaudaciones del IDH) y las donaciones para el desarrollo productivo de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas.

El directorio del Fondo estaba presidido por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, de ese entonces, Nemesia Achacollo, e integrado por los ministros de Economía (Luis Arce), Presidencia (Juan Ramón Quintana), Planificación del Desarrollo (René Orellana) y Desarrollo Productivo (Verónica Ramos).

También figuran representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (hoy interculturales), de la Asamblea del Pueblo Guaraní, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni.

El directorio era el encargado de aprobar o rechazar el crédito mediante resoluciones que debían ser aprobadas indefectiblemente por consenso y registradas en actas.

Falta de transparencia.



La entrega de recursos del Fondo a dirigentes del MAS se efectuó sin una evaluación preliminar, a cuentas personales, recalcó Ortiz, quien durante su gestión realizó un informe de fiscalización que identificó un daño económico de $us 78,3 millones en proyectos aprobados entre abril de 2009 y septiembre de 2016.

“Se trató de depositar toda la culpa en este señor (Aramayo), que ni era la autoridad máxima —porque había un directorio con varios ministros— ni era el que recibió los recursos, sino todos los dirigentes del MAS”, indicó Ortiz.

En tanto que el empresario Samuel Doria Medina dijo: “Marco Antonio Aramayo vivió un calvario antes de morir en prisión. No es el primero y seguro no será el último, si no nos rebelamos contra la degeneración de la Justicia”.

Para el economista Roberto Laserna, Aramayo creía en el proceso de cambio y tenía fe en la intenciones de Evo Morales, pero los hechos y las actitudes en el Fondioc lo decepcionaron y cuando hizo lo correcto, fue perseguido, encarcelado y finalmente asesinado.

Desde que el desfalco se dio a conocer, la administración del MAS ha tratado de minimizar el caso, llegando el entonces presidente Morales a decir que la oposición hacía “escándalo por dos millones y medio” de dólares.

Fuente: El Deber

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