La corrupción genera una deuda social además del daño económico
El reciente escándalo de corrupción que involucra al exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz se suma a bullados casos que implican a autoridades nacionales y personal de confianza del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Si bien el daño económico al Estado es millonario, la deuda social es aún mayor, coincidieron analistas.
La corrupción en el gobierno del MAS causo miles de millones en perdidas al estado boliviano. Fotos: Internet.
Algunos de los casos más bullados en los últimos 14 años son el Fondo Indígena, Barcazas chinas, Catler-YPFB, caso Charagua, multa Quiborax y caso coimas, entre muchos otros.
Santos Cruz es acusado del cobro de coimas millonarias a empresas que se adjudicaban obras en el Ministerio de Medio Ambiente. La exautoridad habría recibido cerca de 2,7 millones de dólares por siete adjudicaciones.
Según las denuncias, gracias a las coimas, el exministro compró un frigorífico en la ciudad de Cobija, dos haciendas en la comunidad de Bella Flor, una camioneta Hilux, dos vagonetas, un Hummer y un camión.
Santos Cruz fue trasladado al penal de San Pedro, en La Paz, acusado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas.
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Para el activista en derechos humanos Franco Albarracín, se trata de una práctica sistemática de la gente de confianza de los mandatarios. “Además, es un robo a las poblaciones vulnerables que urgen de mejorar su calidad de vida, pero continúan en situaciones precarias porque los recursos son malversados”.
Hace dos años, el exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo fue detenido en un operativo policial, en pleno prado de La Paz, cuando se aprestaba a recibir 20 mil dólares como soborno para la titulación de unos predios en San Ramón, en Santa Cruz.
Los 20 mil dólares eran un adelanto de un pago de 380 mil dólares, de los que 100 mil serían para Characayo, 200 mil para funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y 80 mil dólares para Hiper García Quecaña, director general de Desarrollo Rural.
Characayo fue condenado a ocho años de prisión en el penal de Palmasola por el delito de cohecho pasivo y García Quecaña cumple ocho años de cárcel en el penal de San Pedro de La Paz por el delito de uso indebido de influencias.
Sin duda, el escándalo del Fondo Indígena que salió a la luz en 2015 es uno de los casos más conocidos de corrupción que alcanzó a la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.
La malversación económica en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) significó un daño de cerca de 200 millones de dólares al Estado por más de mil proyectos sin ejecutarse o construidos a medias.
La corrupción llegó incluso al pago de diezmos que los miembros del directorio de esa institución obligaron a pagar a los beneficiarios indígenas para viabilizar sus proyectos.
El Ministerio Público procesó a más de un centenar de dirigentes, incluida Achacollo, quien ese entonces presidía el directorio del extinto Fondioc.
Manuel Morales, autor del libro Fondo Indígena: la gran estafa, señala que los comunarios fueron engañados por sus dirigentes para firmar planillas de avance de obras inexistentes.
“El caso fue tapado con el cambio de razón social de la institución y no se ha logrado el resarcimiento del daño económico ni con los verdaderos responsables del desfalco”, critica Morales.
En 2009 se registró uno de los peores escándalos de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante la gestión de Santos Ramírez, uno de los hombres allegados al expresidente Evo Morales.
La corrupción se destapó por el asesinado del empresario Jorge O’Connor cuando iba a entregar una coima de 450 mil dólares para Ramírez por la adjudicación de la construcción de la planta separadora de líquidos a la empresa Catler Uniservice por 86 millones de dólares.
Esto derivó en que YPFB perdiera 9,3 millones de dólares al no poder cobrar a compañías aseguradoras la garantía depositada por una empresa vinculada a un escándalo de corrupción.
Si bien el caso Catler fue uno de los conocidos, se registraron más denuncias en YPFB y Ramírez terminó acusado de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, cohecho activo, asociación delictuosa y conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) firmó un contrato con empresas coreano-chinas para la compra de las barcazas y remolcadores en 2009. Enabol pagó al contado y por adelantando 28 millones de dólares, de ese monto, 3 millones debían ser destinados al transporte de los bienes que nunca llegaron al país.
El contralmirante Freddy Ballesteros y el abogado Carlos Jang Hur recibieron nueve y 12 años de prisión.
En enero de 2019, se conoció que el Tribunal Marítimo de Quingdao falló a favor de Bolivia y le restituyó el derecho propietario sobre 16 barcazas y dos remolcadores que estaban en litigio. Pese a eso, las barcazas no fueron trasladadas al país.
En 2018, Bolivia terminó pagando 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, pudiendo haber erogado 3 millones en una negociación previa. Por este daño económico no se hizo investigación y quedó en la impunidad.
El expresidente Carlos Mesa responsabilizó a los exprocuradores Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho, al exministro de Minería César Navarro y al entonces ministro de Economía y actual presidente, Luis Arce.
Fuente: Los Tiempos
