MAS plantea ley para saltar cuota femenina e indígena
La Ley 026, modificada por la mayoría del MAS en abril pasado, establece que la Asamblea Legislativa garantizará el 50% de mujeres y al menos un indígena.
El viernes pasado, la convocatoria a las elecciones judiciales cerró con 492 postulantes a altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Al día siguiente, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural iniciaron la apertura de sobres para verificar si los postulantes cumplieron con todos los requisitos.
En esa fase 137 fueron inhabilitados, por lo que no se llegó a cumplir con el cupo de mujeres e indígenas -establecido el reglamento de preselección- en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En Pando, para el TCP, y en La Paz, para el TSJ, sólo quedó habilitada una mujer; el reglamento exige al menos dos y en otros departamentos está al límite. Lo mismo ocurre en el tema de indígenas, en Chuquisaca, Tarija y Pando para el TCP; y en Cochabamba para el TSJ tampoco se alcanzó la cuota mínima.
Es ante esa situación que Montaño anunció que propondrán "a la Asamblea Legislativa que se pueda generar los mecanismos a través de una ley transitoria y de las modificaciones necesarias al reglamento para flexibilizar estos criterios”.
Para alcanzar ese objetivo, la Asamblea Legislativa tiene que modificar la Ley de Régimen Electoral, que en abril pasado fue reformado por la mayoría del MAS, y el Reglamento de preselección de postulantes para altos cargos judiciales.
La ley electoral, en varios de sus artículos establece que se debe garantizar la paridad de género. Es el caso del artículo 11 (equivalencia de condiciones), que señala que "la democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a su cumplimiento”.
Asimismo, en otros artículos de la misma ley indica que para el TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, la Asamblea Legislativa garantizará que el 50% sean mujeres y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista. Similar redacción está en el artículo 25 del Reglamento.
A criterio del senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, el proceso "se debe declarar desierto”, como establece el artículo 22 del Reglamento, que textualmente dice: "La Convocatoria se declarará desierta cuando no se cumpla con lo establecido en el artículo 25 del presente reglamento”.
El jefe de bancada de UD, el diputado, Wilson Santamaría, afirmó que el proceso "nació mal” y que "debió ser anulado” por los diferentes vicios e irregularidades que se registraron, por lo que rechazó la intención del MAS de aprobar una ley transitoria para reencaminar la elección judicial.
"Un rechazo absoluto a esa intención, de pretender torcer las reglas en medio camino de la elección judicial. No se puede seguir poniendo parches a un proceso que nació mal, lo primero es que deben admitir que hubiera existido una lluvia de candidatos si se hubiera hecho bien el proceso”, dijo Santamaría.
Foto: Senado. Los presidentes del Senado y de Diputados en conferencia.
Al no alcanzar la cuota mínima de mujeres e indígenas, los presidentes de Senado, José Alberto Gonzales, y de Diputados, Gabriela Montaño, ambos del MAS, plantearon una ley transitoria para flexibilizar los requisitos y de esa forma eludir la paridad de género y plurinacionalidad en el proceso de la elección judicial. El viernes pasado, la convocatoria a las elecciones judiciales cerró con 492 postulantes a altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Al día siguiente, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural iniciaron la apertura de sobres para verificar si los postulantes cumplieron con todos los requisitos.
En esa fase 137 fueron inhabilitados, por lo que no se llegó a cumplir con el cupo de mujeres e indígenas -establecido el reglamento de preselección- en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En Pando, para el TCP, y en La Paz, para el TSJ, sólo quedó habilitada una mujer; el reglamento exige al menos dos y en otros departamentos está al límite. Lo mismo ocurre en el tema de indígenas, en Chuquisaca, Tarija y Pando para el TCP; y en Cochabamba para el TSJ tampoco se alcanzó la cuota mínima.
Es ante esa situación que Montaño anunció que propondrán "a la Asamblea Legislativa que se pueda generar los mecanismos a través de una ley transitoria y de las modificaciones necesarias al reglamento para flexibilizar estos criterios”.
Para alcanzar ese objetivo, la Asamblea Legislativa tiene que modificar la Ley de Régimen Electoral, que en abril pasado fue reformado por la mayoría del MAS, y el Reglamento de preselección de postulantes para altos cargos judiciales.
La ley electoral, en varios de sus artículos establece que se debe garantizar la paridad de género. Es el caso del artículo 11 (equivalencia de condiciones), que señala que "la democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a su cumplimiento”.
Asimismo, en otros artículos de la misma ley indica que para el TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, la Asamblea Legislativa garantizará que el 50% sean mujeres y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista. Similar redacción está en el artículo 25 del Reglamento.
A criterio del senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, el proceso "se debe declarar desierto”, como establece el artículo 22 del Reglamento, que textualmente dice: "La Convocatoria se declarará desierta cuando no se cumpla con lo establecido en el artículo 25 del presente reglamento”.
El jefe de bancada de UD, el diputado, Wilson Santamaría, afirmó que el proceso "nació mal” y que "debió ser anulado” por los diferentes vicios e irregularidades que se registraron, por lo que rechazó la intención del MAS de aprobar una ley transitoria para reencaminar la elección judicial.
"Un rechazo absoluto a esa intención, de pretender torcer las reglas en medio camino de la elección judicial. No se puede seguir poniendo parches a un proceso que nació mal, lo primero es que deben admitir que hubiera existido una lluvia de candidatos si se hubiera hecho bien el proceso”, dijo Santamaría.
Fuente: Página Siete. Beatriz Layme / La Paz
