Un candidato al TCP está en el proceso por caso misiles

El extribuno del Supremo asegura que esto no afecta a su postulación al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Hurtado renunció la semana pasada a su curul como juez supremo para habilitarse para el TCP

Gonzalo Hurtado, el exjuez del Tribunal Supremo de Justicia que se postuló para el Tribunal Constitucional Plurinacional y fue seleccionado por la Asamblea Legislativa la semana pasada, es uno de los enjuiciados por Carlos D. Mesa y está en la mira para ser procesado por el presidente Morales.

Ayer aún preparaba su informe para traspasar su oficina en el palacio legislativo de Sucre y allí atendió a los medios. Con voz serena, explicó que ya se había dictado sentencia y, como todo ciudadano, Carlos Mesa tiene la facultad de denunciar cualquier anomalía que encuentre en su fallo. Cree que como fue parte del tribunal de juicio, está expuesto a cualquier investigación, siempre y cuando haya elementos de prueba.

No cree que este proceso afecte a su candidatura. Hurtado cree que hizo lo que correspondía de acuerdo a la ley y la Constitución, que dictó una resolución que puede ser objeto de análisis y observaciones, porque así lo garantiza el estado de derecho. Cuando se le consultó si esto demuestra que hay independencia entre el Órgano Judicial y el Ejecutivo, aseguró que desde el inicio del Tribunal Supremo de Justicia nunca hubo injerencia de ningún tipo de otro órgano del Estado y que, al igual que en este caso, todos los fallos emitidos se enmarcan en la Constitución. 

También negó que haya recibido dinero por condenar a solo dos años a los militares acusados por desactivar los misiles chinos y considera que esto no lo afectará en la elección judicial de diciembre. 

Solo sentencias

Un parlamentario oficialista que participó de la comisión que realizó la evaluación de méritos de los postulantes judiciales aseguró que Hurtado no puede ser apartado del proceso de elección por una denuncia, ya que la Constitución solo aparta de este tipo de procesos electivos a las personas que tuvieran una sentencia ejecutoriada que aún no se haya cumplido. Sin embargo, prefirió que sean las cabezas de ambas cámaras las que fijen una posición política al respecto.

Fuente: El Deber