Caso taladros: hallan culpa en Achá y otros funcionarios
La Contraloría halló responsabilidad penal contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá; otros 18 funcionarios públicos y un ejecutivo de la empresa italiana Drillmec, por el caso taladros.
Guillermo Achá Foto: Internet
“La Contraloría presentó una denuncia (...) y se identificó a 20 involucrados. Es lo que se ha informado, 19 de ellos son funcionarios públicos y uno es parte de la empresa, representaba a la empresa Drillmec”, declaró el contralor Henry Ara en la Petición de Informe Oral realizada en la Cámara de Senadores.
Entre los delitos que se identificaron está el uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Agregó que con el informe, la Contraloría cumplió con la labor que le corresponde y que ahora el Ministerio Público deberá actuar.
“Está involucrado (Achá), habría alguna resolución (que lo inculpa). Eso lo tiene que evaluar el fiscal, tiene que ver con algún tema de desconocimiento a la normativa interna propia, pues él habría autorizado un incremento en lo que viene a ser el precio referencial cuando esa competencia era del directorio de YPFB”, aseveró Ara.
Sin embargo, aclaró que no existe un daño económico al Estado, debido a que YPFB no erogó recursos al respecto.
Por su parte, el senador Óscar Ortiz, quien pidió la PIO, declaró que Ara ratificó todas las irregularidades detectadas y las denuncias que se presentaron sobre la supuesta adquisición anómala de tres taladros para YPFB de la italiana Drillmec, por lo que espera una pronta acción por parte del Ministerio Público.
Fuente: Página Siete - María Carballo
Entre los delitos que se identificaron está el uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Agregó que con el informe, la Contraloría cumplió con la labor que le corresponde y que ahora el Ministerio Público deberá actuar.
“Está involucrado (Achá), habría alguna resolución (que lo inculpa). Eso lo tiene que evaluar el fiscal, tiene que ver con algún tema de desconocimiento a la normativa interna propia, pues él habría autorizado un incremento en lo que viene a ser el precio referencial cuando esa competencia era del directorio de YPFB”, aseveró Ara.
Sin embargo, aclaró que no existe un daño económico al Estado, debido a que YPFB no erogó recursos al respecto.
Por su parte, el senador Óscar Ortiz, quien pidió la PIO, declaró que Ara ratificó todas las irregularidades detectadas y las denuncias que se presentaron sobre la supuesta adquisición anómala de tres taladros para YPFB de la italiana Drillmec, por lo que espera una pronta acción por parte del Ministerio Público.
Fuente: Página Siete - María Carballo