Procuraduría pide investigar a Mesa por el caso Quiborax
El expresidente y tres de sus ministros son acusados por resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El procurador Pablo Menacho en conferencia de prensa.
Después de conocerse que Bolivia perdió un arbitraje por el que debe pagar 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía General investigar al expresidente Carlos Mesa y a tres de sus ministros por tres delitos.
“La Procuraduría presentó una solicitud a la Fiscalía General para que realice una investigación (...) por tres delitos: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimientos de deberes y conducta antieconómica (...) contra el expresidente Carlos Mesa y tres (de sus) ministros que en ese momento (2004) estaban ordenados, mediante la ley 2564, a realizar las auditorías específicas”, declaró anoche el procurador General del Estado, Pablo Menacho.
El pedido fue realizado luego de que el viernes 18 de mayo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución ligada al Banco Mundial, desestimara la petición de anular un fallo favorable a Quiborax.
En diciembre pasado, el Estado solicitó la anulación del proceso arbitral por el cual se le ordenaba a pagar ese monto a la empresa chilena. Sin embargo, la decisión final del CIADI determinó: “Desestimar en su totalidad la solicitud de anulación pedida por el Estado boliviano”, en un documento publicado en su web el 18 de mayo.
Proceso
Menacho explicó que el 9 de diciembre de 2003 se emitió la ley 2564 que facultaba al entonces Poder Ejecutivo (de Carlos Mesa) llevar adelante seis auditorías en un plazo de 60 días y que debían entregarse el 9 de febrero del 2004. Éstas debían ser hechas por los ministerios de Minería, de Desarrollo y Trabajo; además de Impuestos Nacionales, la Prefectura de Potosí y la Aduana. “Sin embargo, recién emiten el decreto de reglamentación de las auditorías el 27 de enero de 2004 a 13 días del vencimiento del plazo”, declaró.
El Procurador afirmó que la ley 2564 fue “completamente incumplida” por la exadministración de Mesa al no hacer las auditorías en el plazo previsto. Añadió que “el Art. 3 (de la 2564) mandaba que se declare la nulidad de las concesiones mineras y mediante este D. S. se dispone la revocación de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras de la empresa Non Metallic Mineral”.
La compañía inició un proceso de arbitraje contra el Estado boliviano e hizo notar que el accionista mayoritario y controlador de la empresa es Quiborax, una sociedad constituida en Chile. Por tanto, la medida violaba el tratado de protección de inversiones suscrito con ese país.
“Durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé se abrogó ese decreto ilegal emitido por la administración de Carlos Mesa (...). El D. S. 27589 tiene deficiencias jurídicas insubsanables porque la figura de revocatoria no estaba contemplado en el Código de Minería y no era lo que mandaba la Ley 2564, que establecía que debía declararse la nulidad y no la revocatoria de concesiones mineras”, añadió Menacho.
Asimismo, dijo que entrarán en “conversaciones” con la empresa demandante para “ver la forma de cumplimiento del laudo beneficioso para el país”.
Los otros casos
Laudos A la fecha, el Estado enfrenta cuatro arbitrajes. Uno fue interpuesto por British Petroleum por la nacionalización de Air Bp en mayo de 2009 mediante el Decreto 111. La Procuraduría General del Estado logró suspenderla temporalmente por acuerdo de partes.
Nacionalización La otra es Abertis Infraestructuras de España, que interpuso una demanda arbitral en la que reclama una indemnización de 85,5 millones de dólares.
Reversión South American Silver demandó la reversión de 10 concesiones mineras a Mallku Khota. La compañía exige 385,7 millones de dólares. Y el último con Jindal Steel Bolivia por la ejecución de sus boletas de garantía. La compañía presentó dos arbitrajes.
Fuente: Página Siete
