Exjefe del Unión denuncia otro caso de retardación de justicia
Róger Medina Pérez pide la detención domiciliaria porque sufre de insuficiencia renal y fue desvinculado de la entidad bancaria en noviembre de 2017.
Exjefe del Banco Unión se cubre el rostro con un memorial en tribunales, en octubre de 2017. Archivo / Página Siete.
El exjefe nacional de control de tarjetas del Banco Unión Róger Medina Pérez espera hace ocho meses que se fije fecha para la audiencia de cesación a la detención preventiva que solicitó en febrero de este año.
“El pedido de cesación a la detención preventiva fue presentado el 23 de febrero pero por diferentes razones hasta la fecha se niegan a fijar la fecha para la audiencia”, informó a Página Siete la abogada de Medina, Yenny Prado.
Medina se encuentra recluido en el penal de Palmasola desde el 27 de octubre del 2017 imputado por favorecimiento a delitos financieros dentro del caso de desfalco de 37,6 millones de bolivianos cometido por Franz Pari.
Por esta retardación de justicia Medina presentó una “acción de libertad de pronto despacho” contra la jueza tercero Anticorrupción, Claudia Castro y el secretario suplente, Esteban García, para que estos, luego de nueve meses, fijen la fecha para la audiencia de acción de libertad.
La audiencia debía realizarse ayer domingo a las 16:00 pero ninguno se presentó, esperan que hoy se los vuelva a citar.
“Ni siquiera se instaló la audiencia, la jueza del juzgado séptimo Cautelar (donde debía llevarse la acción de libertad), Jannet Choque, nos dijo que se suspendía porque no habían notificado a la jueza Castro, pero según el registro electrónico la jueza Castro leyó la notificación”, explicó Prado.
El pedido de cesación a la detención preventiva fue presentado por Medina el 23 de febrero en el juzgado titular, primero Anticorrupción, que entonces estaba a cargo de Cinthya Delgadillo.
“Pero en esa fecha esa jueza nos dijo que era el cumpleaños de su secretaria y no podía realizar la audiencia”, relató Prado.
En mayo, la jueza Delgadillo fue enviada a la cárcel implicada en una caso de consorcio ilegal de jueces, abogados y fiscales.
Desde esa fecha, varios jueces se hicieron cargo del juzgado primero anticorrupción bajo la figura de “suplencia legal”, que debería durar tres meses, pero la jueza Castro permanece en esta suplencia casi seis meses.
Prado informó que su cliente fue desvinculado del Banco Unión en noviembre de 2017 y pide la detención domiciliaria porque sufre insuficiencia renal como consecuencia de un cuadro de diabetes.
Acción de libertad
- Valdés.- Otra de las implicadas, Marihela Valdés también presentó otra acción de libertad contra la jueza Castro porque se niega a firmar su orden de salida de la Cárcel.
- Amedrentamiento.- La abogada Prado denunció que hace unas semanas la jueza Castro también llamó a la Policía para hacerla arrestar, como sucedió el viernes con una periodista de televisión.
