Exvocales del TSE dejaron una deuda de Bs 120 millones
Según el Sicoes, los pedidos empezaron en mayo del año pasado. Figuran desde compra de material de escritorio, contratos con medios, hasta pago a notarios del exterior.
Los vocales solicitaron más de 240 millones de boliviano para las elecciones del 20 de Octubre.
Las cuentas por pagar que dejaron los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que hoy están acusados de fraude electoral alcanzan a los Bs 120 millones. Así se puede ver en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y lo confirma el actual presidente del ente, Salvador Romero.
“El TSE va a proceder a cancelar todas estas obligaciones que ha contraído. Se necesita tener los desembolsos, hay que hacer todos los trámites que exige la ley, pero se van a pagar todas estas obligaciones que ha contraído el organismo electoral”, dijo en conferencia de prensa.
El vocal Francisco Vargas afirmó que existen los recursos necesarios para que el Estado cumpla con las obligaciones que contrajeron las ex autoridades electorales y que las mismas se irán subsanando con el paso de los días.
El TSE que estaba a cargo de María Eugenia Choque solicitó más de Bs 240 millones para las elecciones del 20 de octubre y cuando empezó el operativo de las elecciones de mayo, el presidente del ente electoral, Salvador Romero, informó de que ese presupuesto no había sido ejecutado en su totalidad.
Ayer, EL DEBER realizó la revisión del Sicoes para ver los contratos que tenían los exvocales y encontró que muchos de ellos fueron firmados por la propia expresidenta del ente; otros documentos tienen la firma del entonces director administrativo del TSE.
Los contratos son variados, desde el pago de servicios por prestación de publicidad con medios de comunicación hasta los honorarios de los notarios y personal eventual que trabajó en el registro de ciudadanos fuera de las fronteras.
El actual director administrativo del TSE, Elvis Guzmán, dijo que no tenía autorización para emitir criterios técnicos respecto de estas deudas y que todo debía ser a través de sala plena del ente electoral.
El vocal Vargas explicó que esta deuda no tiene nada que ver con el presupuesto en actual ejecución. Explicó que para cada proyecto se habilitan partidas donde se transfieren todos los recursos y es de esa cuenta que se puede pagar las obligaciones del proceso del 3 de mayo. Agregó que estas deudas no afectarán al actual proceso y que serán saldadas de manera paulatina.
Inventario.
Los contratos empezaron en julio del pasado año, en lo referido a las elecciones del 20 de octubre. Existe otra documentación que hace referencia específicamente a las elecciones primarias de los partidos, que no pudo ser revisada.
Los documentos señalan que se trata de “contrataciones directas”, es decir, que no hubo ninguna licitación y la mayoría de los montos llegan hasta los Bs 50.000, en el caso de los equipos para la sala de prensa de ese entonces, por ejemplo.
Pero cuando se trata de los medios de comunicación, las cifras cambian porque los canales de televisión se llevaron el grueso de la publicidad. Les siguen los periódicos y al final las radios. Sin embargo, hay dos casos que llaman la atención. Un canal de televisión del interior que se llevó Bs 531.187, alto en comparación a otros regionales.
El otro caso llamativo es una publicación mensual que logró el contrato mayor, con Bs 1.100.000. El documento lleva el cuce (código de contrato en el Sicoes) 19-0670-00-991324-0-E y fue firmado por la propia expresidenta del TSE.
Los notarios.
Muchos de los contratos, casi un centenar, se refieren al pago de honorarios a los notarios y personal eventual que trabajaron en las elecciones en terceros países. Los más voluminosos son los casi 30 contratos con personal en Argentina, donde colocaban oficinas lejos del consulado en los que se supone estaban los centros de empadronamiento.
Es en este país donde hubo mayor desplazamiento de gente para el control electoral. Las autoridades de entonces afirmaron que la mayor colonia boliviana estaba precisamente en Argentina y por eso se habían desplegado brigadas en 11 ciudades.
Hay contratos con personal en Rusia y en Irán. España también figura en la lista, aunque con menos ciudades que Argentina. En Chile, el pago los realizaba el ex consul general y ex fiscal general, Ramiro Guerrero. Así lo rezan al menos 12 contratos que encontró EL DEBER.
El 31 de octubre de 2019, diez días después de las elecciones y cuando el país estaba en conflicto, se autorizó el pago de 3.147 UFV (poco más de Bs 7.000) por “servicio de terceros - asistente administrativo del TSE en el exterior (Chile-Santiago)”, señala el cuce 19-0670-00-989996-0-E.
En Brasil, el responsable del pago a estas personas era el también exministro de Evo Morales, Jorge Ledezma, tal como señala el cuce 19-0670-00-989979-0-E. Este documento atestigua la contratación del “servicio de terceros-asistente administrativo del TSE en el exterior (Brasil - Guarulhos)”.
Los vocales de ese entonces manifestaban que los consulados solo tenían la obligación de tramitar las valijas diplomáticas donde se enviaba el material electoral, tanto de ida como de vuelta, y era el propio TSE quien realizaba los contactos con residentes bolivianos que estaban en las ciudades. No dijeron que eran los embajadores o los cónsules quienes realizaban el pago y que ellos supervisaban el trabajo, tanto en el empadronamiento como el día de las elecciones generales.
Las fechas.
Los contratos fueron firmados entre los meses de julio y octubre del pasado año y los pagos empezaron a desembolsarse después que se posesionó el vocal Salvador Romero. Los expertos económicos atribuyeron ese “hueco” a los conflictos que se generaron después del 20 de octubre, cuando empezaron con la quema de las sedes de las cortes departamentales electorales.
A los medios de comunicación se los contrató desde el 7 de octubre hasta el 16 de ese mes, es decir cuatro días antes del verificativo electoral. La publicación del “servicio de publicación de separata de resultados elecciones generales 2019” se realizó el 9 de noviembre de 2018 en un periódico paceño y el TSE autorizó el pago de 97.200, el mismo que quedó congelado.
Los documentos establecen que en el 95% de los casos, los documentos llevan la firma de la entonces presidenta Choque, lo que significa que tenía control de todos los contratos y las empresas que trabajaron.
No se pudo llegar hasta las empresas que trabajaron en todo el material electoral, como las imprentas de las papeletas, los sobres de seguridad, las controvertidas “maletas electorales” o el material pequeño de escritorio. Algunos legisladores ya solicitaron auditorías.
Fuente: El Deber
