Lanchipa no confía en informe de la OEA sobre el caso fraude y gestiona pericia informática internacional
La Fiscalía General del Estado gestiona la ejecución de una pericia informática internacional, a través de una empresa europea, para contrastar el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de esa manera confirmar o descartar el fraude electoral que se habría registrado en los comicios del 20 de octubre de 2019.
El fiscal general, Juan Lanchipa. Fotos: APG - EFE.
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa informó este martes que, como Ministerio Público, se debe tener certezas sobre el manejo informático acontecido hace un año, a fin de presentar un informe referente a esas investigaciones.
"Tenemos como base un informe de la OEA en la que establecen indicios de existir una alteración informática, debemos tener como Ministerio Público una posición técnica de parte de nosotros para contrastar si es evidente lo que manifiesta ese informe, y tenemos la posición de varios expertos nacionales e internacionales que son de manera contrapuesta", indicó Lanchipa.
Explicó que esa labor la realizará una empresa de Europa, la cual será contratada con recursos del Ministerio Público.
En noviembre de 2019, el informe preliminar de la OEA, luego de efectuar una auditoría de la votación del 20 de octubre, no pudo avalar los resultados de los comicios debido a que identificó varias irregularidades y la "manipulación dolosa" en la transmisión de esos resultados, que dieron la victoria en primera vuelta al expresidente Evo Morales.
Tras ese informe y aun siendo presidente, Morales convocó a nuevas elecciones y anunció la renovación de las autoridades electorales. Luego de ese anuncio, el mandatario dimitió al cargo y se fue del país.
Asimismo, las entonces autoridades del TSE fueron destituidas y se iniciaron procesos penales contra 30 exfuncionarios del Órgano Electoral, entre ellos los exvocales María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz y Édgar Gonzales.
La querella enumera delitos como la falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, previstos en la Ley 026 del Régimen Electoral.
También se activaron otros procesos contra el expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García y sus exministros, por ser los principales responsables del presunto fraude electoral.
No obstante, en febrero de este año, el diario estadounidense The Washington Post publicó un análisis de dos expertos en temas electorales que concluye que "no hay ninguna evidencia estadística de fraude" en Bolivia, tal como denunció en su momento la OEA.
Sin embargo, la misión electoral de la OEA ratificó, el 2 de mayo, que sí hubo "manipulación dolosa" e "irregularidades graves" en los comicios del 20 de octubre de 2019 en Bolivia.
Fuente: ABI