Gobierno busca cerrar casos sin responsabilidades contra el MAS
El vocero presidencial dice que el caso "fraude electoral" está cerrado, y que están en el mismo camino la reelección indefinida y la crisis política de 2019, mientras que en el caso "golpe" se definirán responsabilidades.
El vocero Ritcher (izq) Protestas por el fraude electoral (der) Fotos: Internet.
El Gobierno y el Movimiento al Socialismo (MAS) dan por cerrado tres casos, el “fraude electoral”, la reelección indefinida y los hechos suscitados entre octubre y noviembre de 2019 sin responsabilidades para los presuntos actores del oficialismo, y dejan el “golpe de Estado” pendiente de ser resuelto.
El vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que en el caso “fraude electoral”, la fiscalía general del Estado dio por cerrado a través del sobreseimiento del caso por falta de pruebas fehacientes, que acrediten que hubiera existido una alteración en los resultados de los comicios del 18 de octubre de 2019.
Manifestó que ninguno de los actores políticos que hicieron la denuncia se querellaron ni presentaron pruebas para demostrar los presuntos delitos. “Hechas las investigaciones se ha decidido cerrar el caso. Este es un capítulo concluido”, precisó.
En el caso “fraude electoral” exvocales del Tribunal Supremo Electoral y exvocales de los Tribunales Electorales Departamental (TED) eran investigados por la fiscalía general del Estado, con base en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estableció que existió una “manipulación dolosa” y “graves irregularidades” en los comicios de 2019.
La OEA hizo la auditoría integral de las elecciones a petición del Estado representado en el Gobierno del entonces presidente Evo Morales, aunque ahora desconoce el carácter vinculante de ese documento.
El Ministerio Público por su lado y con recursos del Tesoro General de la Nación había encargado una pericia informática a un Grupo de investigación de la Universidad de Salamanca. En interpretación de la fiscalía el informe estableció que no hubo una manipulación de los datos, aunque los investigadores señalaron que su objetivo no era determinar o no si fue fraude.
Para la fiscalía y para el Gobierno este informe está por encima de la auditoría que hizo la OEA a todo el proceso con 36 expertos de diferentes países que conforman el organismo.
Por otra parte, Richter manifestó que el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la Opinión Consultiva también “va cerrando” todo el debate sobre la reelección indefinida.
Precisó que este proceso se va a quedar concluido a partir de que se realice un diálogo interjurisdiccional entre el fallo de la Corte IDH y la sentencia constitucional 084 que habilitó la reelección indefinida para que el presidente (Evo Morales) y el vicepresidente (Álvaro García Linera) se postulen para un cuarto mandato.
“Lo que corresponde es un diálogo interjurisdiccional entre ambos documentos y un control de convencionalidad que lo tendrá que hacer el Tribunal Constitucional Plurinacional y conocer de manera final el criterio y el ámbito de aplicación, los elementos de razonamiento que llevaron a uno y otro documento y darle un cierre institucional. Ahí se cierra un segundo tema”, preció Richter.
Los seis magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que aprobaron la sentencia Constitucional 084/2017, que habilitó a Morales y García Linera, son: Macario Lahor Cortez Chávez, Osvaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Virginia Andrade y Rudy Flores. El jurista Efren Choque Capuma no firmó el documento porque no participó de la Sala Plena.
En septiembre de ese año, un grupo de asambleístas del MAS presentó al TCP una acción abstracta de inconstitucionalidad contra cinco artículos de la Ley Régimen Electoral (026) y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE).
Esta acción fue presentada pese a que el 21 de febrero de 2016, el MAS perdió en las urnas para una modificación parcial de la Constitución referida al periodo de mandato del presidente y vicepresidente.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en la misma línea de Richter, dijo que el tema de la reelección indefinida fue superado el 2020 con el triunfo del presidente Luis Arce en las elecciones nacionales con más del 55%.
“La reelección si es o no un derecho humano, eso ya se superó con las elecciones del octubre del 2020, ya el propio el presidente Evo y varios lo ha expresado que de pronto se haya incurrido en un error cuando las propias organizaciones sociales pidieron la reelección del ex presidente Morales”, dijo.
Richter reconoce que a partir del 21F en el país se generó una crisis política, movilizaciones y señalamientos de elecciones “fraudulentas” el 2019, irregularidades que no se lograron probar, y que al final terminó con el “golpe de Estado”.
La oposición identifica el 21F como el nudo de toda la crisis política que devino posteriormente, son el creciente malestar ciudadano por insistir con una candidatura por encima de la Constitución. En consecuencia, plantea que se inicien juicios contra los responsables de haber generado este escenario.
Pero el vocero dice que la Opinión Consultiva no señala de manera textual ni puntual que tiene que haber un proceso por violación a la Constitución, y que los planteamientos en ese sentido son apreciaciones básicamente políticas.
El tercer tema que el oficialismo dice que se irá cerrando es el caso vinculado a la crisis política basada en las violaciones a los derechos humanos, las afectaciones a la vida, el que se basará en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
“También se estaría avanzando hacia el cierre y la parte final. Por supuesto con responsabilidades porque se han dado temas muy críticos”, señaló Richter. En este caso el MAS espera que las responsabilidades recaigan en las autoridades vinculadas a los hechos de violencia de Senkata y Sacaba.
En Senkata y Sacaba murieron con impacto de bala 20 personas; los otros siete fallecidos se dieron en diferentes lugares, dos ocurridos en el norte integrado de Santa Cruz; uno en el municipio de Betanzos; tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, y otro en Sacaba el 11 de noviembre.
Mientras que en el caso del golpe de Estado quedaría pendiente de las responsabilidades que se establezcan.
Fuente: ANF
