Alertan que ley de propiedad favorecerá a los loteadores
Las legisladoras de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos y Cecilia Requena alertaron ayer sobre la aprobación de la Ley No. 302 que amplía por tres años el plazo de la Ley 247 de Regularización de la Propiedad Urbana, por lo que advierten que se beneficiará a los loteadores.
Avasalladores y loteadores en distintos puntos del país (izq) - La Cámara de Senadores aprobó la Ley 302 de propiedad urbana. Fotos: Internet, APG.
“Lo que más nos preocupa de esta ley es que facilita la ocupación a menudo ilegal de predios urbanos. Está facilitando las cosas al punto de que sólo se necesita presentar dos testigos, probar que uno vive desde 2017 y que tiene factura de luz. A partir de ello se inicia un proceso de regularización sin tomar en cuenta el historial de propiedad en Derechos Reales”, explicó la senadora Requena.
Se aprobó la ley sólo con la mayoría oficialista y el rechazo de toda la oposición. Lo que hace es extender el plazo de la Ley 247.
La senadora Barrientos dijo que esta ley permite que las manchas urbanas se amplíen sobre terrenos rurales para tratar de “blanquear” avasallamientos.
La legisladora cuestionó que se vulnere el derecho a la propiedad privada. “Permite de forma arbitraria los avasallamientos y además nos abre la puerta a entrar a la ilegalidad, en un momento en el que el Gobierno dice que está combatiendo los avasallamientos se aprueba la ley y dándole la contra. Además, lo convierte en cómplice de quién vulnera la propiedad privada”, declaró.
La Ley 302 plantea varios requisitos para acceder a la regularización, entre ellos demostrar la permanencia pública, continúa, pacífica, de buena fe y sin oposición de tercero, desde antes de septiembre de 2017.
Además, se debe acreditar la inexistencia de un proceso penal pendiente sobre la posesión del bien inmueble a regularizar, cuya certificación deberá ser emitida por servicios judiciales.
En tanto, las instituciones del Estado que estén afectadas por estos asentamientos tendrán que iniciar el trámite de enajenación a título oneroso, que será perfeccionada con una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La ley deberá pasar para su promulgación o puede ser devuelta.
Fuente: Los Tiempos
