Caen dos funcionarios de la UPRE por robo de 14 proyectos en gestión de Evo
En septiembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales avaló la firma de contratos para la construcción de 14 unidades educativas en la zona Sur de Cochabamba por un monto total de Bs 52,8 millones.
Dos de los funcionarios de la UPRE aprehendidos ayer y custodiados a celdas de la Felcc (izq). Fotos: Internet, APG..
El fiscal anticorrupción de La Paz, Vladimir Bolívar, dispuso ayer la aprehensión de dos de los seis funcionarios de la Unidad Especial de Proyectos (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia,― denunciados por el presunto robo de 14 proyectos para la construcción de escuelas en la zona Sur de Cochabamba. Las obras fueron entregadas a empresas que se adjudicaron los contratos de forma ilegal.
De acuerdo a los documentos a los que accedió Página Siete, en 2019, los responsables de la UPRE se apropiaron de 14 proyectos elaborados por la empresa “Consultora – Constructora Estructuras y Proyectos SRL.”, posteriormente los entregaron a representantes de 14 empresas que, de forma ilegal, se adjudicaron los contratos de construcción de las escuelas por un monto de 52,8 millones de bolivianos.
Todo fue avalado en un acto, realizado el 9 de septiembre de ese año en Cochabamba, al que asistió el entonces presidente Morales, que presenció la firma de los contratos. Tanto padres de familia como el autor de los proyectos quedaron sorprendidos, debido a que los funcionarios de la UPRE conocían de quién era la propiedad intelectual, además de que existían preacuerdos para que la empresa que realizó todo el diseño, sin cobrar remuneración, sea también la que se debía adjudicar el contrato de construcción.
Defensa.
El abogado de unos de los funcionarios aprehendidos, Rolando Llanos, descalificó la denuncia y señaló que en el caso no se habla del robo de una propiedad intelectual, sino de un daño económico al Estado, que en su criterio no se produjo. En esa línea dijo que los padres de familia de las juntas escolares de Cochabamba son los que deben resolver el supuesto daño económico ocasionado a la constructora que elaboró los 14 proyectos.
Evo y la promesa.
La fundamentación jurídica de la denuncia presentada en diciembre de 2021, por el representante de la “Consultora – Constructora Estructuras y Proyectos SRL.”, ingeniero Hugo Araníbar, señala que “los servidores públicos de la UPRE se aprovecharon de sus cargos para generar procesos de contratación directa a empresas ilegalmente beneficiadas con proyectos técnicos ajenos”.
El principal sindicado es el exdirector ejecutivo de la UPRE Alexis V.M.C., de quien se desconoce su ubicación. Los indicios recolectados por la Fiscalía señalan que éste ordenó a los técnicos validar las adjudicaciones, luego que “impuso en las actas” los nombres de las empresas que después se beneficiaron con los contratos.
Los antecedentes señalan que en febrero de 2019, año de las elecciones generales que terminaron con la renuncia Morales, por las denuncias de fraude electoral, el entonces mandatario se presentó en Cochabamba para un acto proselitista. Dirigentes de las juntas escolares de la zona Sur le comprometieron su apoyo, a su vez Morales prometió el financiamiento para la construcción de 14 establecimientos ese mismo año.
Morales puso como condición que los padres de familia presenten los proyectos elaborados según las necesidades de cada distrito. La evaluación de los mismos quedó en manos de los técnicos de la UPRE y del Ministerio de Educación.
Debido a que los padres de familia carecían de la capacidad material para realizar los estudios, éstos contactaron a Araníbar para que corra con todos los gastos de la elaboración de los proyectos, lo cual se ejecutó en ocho meses.
En ese lapso, Araníbar no sólo entregó las carpetas con los 14 proyectos a los padres de familia, sino que también fue designado para la defensa técnica y eventuales correcciones que se dieron, por lo que el personal de la UPRE conocía al autor de los mismos.
Firma del contrato.
Sin embargo, al final del proceso, el 9 de septiembre, en el acto en el que Morales fue el invitado especial, el director ejecutivo de la UPRE adjudicó los contratos a 14 diferentes empresas, para que éstas construyan los proyectos elaborados por la firma de Araníbar.
En esa línea, luego de 14 meses de investigación, el fiscal Bolívar emitió ayer la resolución de aprehensión para los responsables técnicos, regionales, de los proyectos de la UPRE, Luis Alejandro M. V. y Lucy M.F., quienes luego de prestar su declaración informativa fueron trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Ambos funcionarios ahora deben ser puestos ante un juez cautelar para conocer si se defenderán en libertad o serán enviados a la cárcel con detención preventiva.
De forma extraoficial se conoce que también se emitió una tercera orden de aprehensión contra Edgar P.G., otro de los técnicos encargado de la fiscalización del proceso de adjudicación de las obras.
Los tres serían imputados por uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Las constructoras se atribuyeron la propiedad intelectual de los proyectos. Cada uno comprendía “estudio socioeconómico, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño electrónico, elaboración de planos ejecutivos y constructivos”, entre otros.
Denuncia de Hugo Araníbar.- “Los servidores de la UPRE se aprovecharon de sus cargos para contratar empresas, beneficiadas con trabajos técnicos ajenos”.
Los datos del caso.
Constructora: La denuncia por la apropiación indebida de 14 proyectos para la construcción de escuelas en Cochabamba fue presentada en diciembre de 2021 por el representante de la “Consultora – Constructora Estructuras y Proyectos SRL.”, ingeniero Hugo Araníbar.
Propiedad: “El 25 de febrero de 2019, en oficinas de Alexis Vladimir M.C., director ejecutivo de la UPRE, pidió a los padres de familia de las diferentes unidades educativas de la zona Sur de Cochabamba que se entreguen ‘estudios técnicos’ que consistían en proyectos de preinversión a diseño final, para su posterior financiamiento y construcción, lo cual implicaba un costo de trabajo profesional”, señala parte de la denuncia.
Fuente: Página Siete
