Denuncia: Funcionarios “evistas” implicados en corrupción en YPFB
El hijo de un concejal, el hermano de una senadora y el de una diputada, además del sobrino de una exministra de Evo Morales, vinculados al ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), aparecen entre los presuntos implicados en la red de corrupción que identificó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Logística y que, tras sindicaciones de robo de combustibles, falsificación de documentos y otros delitos como el cobro de coimas, quedaron en libertad. Habían sido aprehendidos por este caso.
Este lunes se confirmó que 12 aprehendidos por su supuesta participación en la red denunciada el domingo por el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, fueron liberados. Entre ellos hay funcionarios y familiares de trabajadores de la estatal petrolera a los que se ha relacionado con la oposición interna del MAS al gobierno de Luis Arce, denunciaron fuentes de CORREO DEL SUR.
De acuerdo con esa versión, algunos de los investigados y luego liberados son: René Quiroz Morales, hijo del concejal de Santa Cruz José Quiroz (MAS); Gonzalo Flores Coca, hermano de la senadora Soledad Flores (MAS); Juan Gregorio Canaviri Sullcani, hermano de la diputada Alina Canaviri Sullcani (MAS), y Ariel Ferrufino Achacollo, quien sería sobrino de la exministra Nemesia Achacollo.
Este periódico intentó contactarse con los políticos involucrados en la denuncia, pero solo uno pudo ser ubicado.
Los demás involucrados, de acuerdo con la mencionada denuncia, fueron identificados con las siguientes iniciales: R.F.R., E.V.G., R.C.A., F.B.B., J.C.G.Z., F.Z.R., A.P.M. y R.L.I.
El domingo, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, declaró lo siguiente en conferencia de prensa: “Tenemos personas vinculadas a personas políticas, lo cual queremos evidenciar de que esto puede incluso ser un sabotaje interno desde nuestra planta de Palmasola, el robo de combustible que debió haber ido a la población, que no solamente ya es un incumplimiento de deberes y un daño económico al Estado, sino que estamos atentando contra un servicio básico como es la provisión de combustibles”. Dorgathen también advirtió que irán hasta el fondo en las investigaciones.
El Sindicato de Trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Logística acusó al gerente general de esa subsidiaria de la estatal petrolera, Félix Cruz, de “armar casos” contra los trabajadores con el objetivo de cubrir su “deficiente gestión” desde que asumió el cargo, según publicó ANF.
Irregularidades.
En YPFB identificaron tres tipos de irregularidades: cobros y extorsión a choferes de camiones cisternas de importación; el robo de 91.000 litros de gasolina en un día; y falsificación de documentos.
Diputada: “Es una maniobra política”.
La diputada Alina Canaviri, del ala evista del MAS, negó que ella o sus allegados formen parte de la supuesta red de corrupción que denunció YPFB y afirmó que todo esto forma parte de una maniobra política para tapar la “incapacidad” del Gobierno en el suministro de los combustibles en el país.
“El Gobierno quiere ocultar su mala gestión”, dijo la legisladora, que atribuyó la pérdida de los 91.000 litros de gasolina en la planta Palmasola de Santa Cruz al proceso que los técnicos del sector conocen como “merma”. “Siempre hay un porcentaje de evaporización, donde se va el combustible”, aseguró.
En el caso de ese volumen de pérdida, dijo que se debió a que ese combustible no se movió por tres días, lo que produjo esa cantidad de merma. Negó que se deba a un hecho de corrupción.
Según su versión, la denuncia de YPFB “es una maniobra política” que busca “involucrar a varios funcionarios” al “no saber cómo responder al pueblo boliviano por el combustible”.
La legisladora negó estar involucrada a una red de corrupción y, al contrario, dijo haber recibido denuncias de supuestos desvíos a empresas privadas –recordó que trabajó en YPFB hace ocho años, por lo que conoce cómo funciona la empresa.
Agregó que el juez que trató el caso no supo de dónde “agarrarles” a los funcionarios acusados porque los técnicos que mandó YPFB no pudieron justificar las irregularidades de las que se les acusada. Además, denunció que estaba en curso la contratación de seis personas cuando ni siquiera había concluido el proceso contra los funcionarios observados.
“Si el Gobierno quiere los 14 espacios que supuestamente están involucrados en corrupción, ya pues, que los saque, pero que no vengan a decir que hay corrupción y querer meter a su gente”, indicó Canaviri. “Se les nota la desesperación de querer meter a su gente”.
Fuente: Correo del Sur
