El MAS no prevé devolver los recursos confiscados del IDH
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, informó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no prevé devolver los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fueron confiscados mediante la Ley de Incentivos a diversas instituciones.
A finales del año 2015, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, que después fue denominada la Ley de Incentivos, norma que tiene el objetivo de promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Para esto, según el artículo 11 del capítulo III, se creó el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH). La ley establece que se financiará con el 12 por ciento de los recursos provenientes del IDH, antes de la distribución a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), Universidades Públicas y todos los beneficiarios previstos en la Ley Nº 3058, la Ley Nº 3322, y Decretos Supremos reglamentarios.
Fue aplicable sobre los recursos de IDH percibidos a partir del mes de enero de la gestión 2016, considerando la producción fiscalizada del mes que corresponda, de acuerdo a normativa vigente.
Cárdenas sostuvo que “es necesario un diálogo para ver de qué forma las instituciones que dieron sus recursos puedan tener los beneficios que se comprometió en su momento”, pero por lo pronto la discusión está cerrada.
Sobre el planteamiento que realizaron las universidades de Bolivia, que solicitaban una devolución de los recursos confiscados por la Ley de Incentivos, Cárdenas respondió que en su momento tuvo el respaldo de las autoridades locales. “Se subscribieron documentos y fue uno de los argumentos para aprobar esta disposición legal. El tema de hidrocarburos es una situación complicada, no se la puede planificar de forma milimétrica”, expuso.
Cárdenas manifestó que pensar en revertir esta situación no será posible. Recomendó entonces, que debe realizarse una reunión entre el Ministerio de Hidrocarburos y las regiones productoras para analizar mecanismos y entregar beneficios que se anunciaron en el momento de aprobar la ley.
En la Ley de Incentivos no existe aclaración que establezca bajo qué figura legal los recursos deberán ser devueltos, por lo que ninguna entidad departamental pudo iniciar acciones legales contra el Gobierno nacional.
Por otro lado, el asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Mauricio Lea Plaza, indicó que se encuentra trabajando un recurso de inconstitucionalidad para abrogar esta ley y dejarla sin efecto con el propósito de que los recursos sean devueltos a las entidades autonómicas. Lea Plaza indicó que la figura de esta ley instaura que los aportes de las instituciones autonómicas sean restituidos con un incremento en la renta petrolera.
“Si los recursos extraídos no fueron incorporados en proyectos de exploración y explotación, mucho menos serán devuelto”, afirmó el asambleísta.
Además, manifestó que las condiciones de los fondos, que se encuentran en el Banco Central de Bolivia (BCB), no son precisamente del interés de las empresas. Por ejemplo, el tipo de participación, el precio a partir del cual se pueda acceder al monto y otros requisitos que establece la ley no son aplicables a la realidad.
Regiones pidieron la devolución del IDH
Ya en noviembre de 2017 el Consejo de Departamentos Productores de Hidrocarburos (Codephi) pidió que se devuelvan a las regiones los recursos acumulados con el 12% del IDH que debían ir a exploración petrolera. Según un informe del Viceministerio de Exploración desde agosto de 2016 hasta julio de 2017 se habían acumulado 168 millones de dólares del 12% del IDH y están sin ejecución. En el caso de Tarija, se estima que el departamento dejó de percibir 56 millones de dólares por la Ley de Incentivos.
Fuente: El Pais
