Bolivia pagó $us 921 millones a empresas y Mesa siente que el MAS decretó su juicio

El ministro Héctor Arce dijo que Bolivia contrató los servicios del sexto equipo más importante de abogados del mundo, pero no reveló cuánto pagaron por ese trabajo. Los oficialistas retrocedieron hasta el Gobierno de Sánchez de Lozada.
El ministro Navarro explicó las concesiones y las leyes que afectaron al salar de Uyuni.




Bolivia nacionalizó 14 empresas de cinco áreas y pagó en compensación a estas empresas un total de 921.653.034 dólares. El ministro de Justicia, Héctor Arce, que brindó estos datos, dijo que a cambio el Estado logró una utilidad que supera diez veces ese monto; mientras, el expresidente Carlos de Mesa cree que el MAS ya dictó su decisión de llevarlo a juicio de responsabilidades por el caso Quiborax.

El proceso de nacionalización se da en cinco áreas, hidrocarburos, minería, electricidad, telecomunicaciones y transporte aéreo”, dijo el ministro Arce y en seguida mostró cuadros de las nacionalizaciones y los montos que se pagaron después de las negociaciones con las empresas.

De ese modo se conoció que a la empresa Chaco SA se pagó 357.023.360 dólares, que sería el pago más alto realizado hasta ahora; le sigue Transredes, con $us 241.154.976 ; Entel, por la que el Estado pagó 100 millones de dólares; y cierra el grupo de los pagos más significativos la Transportadora de Electricidad (TDE), por la que se pagó $us 65.268.000. Luego se encuentran otras seis empresas. El ministro no brindó datos de otras cuatro empresas del área minera, principalmente entre las que se encuentran Vinto, Colquiri y Mallku Khota, esta última pertenece a la empresa Glencore.

La nómina de empresas nacionalizadas es: en el sector hidrocarburos, Transredes SA, Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), Chaco SA y Air BP. En el sector minero, Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), Empresa Minera Colquiri y Empresa Minera Mallku Khota.

En el sector de electricidad figuran Corani SA, Guaracachi SA (EGSA), Valle Hermoso SA, Transportadora de Electricidad SA (TDE), Delapaz, Elfeo, Cadeb y Edeser. En telecomunicaciones está Entel y cierra el área de transporte con la nacionalización de Servicios Aeroportuarios de Bolivia  SA (Sabsa).

Los abogados
El ministro Arce también dijo que el país siempre pagó por las nacionalizaciones que realizó desde gobiernos anteriores y describió 11 procesos de nacionalización en distintos gobiernos cuyas autoridades pagaron por la expropiación de las empresas a través de decretos.

En ese marco dijo que para ir al arbitraje con Quiborax, ellos contactaron a uno de los equipos de abogados más afamados y dijo que este grupo es el sexto más grande a escala mundial y que como Gobierno realizaron intensas negociaciones para lograr una rebaja en los honorarios que cobraron esos profesionales.




El senador Óscar Ortiz denunció que en el informe que pidieron a la Procuraduría no figuran los nombres de los abogados que patrocinaron a Bolivia ni cuánto fue el dinero que recibieron por concepto de honorarios.

El ministro Arce tampoco mencionó cuánto pagaron a esos abogados y dijo que los montos no son menores porque en ese tipo de asistencia legal no existe límite de pago.

Sin embargo, en los documentos publicados por el Ciadi se detalla que la defensa de Bolivia estuvo encargada al estudio Gomm & Smith, de Miami, Estados Unidos, y Dechert LLP.

De igual forma, ese mismo documento revela los nombres de los que actuaron como defensa de Bolivia y figuran el procurador Pablo Menacho, Ernesto Rossell Arteaga, Yovanka Oliden Tapia, Eduardo Silva Romero, José Manuel García, Audrey Caminades, Luis Miguel Velarde, Álvaro Galindo Cardona y Juan Felipe Merizalde, de la firma legal Dechert LLP, con residencia en París (Francia) y Washington DC (Estados Unidos).

El informe
Asimismo, reveló que el 7 de diciembre de 2016 se informó al presidente Evo Morales sobre la filtración de documentación que realizaron los abogados chilenos y que dos semanas después la subprocuradora, Carmiña Llorenti, fue desvinculada de sus funciones.

“Se nos informó el día 7 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre, después de hacer los trámites ante el presidente (Evo Morales) sobre la situación, porque la designación de un subprocurador del nivel de un viceministro no depende del procurador, de acuerdo a la ley 064 la designación de esta autoridad depende del presidente”, dijo Arce.

La autoridad defendió a Llorenti al afirmar que ella actuó de buena fe, “hubo un acto indebido de los abogados chilenos”, dijo Arce y relató nuevamente el episodio de la falta de internet en la sala de reuniones de la Subprocuraduría y que luego de percatarse de las acciones de los abogados, ella informó de ese caso.

Sobre las negociaciones, manifestó que no pagaron los tres millones porque se enteraron de que el documento de constitución de la empresa fue falsificado y que por esa razón se inició un juicio al principal socio, el boliviano David Moscoso.

Pero el expresidente Carlos de Mesa dijo que por esa misma razón, el Estado boliviano tenía una ventaja inmejorable porque Moscoso denunció al país ante el Ciadi con un documento falso y dijo que ahí radica la pésima defensa que realizó la Procuraduría en esos estrados internacionales.

Arce también señaló que tampoco se logró el acuerdo de los 27 millones porque precisamente Moscoso les dijo, a través de una carta, que las negociaciones debían ser con Non Metallic Minerals y no así con Quiborax, y manifestó que no fue por la filtración de la documentación que se produjo en la Subprocuraduría.

Finalmente, los dos legisladores del MAS que presentaron el pliego de las 12 preguntas retrocedieron hasta el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El diputado Víctor Borda afirmó que la ley que reduce la costra salina del salar de Uyuni es el origen jurídico para que Quiborax inicie el juicio al Estado boliviano, por lo que también están otros expresidentes involucrados.

Cifras




921 Millones de dólares
Es lo que pagó el Estado a las empresas de las que nacionalizó las acciones.

2,3 Millones de hectáreas
Es la extensión total del salar de Uyuni y que fue reducida a la mitad para permitir las concesiones.

11 Concesiones
Es lo que tenía la empresa Non Metallic Minerals en 837 cuadrículas que le entregaron.

Datos
En papel higiénico
El ministro Héctor Arce reveló que la ley que entregó concesiones en el salar fue elaborada por el senador Gonzalo Valda en un papel higiénico.

Exfuncionario
El ministro César Navarro dijo que el principal socio de Quiborax, el boliviano David Moscoso, accedió a información privilegiada sobre el salar.

Seis metales
El salar de Uyuni tiene concentraciones de seis minerales, cloro, sodio, litio, potasio, manganeso y boro. Tiene un millón de toneladas de ulexita
Fuente: El Deber
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