En la Procuraduría se redactaron algunas resoluciones sobre Quiborax
La defensa del Estado y de la empresa chilena acordaron proyectos de retiro de acusación del querellante y el Ministerio Público contra el exsocio de Non Metallic David Moscoso y otras resoluciones.
Edificio de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de El Alto. Ministerio de Comunicaciones.
En la Procuraduría General del Estado se redactaron fallos judiciales y desistimientos con los representantes legales de la empresa Quiborax, de acuerdo con un informe técnico enviado por el subprocurador Pablo Menacho al entonces procurador Héctor Arce, en el que menciona la filtración de documentos por parte de la subprocuradora Carmiña Llorenti. Expertos cuestionan la falta de independencia de poderes.
Una parte del Informe Técnico Legal PGE/SPDRLE 03/2017, que se refiere a los documentos filtrados el 4 de agosto de 2016 señala: “Se tienen borradores de documentos relativos a un proceso penal contra David Moscoso (empresario boliviano dueño del 49% de las acciones de la sociedad Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax) y otros en el que se halla involucrado el dueño de Quiborax, Allan Fosk y otros”.
Entre las resoluciones que se redactaban están, según el correo remitido por la exsubprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado Carmiña Llorenti en las numerosas reuniones de trabajo que se coordinaba con los representantes de la firma chilena, la suspensión del juicio a Moscoso, el retiro de la acusación y la resolución judicial del proceso penal.
“Fue en Bolivia que ellos vinieron, vale decir Rodrigo (Gil), Daniel (Ocqueteau) y Constanza (Onetto), para trabajar conjuntamente los proyectos de los retiros de acusación de querrellante y Ministerio Público, así como la resolución judicial que pondría fin al proceso penal, donde ellos prácticamente pusieron algunos aspectos en dichos borradores. (...) cuando terminaron de redactar, se enviaron de mi correo personal que estaba abierto a sus correos cuatro documentos, dos versiones de la sentencia, una con cambio de control de cambios, otra con todo ya corregido y dos acusaciones de querellante y de Ministerio Público sin firmas, solo borradores”, admite la exfuncionaria.
En Bolivia, al empresario de Non Metallic Minerals se le siguió un proceso penal por falsificar un acta de constitución de su compañía, del 11 de septiembre de 2001, por otra acta del 13 de septiembre de 2001, que a la postre fue usada para iniciar el arbitraje contra el país ante el CIADI.
Al ser detectado el fraude, Moscoso fue condenado a dos años de cárcel, pero se sometió al perdón judicial después de haber confesado su responsabilidad en la falsificación.
Sobre la redacción de resoluciones judiciales, el procurador Pablo Menacho, en una anterior entrevista con este medio, respondió que las reuniones para ver los casos son prácticas habituales y que en el hecho particular de Moscoso, ya en los documentos filtrados, se decía que una de las condiciones para levantar el laudo era que ya tenían más o menos negociado con la parte demandante.
“Las controversias internacionales y los laudos internacionales no se emiten contra la Procuraduría, se emiten contra el Estado boliviano. Por ejemplo, cuando estuve a cargo de llevar adelante la detención de los nueve aduaneros, viajé varias veces a Chile para ver cómo se podía resolver la liberación y ahí teníamos conversaciones con el fiscal regional de Tarapacá, con el fiscal que llevaba adelante la causa, para ver cómo íbamos a poder lograr la liberación y la expulsión posterior de estos soldados”, afirmó.
Llorenti, exsubprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, durante una reunión de negociación en La Paz en agosto de 2016 con los abogados de Quiborax y Non Metallic Minerals prestó su computadora a uno de los abogados de los demandantes.
Su error, según la versión del Gobierno, fue dejar abierto su correo personal e institucional, hecho que fue “aprovechado” por el representante de la firma chilena, Rodrigo Gil, para reenviar desde esa dirección documentos a su equipo jurídico.
La observación
La experta en temas de derecho internacional Karen Longaric afirmó que el hecho de que funcionarios del Órgano Ejecutivo redacten resoluciones judiciales o requerimientos fiscales en convivencia de abogados extranjeros, evidencia que en Bolivia no existe la separación de poderes y constata que el Órgano Judicial y la Fiscalía funcionan bajo la égida del Gobierno.
“Se evidencia la manifiesta inseguridad jurídica que hay en el país. En mi opinión, provoca un daño enorme al Estado que se elaboren, se concerten y negocien textos de resoluciones judiciales con el oponente. No importa cuál es la nacionalidad de la parte contraria, hay que hacer abstracción de ello, eso no agrava ni atenúa el hecho, el cual es lesivo a los intereses del Estado, es inmoral y oprobioso”, calificó.
En criterio de Ronald Martin, experto en arbitrajes internacionales, está claro que la Procuraduría no tiene por qué redactar borradores de resoluciones judiciales porque esa tarea es competencia única y exclusiva de los jueces y en ningún arbitraje, sea este nacional o internacional, una de las partes puede redactar resoluciones sobre procedimientos paralelos.
“En el caso que nos ocupa, estamos hablando de un procedimiento penal y los únicos que tienen facultades para resolver procesos penales son los jueces penales, de otro modo se están usurpando sus funciones”, explicó el experto.
Piden que Fiscalía admita proceso contra Mesa
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, afirmó ayer que espera que el Ministerio Público admita la proposición acusatoria que presentó su despacho, en mayo pasado, contra el expresidente Carlos Mesa (2004-2005) por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
“Hemos presentado una proposición acusatoria sumamente sólida en términos jurídicos con gran cantidad de documentos probatorios, estamos muy confiados en que el Ministerio Público pueda admitir la proposición presentada por la Procuraduría”, explicó.
La pasada semana, el fiscal Ramiro Guerrero anunció que hasta hoy la Fiscalía General del Estado presentará la resolución conclusiva de rechazo o la proposición acusatoria en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
La Procuraduría presentó el proceso penal contra el exmandanta rio por presuntos actos ilegales cuando gobernaba y que derivaron en una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y una sentencia para que el país pague más de 42 millones de dólares a la firma chilena.
Menacho dijo que la controversia inició en la administración de Mesa, con la emisión del Decreto Supremo 27589, que dispuso la revocatoria de 11 concesiones mineras obtenidas por Non Metallic, socia de Quiborax.
Fuente: Página Siete
