Denuncian más de 10 irregularidades en proceso por narcotráfico a militar (+VÍDEO)

El Ministerio Público nunca sometió a la aeronave a un estudio de microaspirado. En el muestrario fotográfico realizado por la policía, no se tiene ninguna foto que muestre droga al interior de la avioneta.
EL EXCAPITÁN DE LA FAB JIMMY URZAGASTE. Foto: Internet.




Jimmy José Urzagaste Zabala, capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dado de baja, fue sentenciado a 20 años de cárcel por tráfico de drogas. Lleva cuatro años detenido en el penal de San Pedro de La Paz. Su esposa y ocho hijos lo acompañan. Él se declara inocente y víctima del abuso y extorsión de los policías que, según dijo, le plantaron la droga.

El proceso judicial se desarrolló con muchas irregularidades, de acuerdo a la denuncia de sus abogados y al cuaderno de investigaciones, ya que se obviaron pericias, no le permitieron presentar prueba extraordinaria y la prueba que lo libera de culpa no fue tomada en cuenta por los jueces.

Además, el proceso se vició porque uno de los policías que lo detuvo en el operativo, fue el investigador del caso. A esto se suma que los policías alteraron las pruebas contra Urzagaste y ahora son procesados penalmente. Otro factor que afectó mucho al militar fue que su primera abogada –Verónica R. S.-  lo estafó e hizo abandono malicioso del caso, como hacen constar los jueces del caso. Hay un proceso contra ella.

También denunciaron que la baja del militar en la Fuerza Aérea fue irregular y vulneró todos sus derechos.

El 3 de septiembre de 2015, el capitán Urzagaste acudió a socorrer a un enfermo a la comunidad El Carmen, en el parque Madidi en La Paz, contratado por José Luis S. –a quien nunca se investigó-, pilotando una avioneta particular desde Santa Ana, Beni.

Al llegar al lugar y aterrizar cerca de las 11.00 de la mañana –según la versión de los efectivos-, seis o siete policías antinarcóticos –no es clara esta información en el cuaderno de investigaciones- lo intervinieron cuando bajó. Fue reducido por los oficiales que lo pusieron boca abajo en el suelo. Según relata Urzagaste, los efectivos lo identificaron como capitán y le exigieron 20.000 dólares para cada uno de ellos para dejarlo ir; ante su negativa, uno de ellos habría señalado: “No tiene plata, no hay charle”.




Urzagaste cuenta que los efectivos al no poder abrir la puerta de descarga que está al lado derecho de la avioneta, procedieron a acumular paquetes al lado izquierdo de la aeronave, donde se ubica la puerta del piloto. En el juicio los policías señalaron que desembarcaron más de 300 kilos de droga por la puerta del piloto como estrategia ante el temor de ser atacados por los narcotraficantes, pese a que ellos esperaron en el lugar desde las 05.00.

Según el cuaderno de investigaciones, la policía tenía un reporte de la fuerza antidroga del Perú, de que una aeronave procedente del Vraem –región peruana-, que sería la de Urzagaste, iba a llegar a El Carmen. Durante el juicio nunca se conoció un reporte oficial del Perú. 

Urzagaste apoya su versión de que no llegaba del Perú, esa mañana, con un informe de AASANA (Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea) que registró su salida a las 07.00 del aeropuerto de Santa Ana, en el Beni, y llegó a las 07.30 al lugar, e incluso indica que hay un testigo –que en el juicio no se le permitió que fuera presentado- que le ayudó a sacar el asiento de la aeronave para trasladar a los posibles pacientes. 

Tras ser detenido, por la tarde fue trasladado en un helicóptero Súper Puma hasta Cobija donde le asignaron un abogado de oficio que le sugirió abstenerse de declarar. 

La mañana del día siguiente fue trasladado a La Paz, y para su sorpresa, fue presentado ante los medios de comunicación, sin siquiera haber declarado, por el ministro de Gobierno Carlos Romero, como miembro de una organización criminal internacional de tráfico de drogas.

El fiscal de materia, Hernán Espinoza Herrera, acusó a Urzagaste “por existir suficientes elementos de participación y convicción como autor y/o partícipe del ilícito de tráfico de sustancias controladas”. En el lugar, el día del operativo, no había más testigos que los policías y el militar. 

ANF pidió a la fiscalía entrevista con Espinoza para conocer mayores detalles de la parte acusadora, pero no hubo respuesta. El proceso se encuentra en etapa de casación.

Contradicciones.




El Ministerio Público lo acusa de trasportar en la aeronave 362 kilogramos de cocaína cuando la avioneta solo tiene capacidad para cargar 296 kilos, con tanque lleno y un piloto, según la investigación del capitán de la Fuerza Aérea, Rimak Sánchez Calizaya, que fue incluida en el juicio por la defensa.

Además, la aeronave cuando fue intervenida estaba con el tanque lleno de combustible, según los mismos policías, lo que, para la defensa del militar, desvirtúa la hipótesis de que la avioneta llegaba de la zona del Vraem, en el Perú.

El Ministerio Público, pese a sostener que Urzagaste llevaba droga, nunca sometió a la aeronave a un estudio de microaspirado, prueba fundamental en casos de narcotráfico. En el muestrario fotográfico realizado por la policía, no se tiene ninguna foto que muestre droga al interior de la aeronave.

Durante el juicio tampoco se demostró que la aeronave salió del país, por lo que, remarca la defensa, no se justifica la acusación por tráfico de drogas.

Según el cuaderno de investigaciones, el Ministerio Público tampoco determina la procedencia de la droga, supuestamente encontrada, para saber si es del Perú, Bolivia u otro país.

La policía decomisó equipos de comunicación –Un GPS, una radio de comunicación, teléfono satelital, celular LG y un celular Iphone- el 3 de septiembre de 2015 a Urzagaste, pero la fiscalía no requirió las grabaciones de la conversación del piloto con la torre de control el día del hecho. Tampoco se hizo peritaje al celular ni al teléfono satelital, lo que hubiera demostrado que las llamadas se hicieron dentro del país, señala la defensa.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pese a referirse en múltiples ocasiones que el militar es parte de una organización criminal, el Ministerio Público nunca estableció la existencia de otros miembros, ni tampoco se investigó al dueño de la aeronave ni a la persona que contrató a Urzgaste para que haga el vuelo.

“No han hecho el peritaje al celular, las llamadas hubieran salido que llamó de Santa Cruz a Santa Ana porque estaban ahí sus hijos, pero esta prueba la han omitido al momento de la investigación los policías, todo esto ha sido muy ilegal”, dijo la abogada Mirella Gutiérrez.

Otra irregularidad es que el Teniente Carlos David Ticona Flores que participó del operativo en El Carmen, fue designado como investigador del caso y testigo en el juicio oral, constituyéndose en juez y parte en el proceso. 

De las declaraciones de los seis policías que participaron del operativo, se desprende que solo dos vieron la cocaína supuestamente incautada, mientras que el resto hacía de vigilancia del perímetro a una distancia de 100 metros.

A estas anomalías se suma que en marzo de 2018, el policía investigador Ticona Flores y los tenientes Leandro Torrez, Josue Marcos Zeballos Bustillos y Cristian Solari Condarco fueron imputados por alteración o sustitución del objeto del delito y actualmente cumplen detención domiciliaria.

Los sindicados sustrajeron de las pruebas confiscadas el Iphone de Urzagaste y se lo vendieron en 500 dólares estando él preso en el penal de San Pedro. Urzagaste indicó que aceptó comprarlo con la esperanza de recuperar un video que le favorecía en su caso, pero el celular estaba vacío.

Por el robo del Iphone, la defensa de Urzagaste pidió intervenir como víctima de los policías en el proceso, porque si el celular hubiera sido peritado en el momento se hubiera “podido ver que el avión estaba vacío, pero por presión política ni siquiera nos han dejado ser partícipes ni parte de este proceso”, dijo la abogada. 

Impiden presentar pruebas.
“El tribunal no permitió que se realice la Inspección Técnica Ocular ITO y la defensa de ese entonces (de Urzagaste) cometió algunas fallas; se ha propuesto un perito, un técnico en aviación, pero no se ha logrado contratar el perito”, dijo el abogado Andrés Godoy.

Tampoco hubo careo, indicó. “El juez dijo que al capitán se le había permitido hacer preguntas a los policías y era suficiente, eso a criterio del tribunal”, indicó el jurista.

La defensa solicitó la presentación de una prueba extraordinaria, a fin de probar la inocencia de Urzagaste, y tampoco les fue permitido.

“La prueba era la persona que ha desmontado los asientos para que el capitán aborde el avión, el señor iba a decir que él partió desde Santa Ana en el avión que ha sido decomisado por la FAB, era un testigo”, refirió la abogada.

Los juristas lamentaron que los jueces no hayan valorado y ni siquiera mencionado en la sentencia la pericia de la capacidad de la aeronave para descartar la teoría de que se transportada en la avioneta más de 300 kilos de cocaína.

“El peritaje es la prueba suficiente para demostrar que el capitán es inocente, pero la coyuntura, la presión del gobierno, porque cuando se instauró la demanda el gobierno se fue con todo contra el capitán, sin pruebas, sin valorar absolutamente nada, y si ha sido sentenciado es por la relación de hechos de los policías, que incluso presenta contradicciones”, refirió la abogada.

La abogada indicó que la fiscalía durante el proceso amenazaba al tribunal con denunciarlo por prevaricato si la resolución favorecía a Urzagaste.

Para el abogado Godoy se ha vulnerado en el juicio el derecho al debido proceso, y consecuentemente a la seguridad jurídica, toda vez que “en su proceso no se ha llevado adelante una prueba que hemos solicitado: la inspección técnica ocular, bajo el argumento de que (El Carmen) era un lugar muy distante y complicado para llevar a todas las partes”.

“No es que en este juicio haya faltado pruebas para demostrar su inocencia, había y está judicializada la prueba del peritaje, pero el tribunal no ha querido hacer valer nada”, indicó la jurista.

En la sentencia la jueza Jimena Velásquez Albarracín voto disidente al considerar que la prueba que aportaba el Ministerio Público no era suficiente para sentenciar al capitán Urzagaste.
El capitán de la Fuerza Aérea Jimmy José Urzagaste Zabala es presentado por el ministro Romero.
“Hay duda sobre la responsabilidad penal del acusado, habiéndose encontrado contradicciones en la prueba testifical y documental ofrecida”, se lee en el documento de la sentencia.

Una baja irregular.
El militar fue dado de baja un fin de semana sin que la FAB haya realizado un proceso sumario y por el Tribunal del Personal, entidad que no tiene la atribución para hacerlo, sino el Tribunal de Justicia militar.

“Le han dado baja directamente sin hacerle un proceso sumario, no ha habido notificación de nada. Un domingo se reunió de forma extraordinaria la FAB y ha sacado baja por estar (el capitán) implicado en un delito penal”, señaló la abogada.
La defensa consultó mediante una carta a la FAB, si el Tribunal del Personal está facultado para dar baja, y la entidad castrense respondió que “la competencia para dispones esta sanción la tiene únicamente en Tribunal Permanente de Justicia Militar”.

“Nosotros incluso hemos presentado esto que el mismo Tribunal de Justicia Militar nos ha certificado, pero pese a esto la FAB le ha dado la espalda y no lo ha apoyado al capitán”, remarcó la jurista.
Fuente. ANF
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