Normativas del Gobierno causaron desastre ambiental

La grave degradación de nuestros bosques, y con ello el impacto a los derechos humanos de la población boliviana, principalmente de los pueblos indígenas, es el resultado de las políticas y normativas promovidas por el Gobierno del Estado boliviano, sostiene un informe presentado ante la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el 173º Período de Sesiones, por la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y más de una decena de instituciones.
La mayor parte de la superficie quemada se concentra en el departamento de Santa Cruz con cerca de 3,9 millones de ha, lo que representa un 73 % del área total afectada; mientras que en Beni se han quemado más de 1,2 millones de hectáreas (23 %).




Asimismo, sostiene que más allá de las condiciones climatológicas propias de la temporada seca, potenciadas por el fenómeno del cambio climático local y global que afecta a la región, los incendios que sufre el oriente de Bolivia son consecuencia de las decisiones adoptadas previamente respecto a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria.

El informe presentado el pasado 23 de septiembre del año en curso, detalla que en las últimas semanas, la Amazonía, principalmente del lado brasileño, ha despertado la atención de la comunidad internacional. En Bolivia, el fuego ha arrasado cerca de cuatro millones de hectáreas en la cuenca del Amazonas y ecosistemas adyacentes como el Cerrado y el Pantanal.

A diferencia de su homólogo Jair Bolsonaro, el presidente Evo Morales hace alusión a los esfuerzos que su gobierno ha realizado para ganar la batalla contra el fuego. A la vez, sostiene que, ante el creciente descontento popular en Bolivia y el clamor de las poblaciones afectadas, las autoridades evitan hablar de las políticas y normativas que han impulsado este desastre ambiental y señalan a los efectos del cambio climático propios del sistema capitalista como la principal causa.

Según el documento, la grave degradación de nuestros bosques, y con ello el impacto a los derechos humanos de la población boliviana -principalmente de los pueblos indígenas- es el resultado de las políticas y normativas promovidas por el Gobierno del Estado boliviano. Más allá de las condiciones climatológicas propias de la temporada seca, potenciadas por el fenómeno del cambio climático local y global que afecta a la región, los incendios que sufre el oriente de Bolivia son consecuencia de las decisiones adoptadas previamente respecto a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria.

EMERGENCIA.
El informe detalla que l día 15 de agosto, el municipio de Roboré en el departamento de Santa Cruz se declaró en emergencia. Hace alrededor de 40 días el Oriente de Bolivia se encuentra bajo el fuego. La Chiquitania -que forma parte de la cuenca amazónica y alberga el bosque seco tropical mejor conservado del planeta- el Cerrado y el Pantanal en el departamento de Santa Cruz son las zonas más afectadas.

Según los últimos datos reportados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), a a partir de imágenes de satélite Sentinel-2, MODIS y VIRSS, la superficie nacional afectada por las quemas e incendios forestales asciende a 4.1 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 1.4 millones de hectáreas corresponde a áreas de bosques.

El reporte al 15 de septiembre registraba aproximadamente 3 millones de hectáreas quemadas en el Departamento de Santa Cruz, es decir, 74,5% del total nacional afectado. El segundo Departamento con mayor cantidad de superficie quemada es Beni con un estimado de 879.441 hectáreas.




Los municipios con mayor daño son San Ignacio de Velasco, Charagua, Puerto Suarez, San José de Chiquitos, Concepción, San Rafael, Roboré y Carmen Rivero Torrez, que concentran el 94% de la superficie quemada en todo el Departamento. En el Departamento del Beni, son Baures, San Borja, Riberalta y San Ramón.

Los daños también han alcanzado a 27 territorios indígenas y a 20 áreas protegidas del nivel nacional y subnacional, según un informe del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

Además, reportes de los focos de quema acumulados desde el 18 de agosto hasta el 23 de septiembre, dan cuenta de que la situación de desastre continúa, tal como afirmaron autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia de Santa Cruz el día lunes 21 de septiembre y organizaciones de la sociedad civil boliviana autoconvocadas en la I Cumbre Nacional por la Defensa de los Bosques el 24 de septiembre.

CONVERSATORIO.
Un conversatorio con periodistas, denominado “Políticas de Tierra y Medioambiente”, en la que el responsable de Defensa de Derechos Humanos de UNITAS, Daniel Espinoza, y el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, informaron sobre la situación de la política agraria en Bolivia y los incendios en la Chiquitania, además de la acción realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Espinoza brindó un detalle del informe presentado en pasados días ante la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, en el que se solicitó al organismo pedir información al Estado boliviano sobre los incendios en la Chiquitania, que han dejado aproximadamente 4 millones de hectáreas calcinadas por el fuego.

Explicó que la solicitud ante la CIDH responde a los pueblos indígenas afectados por los incendios: Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona. Resaltó que algunos pueblos se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de aislamiento voluntario, como el caso de los Ayoreos del Ñembi Guasu, una de las áreas más afectadas por el fuego.

Se ha informado a la CIDH respecto a la normativa, las políticas públicas y el accionar del Estado boliviano con relación a esta crisis ambiental, ésta última se evidenció cómo las autoridades del Estado reaccionaron de manera inadecuada, primeramente al responder de manera tardía y por otro lado al no declarar zona de desastre nacional, impidiendo así la asistencia internacional en toda su capacidad”, explicó Espinoza.

Con relación a lo informado a la Relatoría de la CIDH, precisó que también se abordó lo referido a las obligaciones del Estado y derechos vulnerados. “Estos son fácilmente identificables: vivienda, trabajo, educación, salud y medioambiente, en los que el Estado tiene la obligación de respetar y de garantizar, o sea procurar la realización de estos derechos. La tardía respuesta del Estado ante los incendios y no declarar zona de desastre, es un acto de negligencia con relación a las obligaciones contraídas ante el sistema interamericano de defensa de derechos humanos”, aseveró.




Por su lado, Ormachea hizo un análisis de la situación de la política agraria en Bolivia y mencionó que el gobierno está “desesperado” en el desarrollo agropecuario basado en la ampliación de la frontera agrícola, debido a problemas como el fin de los precios altos de las materias primas, el bajo nivel de exportación del gas, del zinc, de la plata y de productos agropecuarios, y la presión tributaria que “está llegando al límite”.

“Esto hace un escenario de bajos ingresos y es esto lo que impulsa al Gobierno a plantearse como estrategia para la generación de ingresos el tema del desarrollo agropecuario, pero basado en la ampliación de la frontera agrícola”, lamentó.

Mencionó que este es el Gobierno que más leyes y decretos ha aprobado a favor de campesinos, pero “ninguno de ellos se ha convertido en programas de desarrollo para estos sectores”.

NORMATIVAS.
1. Ley No. 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques de 19 de diciembre de 2013 y sus ampliaciones (leyes 502/14, 739/15 y 952/17).

2. Ley No. 741 de Autorización de desmontes hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias del 29 de septiembre de 2015.

3. D.S. 3467 de 24 de enero de 2018 que modifica reglamento agrario.

4. Ley No. 1098 de 15 de septiembre de 2018 y D.S. 3874 de 16 de abril de 2019.

5. Ley No. 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas.

6. Decreto Supremo D.S. 3973 del 9 de julio de 2019.
Fuente: El Diario
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