El Fondo Indígena surgió por el IDH y terminó en un desfalco millonario
El Fondo Indígena recibió Bs 3.197 millones entre 2006 y 2014, aunque comenzó a operar formalmente en 2009. De 3.462 proyectos aprobados entre 2010 y 2013, solo uno llegó a concluirse. Este caso se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno del Movimiento Al Socialismo.
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| Fotos: Internetet. |
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, conocido como Fondo Indígena, fue creado en 2005 por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, como respuesta a la demanda de los pueblos indígenas por los beneficios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero terminó marcado por un desfalco de Bs 71 millones que involucró la gestión irregular de sus recursos.
Con un solo proyecto concluido de 3.462 aprobados entre 2010 y 2013, la Contraloría General de Estado reveló un daño económico millonario en 2015 y el caso se convirtió en uno de los más grandes escándalos de corrupción del Gobierno del MAS.
“El Fondo Indígena nace en 2005 por la lucha del pueblo guaraní, que observa que en su territorio se estaban explotando los recursos hidrocarburíferos. Hacen una movilización y plantean el 10% del IDH, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Luego de un enfrentamiento con los militares en Santa Cruz, logran que Rodríguez Veltzé les otorgue, a través de un decreto, el 5% del IDH, pero ampliado a todas las regiones campesinas del país, no solo para los guaraníes”, recordó el investigador Manuel Morales autor del libro Fondo Indígena: la gran estafa.
No obstante, la entidad comenzó a operar formalmente en 2009 bajo la dirección de Elvira Parra, quien permaneció en el cargo hasta 2011. Entre 2012 y 2013 la conducción estuvo a cargo de Daniel Zapata, y posteriormente, entre 2014 y 2015, fue dirigida por Marco Aramayo.
Creación y estructura.
El Fondo Indígena fue creado por el Decreto Supremo 28571, el 22 de diciembre de 2005, que estableció una estructura de gestión basada en un directorio amplio y multisectorial presidido por el ministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios. Lo conformaban representantes de los ministerios de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico, Hacienda y Participación Popular, además de doce delegados elegidos por las organizaciones indígenas y campesinas.
La organizaciones en el directorio contemplaba a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia- Csutcb (2 representantes), al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu - Conamaq (2), a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia- Cidob (2), a la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia - CSCB (2), la Asamblea del Pueblo Guaraní- APG (1), a la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (1), a la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz Cpesc (1) y a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni- CPEM-B (1).
Recursos e irregularidades.
En un informe oral ante el Senado, el 2015, la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, reveló que entre 2006 y 2014 el Fondo Indígena recibió Bs 3.197 millones del Estado e indicó que de esa cantidad se contaba con un saldo de Bs 1.855 millones en cuentas bancarias.
El estudio de Morales señala que los primeros informes de la Contraloría mostraron que entre 2010 y 2011 se aprobaron 153 proyectos que no fueron concluidos ni presentaron informes de avance. No había evidencia física de obras, no existían carpetas técnicas completas y, en muchos casos, los recursos se habían entregado sin supervisión.
Las irregularidades en el Fondo Indígena involucraron a dirigentes de estructuras afines al gobierno del MAS como Melva Hurtado de la Cidob, Hilarión Mamani de la Conamaq , Damián Condori, Fernando Choque y Simeón Jaliri de la Csutcb, Ever Choquehuanca de la Cscib, y a las dirigentes de las Bartolinas, Juanita Ancieta y Julia Ramos.
Una década después.
Luego de más de 10 años del caso Fondo Indígena, el abogado de Marco Aramayo, Héctor Castellón, y el investigador Manuel Morales, coinciden en que la mayoría de los procesos permanecen inciertos.
“Hasta hace pocas semanas nos seguían notificando de algunas incidencias y algunos procesos dentro del caso de Marco Aramayo. La última notificación llegó hace tres o cuatro semanas pidiendo precisamente una extinción del proceso por fallecimiento”, relató.
El jurista destacó que la investigación debía abarcar a todas las autoridades y ministerios involucrados, en ese entonces para determinar responsabilidades en la creación y ejecución de proyectos del Fondo.
Morales señala que más de 2.000 personas estuvieron involucradas en la ejecución de los proyectos, incluyendo técnicos, dirigentes y delegados ministeriales que deben ser investigados.
Fuente: El Deber
