Más de 20 fallos dejan impunes actos de vandalismo del MAS
El exministro de Defensa Javier Zavaleta considera que ya debiera cerrarse el proceso en su contra porque no se presentó ningún elemento de prueba.
Saqueos y destrozos a la propiedad privada por afines al MAS marcaron los hechos de violencia y vandalismos en noviembre de 2019. Fotos: Internet.
A la fecha, el Órgano Judicial y el Ministerio Público emitieron más de 20 fallos a favor de exautoridades y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), dejando en la impunidad diferentes delitos vinculados a hechos de violencia, muertes, vandalismo, quema de bienes privados y públicos y otras irregularidades registradas desde octubre de 2019 en adelante.
Después de que Luis Arce llegó a la Presidencia, varios procesos contra militantes del MAS se fueron cerrando paulatinamente, con diferentes disposiciones judiciales. Recientemente, la Fiscalía liberó de culpa a tres involucrados en la quema de buses PumaKatari.
Vandalismo y muertes en 2019.
Ayer se conoció que la Fiscalía dispuso el sobreseimiento de tres de los imputados por la quema de los buses PumaKatari durante los conflictos de 2019. La medida benefició a Aurelio Q. M., Nicanor C. C., y Miriam G. V., quienes fueron señalados como los principales autores del crimen después de la renuncia de Evo Morales.
Ese caso se suma a otras resoluciones de sobreseimiento que emitió anteriormente la Fiscalía, una a favor de 24 ciudadanos acusados de hechos vandálicos y saqueos en El Alto y otra a favor de 26 personas involucradas en actos vandálicos en La Paz.
El Ministerio Público también emitió el rechazo a la denuncia contra una veintena de personas vinculadas a la quema de los PumaKatari.
Además, la justicia liberó con medidas sustitutivas a los cuatro involucrados en la muerte de los ciudadanos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, quienes fueron abatidos en Montero, Santa Cruz; uno de los involucrados, Facundo Molares (exguerrillero de las FARC), fue beneficiado con la libertad provisional para que retorne a Argentina.
Cabe recordar que Terrazas y Salvatierra fueron las primeras víctimas letales de los conflictos poselectorales de 2019.
La senadora de Creemos Centa Rek dijo que esas medidas reflejan el accionar de la justicia que “es nefasto y escandaloso”, porque las denuncias y los delitos cometidos aquel año son evidentes. Eso demuestra que ya no se puede acudir a la justicia, no hay confianza para que la ciudadanía encuentre justicia, remarcó.
“Creo que mejor es cerrar el Palacio de Justicia, porque es increíble que los bolivianos tengamos que tolerar acciones de esta naturaleza (...) porque esto es abuso tras abuso”, manifestó Rek a Página Siete.
Agregó que el fondo de todo esto es cambiar la historia, para eso se pretende “borrar todos los delitos que cometió el masismo y todos los correligionarios del expresidente Morales”, con el objetivo de que se diga: no hubo ilícitos ni atropellos cometidos por el MAS en 2019.
El abogado Gary Prado hizo un análisis de los procesos vinculados al MAS que se van extinguiendo y dijo no queda más que lamentarse ante el nivel de “sometimiento político” con que actúa el Ministerio Público.
“Está claro que el Ministerio Público ha decidido vestir una camiseta y no es la camiseta de la ley, es una camiseta partidaria. Eso es lamentable, porque ellos son los responsables de proteger a la sociedad cuando hay hechos criminales”, refirió el jurista.
Para el abogado, estas acciones no solo dejan en la “impunidad absoluta” las muertes de Montero y los hechos vandálicos de 2019, sino también se está socavando la democracia boliviana.
“Aquí la ley favorece al más fuerte, la aplicación de la ley es solamente para el más fuerte, a su favor, y en contra del más débil, o sea ya no estamos en una sociedad de iguales, ya no somos un Estado de Derecho”, indicó.
Otros procesos.
El expresidente Morales, exministros, dirigentes y otros integrantes del MAS también fueron procesados por diferentes ilícitos, pero una vez que Arce llega al poder recibieron fallos judiciales favorables.
En poco tiempo, la justicia emitió varios fallos a favor de exautoridades, entre ellos la anulación de la aprehensión e imputación de Evo Morales por caso audio-terrorismo; la anulación y archivo de la investigación contra Morales, el exvicepresidente Álvaro García, los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Carlos Romero y otros por el caso fraude electoral; también se anuló la orden de aprehensión contra Quintana y el exministro Javier Zavaleta por terrorismo, y se dispuso medidas sustitutivas para el dirigente cocalero Faustino Yucra en dos procesos.
Página Siete consultó al exministro Zavaleta sobre la situación del proceso en su contra y él respondió: “Lamentablemente hasta ahora no cierran (mi caso). A mí me acusaron de terrorismo, de sedición, de financiamiento al terrorismo, me libraron un mandamiento de aprehensión, por eso yo tuve que refugiarme y pedir asilo en la residencia de la Embajada de México, estuve un año ahí, mientras había en curso un mandamiento de aprehensión”.
Dijo si bien fue levantada la orden de aprehensión, pero el proceso sigue activo. La exautoridad considera que el caso debiera cerrarse porque no se ofreció ninguna prueba ni por el gobierno de Jeanine Añez ni por la Fiscalía.
La Fiscalía también emitió el sobreseimiento del entonces vicepresidente del MAS Gerardo García, procesado por el robo de un vehículo oficial, y resolución de rechazo a la denuncia contra la exministra Wilma Alanoca por el caso bombas molotov.
Además, el Ministerio Público archivó dos procesos que pesaban contra el exministro Romero por presuntos vejámenes y torturas al abogado Jorge Valda y otra por supuestos vínculos con la exejecutiva de CAMC Lorgia Fuentes.
Asimismo, se rechazó dos denuncias contra el exministro César Cocarico por la presunta creación de una Adepcoca paralela y por supuesto nepotismo.
La Fiscalía también retiró la acusación contra el exasambleísta Gustavo Torrico. Rechazó denuncias contra el expresidente del BCB Pablo Ramos; el exdirector de Agetic Nicolás Laguna; la exdiputada Lidia Patty, además se levantó el arresto domiciliario de la exministra Nemesia Achacollo.
Otros casos en la vía judicial.
Bloqueos.- La Fiscalía rechazó la denuncia contra exautoridades y dirigentes del MAS acusados de promover los bloqueos que impidieron el ingreso de alimentos, insumos médicos y oxígeno medicinal para pacientes con Covid-19 en agosto de 2020.
DGAC.- La justicia levantó la detención domiciliaria en favor del director de la DGAC, Celier Aparicio Arispe Rosas.
El Alto.- La justicia dispuso la liberación del dirigente alteño Ernesto Quispe por el caso bloqueos en la pandemia.
Fuente: Página Siete
