Ley Contra Legitimación de Ganancias Ilícitas criminaliza el intercambio financiero
El proyecto de Ley 108 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva viola principios constitucionales, “criminaliza o presume de criminales a todas las personas que usan la intermediación financiera” y ni qué decir a los ciudadanos que trabajan en el sector informal, según analistas.
La ley impulsada por el MAS afectaria al sector informal. Fotos: Internet.
Además, que la estructura de normas que arma el Movimiento Al Socialismo (MAS) es para tener control sobre la “propiedad privada”, sin descartar el uso como instrumento de persecución contra quienes considere detractores, opositores u otros, sostiene Jaime Dunn, analista experto en finanzas.
El documento, aprobado en Diputados y que la próxima semana será considerado en la Cámara de Senadores, generó una serie de reacciones de la oposición y sectores de la sociedad civil que consideran que el proyecto se constituye en un instrumento peligroso para los ciudadanos y más radical que la extinta Ley 1008.
“La (Ley) 1008 queda pequeñita comparada con los peligros que significa esta ley. La 1008 era solamente para un sector, aquí como se abarca a cualquier tema de movimiento financiero, cualquier movimiento financiero es susceptible a ser investigado, o sea ya el momento que tú vas al banco sacas 100 dólares y el cajero te pregunta de dónde es la fuente de los recursos, ya desde ese instante estás siendo cuestionado, ya estás siendo susceptible de investigación, ese cajero genera un ROC, un informe que va a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras)”, afirma Dunn.
Cuestionó el papel del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que hizo desaparecer una sentencia constitucional que declara inconstitucional los “juicios en rebeldía”, y que ahora “uno de los principios que utiliza esta ley son los juicios en rebeldía”.
“Desaparecen los dos tercios en el Legislativo e imponen mayoría, desaparece la sentencia constitucional, ahora esta ley elimina la reserva de fuentes. Para ejecutar esta ley aprueban que Fundempresa pase al Ejecutivo, también se promueve esto con Derechos Reales, y con esas dos movidas están concentrado el poder en el Ejecutivo para controlar una de las cosas más sagradas de cualquier ciudadano en un país que es la propiedad privada. Se crea un esquema donde se dice que la información que se va a perseguir sin necesidad de autorización judicial, va a ser confidencial”, cuestionó.
Inconstitucional.
Dunn agregó que este proyecto va contra principios establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).
“Viola, por ejemplo, el principio constitucional de la obtención lícita de la prueba, hoy en día si alguien presenta una prueba que ha sido recabada de manera ilícita no sirve, pero en el caso de esta ley sí sirve, más bien promueve los allanamientos sin orden judicial”, dijo.
Agregó que en el sector informal habrá “serios problemas por la forma como se está manejando esta ley (...), aquel informal que tiene su tienda en la Eloy Salmón le van a preguntar de dónde ha sacado su casa, si no tiene los recibos puede ser arrestado”.
Proyecto será tratado la próxima semana.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, informó que la próxima semana se considerará el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La Comisión de Planificación en el Senado deberá tratar el tema que es observado por distintos sectores.
“Recién se nos pasó de Diputados y lo derivaremos a la Comisión que corresponde, eso será hasta la próxima semana”, señaló el legislador a Urgente bo.
El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa a través de un tuit refiere que “La Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas vulnera los principios constitucionales y derechos fundamentales. Es otra arremetida del gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, como aparatos de represión y persecución”.
Fuente: Los Tiempos
