Avasallamiento de tierras se agrava con robo, secuestro, extorsión y amenazas
Los productores agropecuarios sindican a organizaciones afines al Gobierno de estar detrás de las ocupaciones. Hablan de delitos. Interculturales rechazan denuncias y arguyen respeto a la propiedad privada.
Productor afectado por la violenta toma organizada por afines al partido de Gobinero - La Chiquitania avasallada por masistas. Fotos: El Deber.
“Impotencia, eso es lo que siento. La justicia está ‘podrida’ y las autoridades llamadas a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada son las que filtran información de predios en proceso de saneamiento o titulación, que sufrieron recortes o que registran litigios agrarios a clanes y organizaciones afines al Gobierno. Apostamos por invertir para producir y garantizar la seguridad alimentaria, bregamos con la sequía, las heladas y ahora debemos enfrentar otro flagelo (toma de tierras), cuyos operadores extorsionan para dejar trabajar”. Así, un agricultor de Pailón Sur, que pidió no ser identificado por temor a represalias, narró lo que vivió en ‘carne propia’ cuando un grupo de hombres y mujeres, ingresaron por la fuerza a su fundo agropecuario.
Apenas ingresan empieza el calvario, porque, según dijo, condicionan cualquier actividad a cambio de la entrega de dinero. Como él se rehusó al chantaje, le impidieron fumigar sus lotes de soya y trigo, lo que impactó en el rendimiento de ambos cultivos. Cortaron la alambrada y se fugaron varios bovinos de su hato, sin contar los que ellos se faenaron -de manera abusiva- para comer.
Robaron piezas de maquinarias e insumos agrícolas y les quitaron los equipos móviles a los trabajadores para tenerlos incomunicados. “Estamos indefensos y ninguna autoridad se moviliza para castigar los delitos que cometen los invasores y traficantes de tierra”, mencionó el productor afectado.
El 18 de septiembre, en el Núcleo 53 de la comunidad El Carmen, ubicada entre el municipio de El Puente y San Julián, se registró un enfrentamientos entre interculturales y el productor Juan Montaño, en su afán de defender sus cultivos de soya y girasol resultó herido con cuatro impactos de bala.
Pascual Corma, trabajador del predio de Montaño, también recibió impactos de arma de fuego.
Por este hecho, fueron aprehendidos dos sujetos, que fueron liberados, a pesar de estar acusados por tentativa de homicidio, lesiones graves y toma ilegal de tierras.
Cabe recordar que después de este hecho, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y organizaciones sociales acordaron mesas de trabajo para buscar soluciones a la problemática de tierra y territorio.
En este marco, el director departamental del INRA, Adalberto Rojas, refirió que registraron ocho denuncias de ocupaciones, “estamos dando información de cómo están los casos y a partir de ahí haremos una agenda productiva y proactiva para consolidar la seguridad jurídica de la tierra en Santa Cruz y terminar el saneamiento en tres años”, insinuó.
En tanto que, en una entrevista a un medio televisivo cruceño, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, vertió que el 90% del área rural de Santa Cruz está titulada y tiene seguridad jurídica. Anotó que falta regularizar derecho en un 10%. “En este 10%, estamos hablando de 3,4 millones de hectáreas tierras, la mitad de esa superficie tiene litigios de controversias de sobreposición de derecho y hay que llegar a un acuerdo entre partes. Ahí va nuestro mensaje a todos los sectores. No es con violencia que se van a solucionar estos problemas de larga data. Es vía diálogo o concertación”, mencionó, al pedir no polarizar ni politizar el tema de la problemática de la tierra.
Escalada de violencia.
Para el presidente de la CAO, Óscar Mario Justiniano, desde el momento en que una persona ajena ingresa a una propiedad privada comete el delito de ‘avasallamiento’, que, en la mayoría de los casos, va acompañado de robo de insumos, de ganado, destrucción de la infraestructura productiva, así como amenazas. “En los últimos acontecimientos se puso en riesgo la vida del propietario, por agresiones con armas de fuego. Todo esto puede llevar a una escalada de violencia difícil de controlar si no se toman medidas enmarcadas en las leyes”, dijo, al insinuar que los invasores cometen delitos ambientales -desmontes y quemas sin autorización- y, si bien la norma contempla sanción penal, esta no se cumple.
A decir de Justiniano, las tomas de tierra generan un freno en la producción y, en algunos casos, se pierden cultivos, se detiene la posibilidad de preparar terrenos para producir, imposibilidad de realizar mantenimiento, labores de labranza y cosecha, se queman pastizales, se pierde ganado y todo esto pone en riesgo la seguridad alimentaria dado que se disminuye la producción de alimentos.
En opinión del presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, quienes toman tierras, extorsionan y roban a los afectados, les quitan maquinaria, insumos y vehículos, amenazan a los trabajadores, queman bosques y cazan animales de manera furtiva cometiendo varios delitos que no solo afectan a las víctimas sino a toda la región.
En esas condiciones -señaló- es muy difícil producir con tranquilidad, porque el agricultor además de luchar contra las plagas, el clima y otros factores, ahora también tiene que pensar en tener seguridad para su campo. “Si no se castigan las ocupaciones se corre el riego de que este delito se extienda y la gente produzca lo justo para cumplir con la Función Económica Social. ¿Qué productor va invertir en riego, maquinaria de punta, mejorar sus instalaciones y que mañana alguien ingrese a su propiedad? Nadie lo protege. El riesgo es que se produzca menos y se tenga que importar más alimentos”, precisó Flores.
Niegan sindicaciones.
Sobre la acusación de que los interculturales están detrás de las tomas de tierras, Marco Miranda, dirigente de ese sector, descalificó la versión arguyendo que ellos respetan la propiedad privada y que es otra organización social la que incurre en ocupaciones de predios agropecuarios.
Nuevas formas de delitos.
Según el abogado especialista en derecho agroambiental y desarrollo rural, Fernando Asturizaga, la falta de sanción efectiva a los ‘tomatierra’ ha reproducido otros mecanismos como las amenazas o la extorsión. Se conocen varios casos -dijo- donde grupos irregulares amenazan con ingresar a predios en época de cosecha y a cambio de recursos económicos, se convierten en ‘guardianes’ del predio. Se reportan también casos tipo ‘secuestro express’ de insumos y maquinaria, que, para devolverla al propietario, se tiene que pagar.
Además de estas nuevas formas de delito en el campo, Asturizaga menciona que las tomas de tierras vienen aparejadas de otros delitos, como corrupción en la función pública, robo, daño calificado, asociación delictuosa, extorsión, amenazas, tenencia ilegal de armas, lesiones o incluso tentativa de asesinato. “Recientemente, un productor fue herido con arma de fuego y tiene un pronóstico médico reservado”, indicó.
Insiste en que la falta de sanción a los ‘tomatierra’ ahuyenta las inversiones en el campo y no atraen mejor tecnología porque los ocupantes dañan la maquinaria del productor, queman sus cortinas rompe-viento, sus cultivos, matan el ganado, etc. “A menor inversión menores rendimientos, y a menores rendimientos, falta de alimento para la población boliviana”, apuntó Asturizaga.
Fuente: El Deber
