Beneficiarios dan por cerrado el desfalco del Fondioc; la Fiscalía no
Marco Aramayo enfrentó procesos legales en juzgados de todo el país. El Ministerio Público presentó un balance después de la muerte del exdirector del Fondo Indígena. Existen 31 casos listos para el juicio.
Nemesia Achacollo, involucrada en el millonario desfalco al Fondo Indígena. Fotos: Internet.
El millonario desfalco del Fondo Indígena (Fondioc) es un asunto “del pasado” para varios exdirigentes que accedieron o administraron a esos recursos, pero la Fiscalía tiene otros datos. Ayer salió al frente para mostrarlos e informó que, después de siete años de pesquisas, el caso sigue vigente, pues 400 personas aún deben responder en los estrados judiciales por varios delitos.
Fue el fiscal de La Paz, William Alave, el primero en entregar esa información, pero lo hizo luego de la muerte en prisión de Marco Antonio Aramayo, el exdirector del Fondioc que había denunciado este caso de corrupción que estalló en 2015 cuando se develó que algo más de Bs 700 millones habían ido a parar a cuentas privadas de dirigentes sociales del MAS y próximos a Evo Morales.
En Sucre, el secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe, afirmó que hay 31 procesos “listos para un juicio “oral y contradictorio”. Entregó detalles precisos sobre los procesos planteados contra el exdirector del Fondioc, pero lo hizo mientras su familia lo estaba velando en Santa Cruz.
Por su lado, Juanita Ancieta, quien fue una de las personas que estuvo implicada en el caso, es asambleísta departamental por Cochabamba y fue designada como gobernadora interina por siete días. El gobernador de ese departamento, Humberto Sánchez, viajará a Austria para viabilizar proyectos para su región.
“Lo que está vigente es el patriarcado, pues algunas autoridades se preocupan de dañar la imagen de las mujeres. Eso (el desfalco) en su debido momento la justicia ya se ha encargado y, si tienen tiempo, pueden pasar a revisar”, desafió Juanita Ancieta.
Ante la insistencia de los periodistas, la gobernadora interina de Cochabamba remarcó: “Me gustaría que demuestren alguna prueba. Somos responsables. Yo he cumplido en su debido tiempo. Eso me toca aclarar, porque eso (el caso del Fondo Indígena) ya pasó. Todas las acusaciones, en su debido tiempo, ya se ha informado y eso ya pasó. Al final de cuentas eso fue fregado, pero se ha cumplido con la justicia”, insistió y evitó dar mayores detales sobre los actuados a los que compareció.
Antes de llegar a la Asamblea Departamental de Cochabamba, Juanita Ancieta fue dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y, en esa condición, accedió, junto a varios representantes del conglomerado social que sustenta al MAS, al directorio del Fondo Indígena.
Aramayo reveló en diciembre de 2015, cuando ya estaba detenido, que ella y Rodolfo Machaca, pudieron haber obtenido Bs 300.000 para organizar los actos en los que Evo Morales recibió en enero de 2015 los símbolos del poder andino en Tiahuanaco.
Machaca también fue parte del directorio de la entidad y ayer dijo, en una breve declaración, que este caso “ya está cerrado con todos los descargos en la justicia” y luego colgó el celular.
EL DEBER también buscó los criterios de Adalid Carvajal de los Interculturales y de Flora Aguilar, la actual líder de Bartolinas, pero sus móviles estaban desactivados.
El Fondo Indígena fue creado a partir de la Ley los Hidrocarburos (IDH) para financiar proyectos de desarrollo en las comunidades.
Cuando fue ministro de Economía Luis Arce, quien ahora es el presidente del país, aprobó la resolución con la que Aramayo llegó al cargo en 2013. En las denuncias que sustanció ante el Ministerio Público, Aramayo señaló que los recursos se desviaron a 1.100 cuentas privadas a exigencia del directorio del Fondo Indígena, presidido primero por Julia Ramos y luego por Achacollo, cuando fueron ministras de Desarrollo Rural. Ambas están con arresto domiciliario.
Antes de ser detenido, Aramayo pidió la intervención de la Contraloría General del Estado en 157 proyectos que tenían observaciones o eran “fantasmas”, pero esa entidad no pudo responder sino hasta finales de 2016. Pero, los procesos legales se iban sumando en contra del exdirector, un nativo de Cuevo que llegó al Fondioc de la mano de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc).
Desde Sucre, Quispe también rechazó que existan 256 casos, como hace un mes lo denunció el propio Aramayo. Precisó que existían 95 procesos de los que 36 fueron cerrados. “Tenemos un total de 59 procesos activos”, apuntó y defendió el trabajo de su institución, pero en el contexto de las denuncias de abusos que pudieron haberse producido contra el fallecido exdirector del Fondo Indígena que denunció el millonario desfalco, uno de los casos de corrupción más graves que ocurrieron en la era del MAS, según juristas como Paul Coca, especialista en el análisis político.
Pero Quispe, además, informó que Aramayo tenía tres sentencias condenatorias que debía cumplir en Tarija, Santa Cruz y Oruro por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al estado por penas de entre tres a ocho años. La defensa planteó, precisamente, su liberación, pues el exfuncionario ya estaba siete años tras las rejas.
“Son procesos complejos porque son delitos que tienen bastante contenido financiero y económico, por lo tanto, se deben hacer pericias y estudios minuciosos en cuanto a la forma del manejo económico que se tuvo en el Fondo Indígena”, afirmó el secretario de la Fiscalía General, respecto a lo que sigue: “No solamente ha sido Aramayo. En esta misma situación de detención preventiva se encontraba la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo y otras personalidades como el actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori. De los 59 procesos, más o menos, tenemos por cada uno un promedio de tres a cuatro personas involucradas”.
Alave, en La Paz, también corroboró esa dificultad y sumó otra, pues varios de los implicados desaparecieron o no fueron encontrados. “Son 400 personas que han administrado los recursos y ya tenemos acusaciones. Es evidente que en otros casos no se ha podido concluir con las investigaciones debido a que estas personas no han sido habidas en su momento”, afirmó el fiscal.
Respecto a estos percances y la demora de las investigaciones en el caso del Fondo Indígena, el Consejo de la Magistratura, la entidad que trabaja en el control disciplinario de jueces, descargó su responsabilidad y señaló al Ministerio Público. “No somos quienes iniciamos los procesos penales, nosotros como autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de la magistratura y la judicatura boliviana, vemos lo que hacen nuestros jueces penales y es el control jurisdiccional del cumplimiento de garantías que se tienen. Quienes llevan adelante los procesos, quienes impulsan, seguramente basados en normas legales han sido los miembros del Ministerio Público”, enfatizó ayer el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina.
Empero, Molina dijo que su entidad realizara un proceso de relevamiento de información sobre el caso de Marco Aramayo. La autoridad no quiso dar más detalles “por respeto a la familia”.
En La Paz, legisladores del oficialismo y autoridades pasaron a la ofensiva. El ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó el martes el proceder poco humano de las autoridades jurisdiccionales y ayer Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, lamentó que la “la oposición haya politizado un tema tan sensible”.
Los líderes de la oposición, Carlos Mesa (CC) y Luis Fernando Camacho (Creemos) cuestionaron la falta de independencia judicial. Ni Evo Morales ni el presidente Luis Arce hablaron de este caso.
Eso sí. En Santa Cruz hubo una protesta ciudadana en las puertas de la Fiscalía del departamento.
Sepelio.
Los restos de Aramayo fueron trasladado a Santa Cruz y hoy será enterrado. Su familia lo recordó ayer con cariño durante el velorio que tuvo lugar en el salón la Cruceñita.
Fuente: El Deber
