Diputados aprueba en detalle cambios al PGE 2017 para transferencias por Bs 1.269 millones
El Proyecto también autoriza al BCB otorgar un crédito extraordinario de casi 93,5 millones de bolivianos para que continúe con la construcción e implementación de la segunda fase del sistema de transporte por cable de las ciudades de La Paz y El Alto.
Foto: Diputados
(ANF).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles, en su etapa en detalle, el Proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2017, que consigna la transferencia de Bs 1.269 millones a las entidades territoriales autónomas y a las universidades públicas del país, de un presupuesto adicional agregado de Bs 2.145.109.380.
“En el presupuesto tenemos que la administración central está incrementando 458 millones de bolivianos, las entidades descentralizadas 260 millones de bolivianos y las administraciones departamentales 1.269 millones; en estas administraciones departamentales están municipios, gobernaciones y las universidades públicas”, detalló el ministro de Economía, Mario Guillén, cuando el pleno aprobó en grande el Proyecto, según cita la unidad de comunicación de la Cámara Baja.
El documento, en su Artículo 12, señala que “a efecto de garantizar la ejecución de la inversión pública en los Gobiernos Autónomos Departamentales, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), transferir recursos de acuerdo a disponibilidad financiera, previa evaluación”.
En ese sentido, condiciona esta transferencia de recursos a dos casos específicos: “En los Gobiernos Autónomos Departamentales que en el primer semestre del 2016 presenten una ejecución en inversión por encima del 50% y/o hayan obtenido certificación en la cual los indicadores de Servicio de la Deuda y/o Valor Presente de la Deuda superen el 15% y/o 150%, respectivamente”.
El segundo caso es para los Gobiernos Autónomos Departamentales que no hayan recibido recursos del Fondo de Compensación Departamental provenientes del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) en los últimos tres años y que no sean productores de hidrocarburos.
Asimismo, el Proyecto de Ley, en su Artículo 6, señala que el Ministerio de Economía, a través del TGN, y de acuerdo a disponibilidad financiera y previa evaluación, podrá otorgar una subvención extraordinaria a las universidades públicas, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera.
“Hay universidades que son bastante grandes, que tienen dinero en caja y bancos, que no necesitan de la ayuda, pero hay universidades más pequeñas que sí necesitan algún presupuesto adicional; nos hemos estado reuniendo con ellas y viendo cuáles son sus necesidades, y en función de ello vamos a poder atender, de acuerdo a las posibilidades del Tesoro para atender en alguna medida sus necesidades”, añadió Guillén.
El Proyecto también autoriza al Banco Central de Bolivia a otorgar un crédito extraordinario de casi 93,5 millones de bolivianos para que continúe con la construcción e implementación de la segunda fase del sistema de transporte por cable de las ciudades de La Paz y El Alto.
Guillén explicó que cada año se hace la reformulación del PGE de acuerdo a los nuevos ingresos con los que cuenta el Estado, que en este caso son más de 2.089 millones de bolivianos, provenientes de caja y bancos que no fueron ejecutados en pasadas gestiones por los gobiernos autónomos del país.
“En el presupuesto tenemos que la administración central está incrementando 458 millones de bolivianos, las entidades descentralizadas 260 millones de bolivianos y las administraciones departamentales 1.269 millones; en estas administraciones departamentales están municipios, gobernaciones y las universidades públicas”, detalló el ministro de Economía, Mario Guillén, cuando el pleno aprobó en grande el Proyecto, según cita la unidad de comunicación de la Cámara Baja.
El documento, en su Artículo 12, señala que “a efecto de garantizar la ejecución de la inversión pública en los Gobiernos Autónomos Departamentales, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), transferir recursos de acuerdo a disponibilidad financiera, previa evaluación”.
En ese sentido, condiciona esta transferencia de recursos a dos casos específicos: “En los Gobiernos Autónomos Departamentales que en el primer semestre del 2016 presenten una ejecución en inversión por encima del 50% y/o hayan obtenido certificación en la cual los indicadores de Servicio de la Deuda y/o Valor Presente de la Deuda superen el 15% y/o 150%, respectivamente”.
El segundo caso es para los Gobiernos Autónomos Departamentales que no hayan recibido recursos del Fondo de Compensación Departamental provenientes del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) en los últimos tres años y que no sean productores de hidrocarburos.
Asimismo, el Proyecto de Ley, en su Artículo 6, señala que el Ministerio de Economía, a través del TGN, y de acuerdo a disponibilidad financiera y previa evaluación, podrá otorgar una subvención extraordinaria a las universidades públicas, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera.
“Hay universidades que son bastante grandes, que tienen dinero en caja y bancos, que no necesitan de la ayuda, pero hay universidades más pequeñas que sí necesitan algún presupuesto adicional; nos hemos estado reuniendo con ellas y viendo cuáles son sus necesidades, y en función de ello vamos a poder atender, de acuerdo a las posibilidades del Tesoro para atender en alguna medida sus necesidades”, añadió Guillén.
El Proyecto también autoriza al Banco Central de Bolivia a otorgar un crédito extraordinario de casi 93,5 millones de bolivianos para que continúe con la construcción e implementación de la segunda fase del sistema de transporte por cable de las ciudades de La Paz y El Alto.
Guillén explicó que cada año se hace la reformulación del PGE de acuerdo a los nuevos ingresos con los que cuenta el Estado, que en este caso son más de 2.089 millones de bolivianos, provenientes de caja y bancos que no fueron ejecutados en pasadas gestiones por los gobiernos autónomos del país.
Fuente: ANF