El Estado destinó Bs 300 millones a la CPE y al 21F
La senadora del MAS Nélida Sifuentes asegura que “la oposición sale a satanizar (su recurso)” y que nunca plantearon reformar el texto constitucional.
El Estado destinó más de 300 millones de bolivianos para la redacción, aprobación y ratificación de la Constitución Política del Estado (CPE). Analistas consideran que el masismo "echa al tacho” esos recursos al interponer ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el recurso que busca la reelección indefinida del presidente Evo Morales.
Datos oficiales e información recabada a través de una revisión hemerográfica dan cuenta de que el Estado destinó 49 millones de bolivianos para la elección de constituyentes y el proceso autonómico (referéndum del 2 de julio de 2006). Para la instalación, debate y redacción de la nueva Carta Magna se invirtieron más de 60 millones de bolivianos. Mientras que para el referendo aprobatorio del nuevo texto constitucional (25 de enero de 2009) el Gobierno designó 78,9 millones de bolivianos.
El 21 de febrero de 2016 se llevó adelante el denominado referéndum constitucional, en el que el MAS planteó la reforma parcial de la Constitución. Entonces se puso en consideración cambiar el artículo 168, que hace referencia a los tiempos de mandato y las veces en las que el Presidente y Vicepresidente pueden presentarse a la reelección (una sola vez de manera continua). No obstante, el 51% dijo "No” y ratificó aquel artículo de la CPE. Para ese proceso electoral el Estado desembolsó 153 millones de bolivianos.
El lunes pasado, el masismo presentó un recurso ante el TCP para que declare la "inaplicabilidad” de cuatro artículos de la Constitución, uno de ellos el artículo 168.
En criterio de Jorge Lazarte, exvocal de la Corte Nacional Electoral, ahora Tribunal Supremo Electoral, el Estado estaría "despilfarrando” recursos si el TCP emite un fallo conforme a los intereses del oficialismo; además que si ocurre aquello esa institución "rifará” la voluntad del 51% de los bolivianos que dijo "No” a la reelección.
"Muchas votaciones serían inútiles; es lo que pasará con el referendo del 21 de febrero. Se hace votar a la población con todos los gastos financieros para finalmente no tomar en cuenta el resultado, entonces no solamente se gasta dinero”, sostuvo Lazarte, quien lamentó que el Estado pierda recursos por la insistencia del masismo por habilitar a Morales.
Al respecto, la analista Erika Brockmann afirmó que "desde el punto de vista económico obviamente estamos ingresando en una irracionalidad absoluta”, porque al consolidarse la intención del MAS -de desconocer el 21F- esos recursos se hubieran invertido mejor en salud y educación.
No obstante, dijo que "la democracia participativa cuesta” y que "esa democracia” fue demandada por el pueblo desde el 2000, cuando se incorporó el referendo, pues la consulta popular permite complementar y reforzar la legitimidad de las decisiones políticas que toma el país, el soberano.
"Como bolivianos estamos dispuestos a bancarnos estos costos para hacer la consulta popular porque vale la pena hacerlo, pero el desconocer aquello es irresponsable porque está trasladando a magistrados que no tienen competencia para transformar y declarar la incostitucionalidad de una Constitución, es un razonamiento absurdo”, manifestó Brockmann.
La jefa de bancada del MAS, la senadora Nélida Sifuentes, aseguró que se está respetando el resultado del 21F y que simplemente ese frente político solicitó al TCP que se respeten los derechos humanos establecidos en convenios y tratados internacionales.
"La oposición simplemente sale a satanizar, nosotros en ningún momento planteamos que se modifique la Constitución”, afirmó Sifuentes, quien considera que el 21 de febrero de 2016 ganó el "No” porque los bolivianos cayeron en las mentiras de la derecha.
En respuesta, el constitucionalista José Antonio Rivera señaló que el recurso del masismo tiene por finalidad anular los límites de mandato, burlando la voluntad soberana del pueblo.
Una CPE que se construyó desde 2006
Datos oficiales e información recabada a través de una revisión hemerográfica dan cuenta de que el Estado destinó 49 millones de bolivianos para la elección de constituyentes y el proceso autonómico (referéndum del 2 de julio de 2006). Para la instalación, debate y redacción de la nueva Carta Magna se invirtieron más de 60 millones de bolivianos. Mientras que para el referendo aprobatorio del nuevo texto constitucional (25 de enero de 2009) el Gobierno designó 78,9 millones de bolivianos.
El 21 de febrero de 2016 se llevó adelante el denominado referéndum constitucional, en el que el MAS planteó la reforma parcial de la Constitución. Entonces se puso en consideración cambiar el artículo 168, que hace referencia a los tiempos de mandato y las veces en las que el Presidente y Vicepresidente pueden presentarse a la reelección (una sola vez de manera continua). No obstante, el 51% dijo "No” y ratificó aquel artículo de la CPE. Para ese proceso electoral el Estado desembolsó 153 millones de bolivianos.
El lunes pasado, el masismo presentó un recurso ante el TCP para que declare la "inaplicabilidad” de cuatro artículos de la Constitución, uno de ellos el artículo 168.
En criterio de Jorge Lazarte, exvocal de la Corte Nacional Electoral, ahora Tribunal Supremo Electoral, el Estado estaría "despilfarrando” recursos si el TCP emite un fallo conforme a los intereses del oficialismo; además que si ocurre aquello esa institución "rifará” la voluntad del 51% de los bolivianos que dijo "No” a la reelección.
"Muchas votaciones serían inútiles; es lo que pasará con el referendo del 21 de febrero. Se hace votar a la población con todos los gastos financieros para finalmente no tomar en cuenta el resultado, entonces no solamente se gasta dinero”, sostuvo Lazarte, quien lamentó que el Estado pierda recursos por la insistencia del masismo por habilitar a Morales.
Al respecto, la analista Erika Brockmann afirmó que "desde el punto de vista económico obviamente estamos ingresando en una irracionalidad absoluta”, porque al consolidarse la intención del MAS -de desconocer el 21F- esos recursos se hubieran invertido mejor en salud y educación.
No obstante, dijo que "la democracia participativa cuesta” y que "esa democracia” fue demandada por el pueblo desde el 2000, cuando se incorporó el referendo, pues la consulta popular permite complementar y reforzar la legitimidad de las decisiones políticas que toma el país, el soberano.
"Como bolivianos estamos dispuestos a bancarnos estos costos para hacer la consulta popular porque vale la pena hacerlo, pero el desconocer aquello es irresponsable porque está trasladando a magistrados que no tienen competencia para transformar y declarar la incostitucionalidad de una Constitución, es un razonamiento absurdo”, manifestó Brockmann.
La jefa de bancada del MAS, la senadora Nélida Sifuentes, aseguró que se está respetando el resultado del 21F y que simplemente ese frente político solicitó al TCP que se respeten los derechos humanos establecidos en convenios y tratados internacionales.
"La oposición simplemente sale a satanizar, nosotros en ningún momento planteamos que se modifique la Constitución”, afirmó Sifuentes, quien considera que el 21 de febrero de 2016 ganó el "No” porque los bolivianos cayeron en las mentiras de la derecha.
En respuesta, el constitucionalista José Antonio Rivera señaló que el recurso del masismo tiene por finalidad anular los límites de mandato, burlando la voluntad soberana del pueblo.
Una CPE que se construyó desde 2006
- Constituyentes.- El 2 de julio de 2006 se llevó adelante la elección de constituyentes y la realización simultánea del Referéndum sobre Autonomías Departamentales.
- CPE.- El 25 de enero de 2009 se llevó a cabo la consulta que refrendó el nuevo texto de la Constitución Política del Estado. El 7 de febrero de ese año el presidente Evo Morales promulgó la Carta Magna.
- Ratificación.- El 21 de febrero de 2016 se llevó adelante el denominado referéndum constitucional, en el que el 51% del electorado rechazó la propuesta de reforma del masismo.
Elecciones Desde la consulta de 2006 (elección de constituyentes y referendo), el Estado ha invertido en cinco referendos alrededor de 400 millones de bolivianos.
Punto de vista
Arturo yañez CORTES Constitucionalista
No sólo se vota al tacho el dineroDe conocer la intención del MAS de inicio, el dinero que se destinó incluso del referendo del 21 de febrero se hubiera destinado a temas importantes como la salud y educación.
Pero más allá de eso, de que el dinero se va al tacho, está el tema político y el respeto a la decisión del soberano de la que tanto hablan los masistas.
Fue el régimen masista que pidió al Tribunal Constitucional emita un fallo por el cual da vía para que se realice el referendo del 21F, incluso en la papeleta estuvo una pregunta específica sobre el artículo 168 de la Constitución.
El resultado de ese referendo es que el MAS ha perdido, pese a todo el aparato estatal que movió para promover el Sí a la reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
Entonces, el MAS no puede forzar a que los magistrados, que además no tienen el menor grado de legitimidad porque en las elecciones judiciales de 2011 obtuvieron la votación mínima, desconozcan la decisión del soberano.
Esta acción del oficialismo es absurda, más aún cuando se ampara en el Pacto de San José de Costa Rica, norma que han vulnerado en estos más de 11 años de gobierno.
Los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos es para proteger a la persona no al presidente Morales.
Fuente: Página Siete - Beatriz Layme / La Paz
Punto de vista
Arturo yañez CORTES Constitucionalista
No sólo se vota al tacho el dineroDe conocer la intención del MAS de inicio, el dinero que se destinó incluso del referendo del 21 de febrero se hubiera destinado a temas importantes como la salud y educación.
Pero más allá de eso, de que el dinero se va al tacho, está el tema político y el respeto a la decisión del soberano de la que tanto hablan los masistas.
Fue el régimen masista que pidió al Tribunal Constitucional emita un fallo por el cual da vía para que se realice el referendo del 21F, incluso en la papeleta estuvo una pregunta específica sobre el artículo 168 de la Constitución.
El resultado de ese referendo es que el MAS ha perdido, pese a todo el aparato estatal que movió para promover el Sí a la reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
Entonces, el MAS no puede forzar a que los magistrados, que además no tienen el menor grado de legitimidad porque en las elecciones judiciales de 2011 obtuvieron la votación mínima, desconozcan la decisión del soberano.
Esta acción del oficialismo es absurda, más aún cuando se ampara en el Pacto de San José de Costa Rica, norma que han vulnerado en estos más de 11 años de gobierno.
Los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos es para proteger a la persona no al presidente Morales.
Fuente: Página Siete - Beatriz Layme / La Paz
