El TCP falla contra Yungas y legaliza la coca del Chapare
La sala plena de este tribunal consideró que no es ilegal permitir el cultivo de coca en áreas no tradicionales, como es el caso del trópico cochabambino.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia contraria a la acción impulsada por la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) que pretendía declarar inconstitucionales tres artículos de la Ley General de la Coca 906. Estos, según la organización de los Yungas, beneficiaban sobre todo a los cocaleros del Chapare.
"La sala plena del TCP resuelve declarar la constitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca 906 de acuerdo a los fundamentos vertidos precedentemente”, señala el fallo que salió el 12 de octubre de este año.
"La sala plena del TCP resuelve declarar la constitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca 906 de acuerdo a los fundamentos vertidos precedentemente”, señala el fallo que salió el 12 de octubre de este año.
La última marcha de Adepcoca en rechazo a la Ley 960. Foto:Alexis Demarco / Página Siete
Esto afecta las pretensiones de la Adepcoca que desde hace meses cuestionaron la Ley 906. Este sector considera que la producción de la hoja no debería permitirse en el trópico cochabambino por ser un área no tradicional ni ancestral de cultivo.
El 18 de marzo de este año el presidente Evo Morales, quien a la vez es dirigente de los cocaleros del Chapare, entregó la norma cuestionada a sus bases. Como antecedente quedaba las marchas, bloqueos, enfrentamientos y protestas realizadas por los cocaleros yungueños que se oponían a la distribución de hectáreas que había hecho el Gobierno.
Al ver que sus reclamos no tuvieron efecto, en abril Adepcoca acudió a legisladores opositores para plantear dos acciones de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 15, 16 y 17 de la ley. Básicamente se oponían a legalizar el cultivo en zonas no ancestrales, la mayoría de éstas ubicadas en el trópico.
Se argumentó que esos artículos iban en contra de la Constitución Política del Estado, la Convención Única de Estupefaciente (1961) y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988).
Después de admitir las demandas, el TCP dio la oportunidad al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, para manifestar su posición sobre la ley observada. La autoridad explicó que no se afectaba en nada la Constitución y pidió que se declare como constitucionales los tres artículos señalados en las demandas.
Después de un análisis de lo expuesto por ambas partes los magistrados fallaron en favor de García Linera. Ésta fue una de las últimas acciones de las autoridades del TCP, que pronto serán reemplazadas con los designados en las elecciones judiciales.
Los antecedentesCantidad.- La Ley 906 establece la posibilidad de cultivar hasta 22.000 hectáreas de coca en el país. De éstas 14.300 en el departamento de La Paz y 7.700 en el trópico de Cochabamba.
El 18 de marzo de este año el presidente Evo Morales, quien a la vez es dirigente de los cocaleros del Chapare, entregó la norma cuestionada a sus bases. Como antecedente quedaba las marchas, bloqueos, enfrentamientos y protestas realizadas por los cocaleros yungueños que se oponían a la distribución de hectáreas que había hecho el Gobierno.
Al ver que sus reclamos no tuvieron efecto, en abril Adepcoca acudió a legisladores opositores para plantear dos acciones de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 15, 16 y 17 de la ley. Básicamente se oponían a legalizar el cultivo en zonas no ancestrales, la mayoría de éstas ubicadas en el trópico.
Se argumentó que esos artículos iban en contra de la Constitución Política del Estado, la Convención Única de Estupefaciente (1961) y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988).
Después de admitir las demandas, el TCP dio la oportunidad al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, para manifestar su posición sobre la ley observada. La autoridad explicó que no se afectaba en nada la Constitución y pidió que se declare como constitucionales los tres artículos señalados en las demandas.
Después de un análisis de lo expuesto por ambas partes los magistrados fallaron en favor de García Linera. Ésta fue una de las últimas acciones de las autoridades del TCP, que pronto serán reemplazadas con los designados en las elecciones judiciales.
Los antecedentesCantidad.- La Ley 906 establece la posibilidad de cultivar hasta 22.000 hectáreas de coca en el país. De éstas 14.300 en el departamento de La Paz y 7.700 en el trópico de Cochabamba.
Cambio.- La norma incrementa el límite permitido de cultivos que hasta hace poco, con la Ley 1008, era de 12.000 hectáreas. El argumento es que creció la demanda para el consumo y se abre un nuevo mercado de industrialización.
Producción.- Con la nueva distribución de hectáreas, Cochabamba producirá casi la misma cantidad de coca que La Paz, pues aunque tiene menos hectáreas las tierras rinden hasta el doble.
Dirigentes alistan una reunión de emergencia en Villa Fátima.
Dirigentes alistan una reunión de emergencia en Villa Fátima.
Después de enterarse de la sentencia emitida por el TCP en su contra, los dirigentes cocaleros de los Yungas acordaron una reunión de emergencia para hoy en la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en Villa Fátima. Allí discutirán la posición y acciones a tomar.
"Estamos reuniéndonos de emergencia en nuestra sede, los dirigentes de las 17 regionales de los Yungas más la directiva de Adepcoca. Posiblemente después de esto, nuestro presidente dé a conocer de forma oficial nuestra posición y las acciones que asumiremos”, informó ayer en un breve contacto telefónico el vicepresidente de la asociación, Gregorio Chamiso.
Explicó que aún no fueron notificados de forma oficial con el fallo del TCP, pero tuvieron conocimiento del mismo la tarde de ayer.
Página Siete intentó contactarse también con el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, y con alguno de los legisladores que presentaron las acciones de inconstitucionalidad abstracta para conocer sus posiciones sobre la sentencia; sin embargo no se tuvo éxito.
Anteriormente Gutiérrez manifestó que de ser necesario acudirían a organismos internacionales para lograr que la Ley 906 quede sin efecto, pues consideran que es un "regalo” del Gobierno para los cocaleros del trópico cochabambino, que va en desmedro de sus intereses de conseguir una mayor extensión de cultivos en su región y captar un mercado más grande.
"¿Dónde va la coca que producen en el trópico?, eso habría que preguntar. Nadie consume, aquí en Bolivia lo que se consume es lo que producimos en los Yungas, eso todos lo saben, ¿entonces para qué legalizan miles de hectáreas en esa región?”, cuestionó Gutiérrez antes de la última marcha que realizaron el 10 de octubre en la sede de Gobierno, en rechazo de la Ley 906.
Desde el Gobierno se indicó que el límite de hectáreas aprobado con la nueva norma se basa en estudios internos que consideraron el incremento de la demanda para el consumo interno y una proyección de la cantidad que hará falta para industrializar la hoja y exportar productos a los países vecinos. Se aseguró que los reclamos de Adepcoca sólo tienen afanes políticos.
Fuente: Página Siete
"Estamos reuniéndonos de emergencia en nuestra sede, los dirigentes de las 17 regionales de los Yungas más la directiva de Adepcoca. Posiblemente después de esto, nuestro presidente dé a conocer de forma oficial nuestra posición y las acciones que asumiremos”, informó ayer en un breve contacto telefónico el vicepresidente de la asociación, Gregorio Chamiso.
Explicó que aún no fueron notificados de forma oficial con el fallo del TCP, pero tuvieron conocimiento del mismo la tarde de ayer.
Página Siete intentó contactarse también con el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, y con alguno de los legisladores que presentaron las acciones de inconstitucionalidad abstracta para conocer sus posiciones sobre la sentencia; sin embargo no se tuvo éxito.
Anteriormente Gutiérrez manifestó que de ser necesario acudirían a organismos internacionales para lograr que la Ley 906 quede sin efecto, pues consideran que es un "regalo” del Gobierno para los cocaleros del trópico cochabambino, que va en desmedro de sus intereses de conseguir una mayor extensión de cultivos en su región y captar un mercado más grande.
"¿Dónde va la coca que producen en el trópico?, eso habría que preguntar. Nadie consume, aquí en Bolivia lo que se consume es lo que producimos en los Yungas, eso todos lo saben, ¿entonces para qué legalizan miles de hectáreas en esa región?”, cuestionó Gutiérrez antes de la última marcha que realizaron el 10 de octubre en la sede de Gobierno, en rechazo de la Ley 906.
Desde el Gobierno se indicó que el límite de hectáreas aprobado con la nueva norma se basa en estudios internos que consideraron el incremento de la demanda para el consumo interno y una proyección de la cantidad que hará falta para industrializar la hoja y exportar productos a los países vecinos. Se aseguró que los reclamos de Adepcoca sólo tienen afanes políticos.
Fuente: Página Siete
