En 3 años, Fiscalía no recupera dinero del desfalco en el Fondioc
El Ministerio Público excluyó del caso a Felipa Huanca, quien figura como responsable de proyectos, según la Contraloría. Tampoco convocó a declarar a ministros.
Edificio donde funcionaba ex Fondo Indígena en el centro de La Paz. Foto:APG
El caso del Fondo Indígena se destapó hace tres años, el 12 de febrero de 2015. No obstante, a la fecha el Ministerio Público no recuperó todo el dinero del millonario desfalco en la entidad indígena ni presentó la acusación formal.
En febrero de 2015, el entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos inconclusos y fantasmas que recibieron recursos del Fondo Indígena.
Seis meses después, la interventora en la entidad reportó un presunto daño de más de 102,2 millones de bolivianos por 743 proyectos, de los cuales 30 eran fantasma, esto en el periodo de 2009 hasta 2014.
En febrero de 2016, Lariza Fuentes, quien fue interventora y luego liquidadora del Fondo Indígena, informó que logró recuperar al menos 20 millones de bolivianos.
En aquella oportunidad, Fuentes recordó que los recursos económicos retornados eran parte los 729.132.136 de bolivianos que fueron dispuestos para la ejecución de 1.100 proyectos aprobados en todo el país y clasificados como vigentes y no vigentes.
El diputado y querellante en el caso Fondo Indígena, Rafael Quispe, dijo que si bien se recuperaron 20 millones de bolivianos, no sucedió lo mismo con el Ministerio Público que “a la fecha no rescató un centavo”. La Fiscalía inició las pesquisas en marzo de 2015.
Héctor Castellón, abogado del exdirector del Fondo Indígena Marco Aramayo, explicó que los recursos recuperados ya fueron gastados por la interventora y liquidadora, debido a que emplearon más de 20 millones de bolivianos en la contratación de personal, abogados y desplazamiento de técnicos para verificar los proyectos.
“La intervención sólo fue una pantomima de una investigación porque no ha colaborado nada, ha iniciado 86 juicios penales en diferentes regiones del país olvidando varios aspectos, por ejemplo, si es responsabilidad administrativa, la responsabilidad por gestión”, explicó Castellón, quien agregó que su cliente, Aramayo, afronta procesos por proyectos aprobados en la gestión de los exdirectores Elvira Parra y Daniel Zapata, quien está profugo de la justicia.
“Cada vez nos dan la razón. No recuperarán nada de los recursos porque el Gobierno utilizó para comprar la conciencia de los dirigentes”, dijo Quispe, quien sostuvo que el monto del millonario desfalco cada vez se incrementa, dado que el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) envió a la vía penal un total de 132 procesos por 265 proyectos, incluidos los de la Contraloría, hecho que genera que el monto del daño económico ascienda a 121 millones de bolivianos.
El total del daño económico en el Fondo Indígena sería de 223 millones de bolivianos. En esa línea, Castellón dijo que “el Ministerio Público no va a tener la capacidad de investigar el caso del Fondo Indígena” porque hasta la fecha no hay una auditoria que defina el total del daño económico e identifique qué proyectos son los “irregulares”.
A esa problemática -dijo Quispe- se debe agregar que a más de tres años la Fiscalía tampoco presentó la acusación formal y el caso “aún sigue en la etapa preliminar de la investigación”.
Los exonerados
El diputado Quispe informó que “el único trabajo que realizó la Fiscalía” fue exonerar del caso a Felipa Huanca, la exejecutiva de las Bartolinas de La Paz.
“Han excluido de las investigaciones a Felipa Huanca para que el proceso contra Rafael Quispe prospere, para que digan que Rafael mintió al decir que Huanca tiene cerca de un millón en bienes”, manifestó el legislador.
La Contraloría General del Estado informó que Huanca figura como representante legal y beneficiaria de un proyecto del Fondo Indígena que no fue ejecutado o que no fue concluido.
El proyecto “Ayni productivo de Bartolina Sisa”, con código CNMC-03-02-2012, tenía un plazo de ejecución de seis meses, por un monto de 140.947 bolivianos. Se hizo un primer desembolso de 99.528 y quedó pendiente para transferencia 41.419 bolivianos, es decir un 29,39%.
También serán librados de culpa -dijo Quispe- los exministros que formaron parte del directorio del Fondo Indígena.
En criterio de Castellón, “sólo buscan satanizar a Aramayo y olvidarse de los exministros que están involucrados, como es el caso de Luis Arce y otros”, que aprobaron proyectos junto a las organizaciones sociales que fueron parte del Fondo Indígena.
El objetivo principal de la Fiscalía -dijo Quispe- es cerrar el caso “por temas políticos” antes del 2019, porque el Fondo Indígena y el caso Gabriela Zapata afectaron la imagen del Gobierno. Prueba de ello, aseguró, es que en 2016, mediante memorial, pidió ampliar la investigación contra los exministros, pero “la Fiscalía hizo perder el documento”.
Punto de vista
Williams Bascopé Abogado
“No se recuperarán los recursos”
Es muy difícil llegar al fondo del Fondo Indígena por varias razones. La primera es que eran recursos económicos de libre disposición para los sectores indígenas, que sólo sirvió al Gobierno para comprar la lealtad de los dirigentes indígenas. Los recursos no fueron invertidos en proyectos productivos que inicialmente estaba previsto. Por esa situación, habían desembolsos sin rendición de cuentas, sin avance de obras y habían segundos desembolsos. A ello se debe incorporar las obras fantasmas.
Los proyectos fantasmas, en mi criterio, fueron intencionalmente planificados desde el Ejecutivo. Era una forma de que los dirigentes, los indígenas campesinos formen parte de la corrupción y obviamente tengan lealtad directa al Presidente y al Gobierno.
Por eso digo que esto ha sido diseñado de manera intencional, pues no se explica cómo dinero público del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) vaya directamente a cuentas particulares. Eso no existe por ley.
Ahora no dicen nada de los ministros que formaron parte del directorio del Fondo Indígena, entre ellos el exministro de Economía Luis Arce Catacora.
Una cosa es que hayan metido a la cárcel a exministras, funcionarios y directores, pero eso no cambia en nada, solamente eran fusibles para mostrarlos y luego quemarlos.
Este tema del Fondo Indígena va a quedar irresuelto, pues varios dirigentes están metidos en este caso y el dinero no lo van a recuperar.
Es lamentable, debido a que este tipo de casos, la corrupción, socava al país. Es el caso de Lula Da Silva, dirigente de los trabajadores brasileños que está envuelto en caso de corrupción con una constructora que compraba políticos.
Aquí fue que el Gobierno compró a los dirigentes.
Fuente: Página Siete
