Mesa a Morales: No me amedrenta el uso de los Órganos del Estado para destruirme
Para el expresidente Carlos Mesa, la investigación por el caso Odebrecht y el reciente proceso por la expulsión de Quiborax “confirman una estrategia de demolición" de su imagen. Dijo que su conviccion democrática está intacta.
El expresidente Carlos Mesa en declaraciones a los medios en su despacho. Foto: @carlosdmesag.
El expresidente Carlos Mesa replicó este viernes al Gobierno del presidente Evo Morales y aseguró que el pedido de investigación en su contra por el caso Quiborax sobre un proceso de arbitraje que perdió Bolivia recientemente no lo amedrenta y no lo acallará en sus convicciones democráticas, más cuando la propia Procuraduría admitió que ese proceso fue legal.
Inquirió que la investigación “manipulada por la presidenta de la Comisión Mixta en el Caso Camargo Correa”, que se refiere a supuestos sobornos de firmas brasileras a funcionarios bolivianos y que se conoce como Odebrecht, sumada a las denuncias del caso Quiborax, “confirman que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de la imagen de Carlos Mesa”.
“El presidente Morales cree que el uso de los Órganos del Estado bajo su total control para destruirme me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas”, sostuvo tras cuestionar las nacionalizaciones de Morales que “le han costado a Bolivia alrededor de 1.000 millones de dólares”.
La Procuraduría del Estado pidió a la Fiscalía el 22 de mayo abrir una investigación a Mesa y tres de sus exministros por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El exhorto se sustenta en el supuesto incumplimiento a normas que dieron paso a la demanda internacional interpuesta contra el país por la sociedad chilena Non Metallic Minerals-Quiborax, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2005.
El juicio concluyó esta semana con la sentencia que obliga a Bolivia a pagar Bs 48,6 millones a la transnacional por la reversión en 2004, en el gobierno de Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Mesa, en una declaración de prensa en la que leyó un comunicado que luego fue publicado en su blog, apuntó al procurador Pablo Menacho de tomar esa iniciativa en su contra “para evadir su responsabilidad directa en la desastrosa negociación” de su despacho con la transnacional que, apuntó, “invirtió menos de un millón de dólares cuando explotaba recursos naturales bolivianos”.
A juicio del exgobernante, Menacho omite que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé derogó el decreto promulgado en su gobierno por “deficiencias jurídicas”, pero que “con un impecable criterio patriótico mantuvo la expulsión de” Quiborax.
“Es una mentira flagrante” remarcó sobre los dichos del procurador en sentido de que el Decreto Supremo de expulsión de la transnacional “fue ilegal, término que repitió varias veces” y “que se contradice en el texto de la Procuraduría que aparece en el Documento Oficial del Laudo Internacional”.
En él se asegura, insiste, que “no es ilegal” y reafirma ese extremo al fijar que las medidas legales de Mesa “fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del Derecho bolivianos ante las ilegalidades en las concesiones mineras”.
Mesa es crítico del afán de repostulación del presidente Evo Morales y ha defendido y pide respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que precisamente rechazó esa posibilidad que luego fue habilitada por un fallo constitucional.
Fuente: La Razón
