El TSJ reconoce la alteración de un fallo para favorecer a "narco"
El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, anunció una investigación de este hecho.
AMISTAD. El expresidente del TCP, Oswaldo Valencia aparece abrazado del supuesto narco Pedro Montenegro. REDES SOCIALES.
Para impedir la detención del supuesto narcotraficante Pedro Montenegro en 2015, algunos funcionarios judiciales modificaron el Auto 75/2015 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que disponía su detención preventiva con fines de extradición. Así lo confirmó ayer el presidente José Antonio Revilla, quien instruyó el inicio de la investigación para establecer las responsabilidades.
En el caso que involucra a altos jefes policiales, magistrados y funcionarios judiciales con Montenegro, ayer Revilla denunció que hay dos versiones del Auto Supremo 75/2015. La primera fue firmada por los nueve magistrados de la anterior gestión, que autorizaba la detención preventiva con fines de extradición de Montenegro y el respectivo mandamiento de aprehensión para que sea ejecutado por un juez de turno con auxilio de la Interpol y la Policía.
En la segunda versión del Auto que habría salido en diciembre del mismo año, cuyo expediente físico no aparece, se dispone la detención preventiva con fines de extradición de Montenegro pero sin hacer referencia a las instancias que deben hacer cumplir el mandamiento de aprehensión.
Según Revilla, este hecho habría sido advertido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuando conoció en revisión la resolución de Acción de Libertad emitida por un juez de garantías de Cotoca (Santa Cruz) que otorgó la tutela a Montenegro y frenó la detención preventiva con fines de extradición.
“La investigación está en curso, y de evidenciarse la adición, supresión o la posibilidad de que haya dos autos supremos, el Tribunal Supremo de Justicia hará la denuncia correspondiente sin importar quienes sean los responsables”, aseguró.
No descartó que la supuesta adición o supresión del Auto Supremo podría haberse hecho también en la tramitación de la Acción de Libertad en el Juzgado de Partido Mixto y Sentencia, de Niñez y Adolescencia de Cotoca, del juez Federico Jiménez Rua.
Este juez firmó un oficio dirigido a Interpol para que deje sin efecto el mandamiento de aprehensión en contra de Montenegro, según dijo el diputado Tomás Monasterio.
“Si la supresión se hizo en el TSJ se hará la denuncia correspondiente contra cualquier persona o funcionario involucrado”, recalcó.
De confirmarse la supuesta alteración de un auto supremo, se habría cometido el delito de falsedad material e ideológica que debe ser investigado por el Ministerio Público y no corresponde un disciplinario ni administrativo.
El exjuez Segundo de Instrucción en lo Penal, Oswaldo Aguilar, confirmó ayer a CORREO DEL SUR que en octubre de 2016 expidió el mandamiento de detención contra Montenegro y las respectivas órdenes instruidas para su cumplimiento.
Dijo que recibió un solo Auto Supremo al que se dio cumplimiento inmediatamente ante las instancias correspondientes.
El TSJ requirió informes al Juzgado Segundo en lo Penal de Sucre y a otras instancias sobre el trámite del auto que dispuso la detención con fines de extradición del supuesto narco.
En el trámite de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición de la República de Brasil, también tuvo que ver la Fiscalía General en la gestión de Ramiro Guerrero (actual cónsul en Chile), porque la extradición se hace por las fiscalías de cada Estado y no se explica cómo este auto no fue ejecutado inmediatamente.
“Al parecer hubo un acuerdo conjunto para paralizar este proceso”, aseguró un abogado que trabajó en la Fiscalía General del Estado entre 2014 y 2017.
Montenegro también acudía al Agroambiental
Pedro Montenegro no solo frecuentaba el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sino también el Tribunal Agroambiental, según supo CORREO DEL SUR de fuentes confiables. Este diario publicó ayer que el supuesto narcotraficante visitaba al expresidente del TCP Oswaldo Valencia durante los años 2016 y 2017, y que incluso llegaba a Sucre para tomar cursos de posgrado en un instituto superior. Un día como hoy, 16 de mayo de 2016, por el cumpleaños 43 de Valencia, en un local céntrico de la capital se organizó una fiesta que se extendió hasta el día siguiente, según supo este periódico, que ayer recibió información de que Montenegro mantuvo al menos una reunión en el Tribunal Agroambiental.
El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, sobre la presencia de Montenegro en pasillos de las instituciones judiciales, dijo que los actuales magistrados no ejercían funciones en 2016 y 2017 y que la versión divulgada por CORREO DEL SUR debe ser investigada por el Ministerio Público. “No nos corresponde asumir responsabilidades ajenas, menos aún si estamos desde 2018”, aseveró. De todas formas, dijo que están prestos a brindar informes y requerimientos dentro de esta investigación.
En Sucre, el candidato a la presidencia del Estado, Oscar Ortiz calificó de escandalosa la vinculación de policías y autoridades judiciales con un narcotraficante que se habría paseado en el TCP. “Eso demuestra la mala calidad de la justicia”, sostuvo.
Magistrada suplente admite relación social con Montenegro
La magistrada suplente del TSJ por Santa Cruz, Joyce Lizeth Choquerive, que desató una polémica tras la publicación de una serie de fotografías en la casa del “narco” Pedro Montenegro, admitió que llegó a la vivienda a través de una relación amistosa que sostenía con la esposa, Jennifer Rodríguez.
Choquerive brindó ayer una conferencia de prensa después de que la Fiscalía de Santa Cruz anunció una investigación a raíz de las fotografías y un spot que realizó en la casa de Montenegro que fue allanada el mes pasado por la Policía.
“Realicé la sesión fotográfica con la autorización de la propietaria que es Jennifer, la esposa del señor Pedro, en ningún momento conocía esta clase de antecedentes. Mi cercanía es social, no de otra índole. Yo conocía a los propietarios del inmueble (Montenegro y Rodríguez), podemos relacionarnos socialmente con personas, pero no estamos obligados a saber el origen de su patrimonio”, señaló Choquerive.
Agregó que tiene la libertad de sentarse con personas investigadas, y en esa línea reveló que, durante su campaña, realizó una visita al penal Palmasola, donde se tomó fotografías con personas sentenciadas por los delitos de narcotráfico y violación.
Sobre Choquerive, Revilla dijo que ella no forma parte del Órgano Judicial y su situación está en manos del Ministerio Público.
Mujeres tienen arresto domiciliario.
La jueza cautelar Ana Gloria Rojas dispuso ayer el arresto domiciliario para Giovanka H. F. A. y Adriana D. M. J., vinculadas en viajes y negociados ilícitos con Pedro Montenegro. Las dos mujeres fueron imputadas por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación.
Giovanka H. F. A. debe pagar una fianza de Bs 300 mil y la modelo Adriana D. M. J. un monto de Bs 100 mil.
Giovanka H. F. A. es esposa de Mauricio Higa, encarcelado en Palmasola por presuntos nexos con Montenegro. Fue sindicada de realizar, junto a su pareja, el viaje a Cartagena (Colombia), costeado por Montenegro, además de participar en otros eventos.
También a nombre de ella hay una empresa constructora que estaría "lavando" dinero proveniente del narcotráfico en la que Montenegro es el gerente administrativo.
Respecto a la modelo Adriana M. J., ella participó de los viajes pagados por Montenegro y, según el flujo de llamadas, estuvo comunicada con este ciudadano desde el 1 de enero al 26 de abril del presente año.
Según las investigaciones, la joven también se comunicaba con el hombre de confianza de Montenegro, el señor Marvin D. V., quien tendría a su nombre bienes inmuebles, muebles, vehículos y terrenos no justificados, porque no tiene ningún trabajo fijo.
Apuntes.
1. El Gobierno sostiene que Montenegro es detenido con fines de extradición.
2. En las redes sociales circula una fotografía de Oswaldo Valencia con Montenegro.
3. El magistrado Gonzalo Hurtado reitera disposición de someterse a investigación fiscal.
Fuente: Correo del Sur
