Por negar efecto vinculante, Bolivia pierde prestigio y aleja a inversores
Al cerrar el caso fraude electoral y rechazar el Informe de Integridad Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno está incumpliendo el compromiso que le obliga a acatar los resultados y conclusiones del estudio, es decir, está violando su carácter vinculante.
El excanciller Diego Pary firmo acuerdo con la OEA para la realizacion de la auditoría a las elecciones de 2019 donde participaron Evo Morales y Alváro Garcia Linera (izq) - El fiscal Lanchipa (der). Fotos: Comunicación, Internet.
¿Y tiene la OEA algún mecanismo para asumir medidas en contra del Estado boliviano ante este incumplimiento de compromiso? Lamentablemente no, responde el exdiplomático y exembajador del país en la OEA Jaime Aparicio.
Según el experto, el organismo internacional no está facultado para ejercer medidas coercitivas en contra de los países miembros, porque simplemente no se rige por ese tipo de normativa.
Sin embargo, según Aparicio, este incumplimiento a normas y compromisos del derecho internacional afecta a la fé y credibilidad del Estado boliviano.
“Quién va a creerle a un Gobierno que firma documentos vinculantes y no los cumple. Están desprestigiando la imagen de seriedad de un país”, dijo el exdiplomático. Tiene además un costo económico porque las empresas y países no se arriesgan a invertir en un Estado que no tiene una administración de justicia independiente y que no cumple sus compromisos internacionales, según Aparicio.
El exembajador también descalificó al canciller boliviano Rogelio Mayta, quien amenazó con denunciar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por injerencia en asuntos nacionales ante el Consejo Permanente.
“Precisamente fue el Consejo Permanente, formado por 34 países, que recibió y avaló el informe de integridad electoral. El Canciller está respondiendo políticamente y su advertencia no tendrá ningún efecto en la OEA”, dijo.
Con esas acciones, el Gobierno está poniendo a Bolivia en la misma línea de ilegalidad de países como Siria, Venezuela o Nicaragua. “Ese camino tiene costo político como la pérdida de credibilidad, y costos económicos”, detalló.
“Esto le hace mucho daño a nuestro país, a nuestra sociedad, pero éste es un Gobierno que está dispuesto a seguir ese camino, lamentablemente”, dijo Aparicio.
Insulto a la inteligencia.
La Fiscalía cerró el caso fraude electoral porque sobrepuso un informe que encargó a un equipo de la Universidad de Salamanca al Informe de Integridad Electoral de la OEA.
“Eso es un acto que atentar contra la inteligencia de los bolivianos. El propio autor lo dijo: es un informe parcial sobre uno de los aspectos del proceso. Eso ya lo invalida porque no puede compararse al estudio de la OEA”, dijo Aparicio.
Un informe con esas características no puede compararse con un estudio completo como el de la OEA en el que participaron 50 expertos de 18 países. “En toda su historia, la OEA jamás recibió quejas de sus intervenciones en diferentes países de la región”, finalizó Aparicio.
Contra Almagro.
El canciller Rogelio Mayta informó que Bolivia presentará un reclamo en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra su secretario general, Luis Almagro, por injerencia en los asuntos internos nacionales y el papel político que pretende retomar con el comunicado que emitió para ratificar su informe sobre el análisis de integridad de las elecciones de 2019.
La autoridad diplomática explicó que el Consejo de Seguridad de la OEA fue creado precisamente para que el organismo internacional no incumpla sus normas.
Recordó que Almagro pretende, con su comunicado, invalidar la pericia del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.
Fuente: Los Tiempos
