Ministros, procurador y Fiscalía dirigirán la investigación financiera
El Ministerio de Economía dirigirá el Consejo Nacional de Lucha Contra las Ganancias Ilícitas (Conal). Esa instancia también la conforman los ministros de Gobierno, Justicia, Defensa y Relaciones Exteriores.
Los masistas Iván Lima, Rogelio Mayta, Wilfredo Chávez, Edmundo Novillo, Eduardo del Castillo y Marcelo Montenegro conformarían el Conal. Fotos: Internet.
El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales (Conal) será la máxima instancia de las investigaciones financieras del país. Esta entidad estará a cargo de cinco ministros, el procurador general del Estado y la Fiscalía. En criterio de expertos y políticos consultados, ese consejo será un órgano de represión y persecución porque podrá investigar las cuentas bancarias y allanar domicilios o empresas de cualquier ciudadano a simple denuncia y sin orden judicial.
El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales se estancó en el Senado y crecen las voces que piden la paralización de su tratamiento.
En caso de promulgarse la norma, el Conal estará encargado de la coordinación y representación del Estado para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias de prevención y represión. Esta organización estará conformada por siete entidades estatales: los ministerios de Economía, Gobierno, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, además de la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía.
La secretaría técnica del Conal es la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que depende del Ministerio de Economía. El Conal está avalado en el artículo 5 del proyecto de ley.
Entre las atribuciones del Conal figuran, según el artículo 8, inciso 4 del proyecto de ley: “coordinar los esfuerzos de los sectores públicos y privados dirigidos a evitar el uso indebido de las actividades económicas y sin fines de lucro, conducentes a cometer delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”.
Además, la norma señala que las decisiones que adopte el plenario del Conal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para las instituciones públicas y privadas, así como las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.
Reacciones.
El senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana, cuestionó que el Conal sea dirigido por personeros del Gobierno del MAS y calificó a esta instancia -si es que llega a funcionar- como un “órgano de represión” contra opositores y quienes no estén en la misma posición ideológica del masismo.
“¿Usted cree que el mismo MAS investigará al MAS? Muy difícil. Por eso, pedimos que este proyecto de ley (de ganancias ilícitas) sea paralizado para que vaya a un control constitucional. Caso contrario, se viene una persecución financiera para los que no comulgamos con el MAS”, dijo Paz, quien recordó que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, fue abogado de Evo Morales y delegado del MAS ante el Órgano Electoral.
Los empresarios privados de Cochabamba también se pronunciaron en contra de esta iniciativa. Su máximo representante, Luis Laredo, cuestionó que el Gobierno asuma el control total de la investigación financiera, a través del Conal. Pero también criticó que una Fiscalía “totalmente desacredita” sea parte de esta instancia.
“Este Consejo incrementará sustancialmente sus facultades de acción y control en el país por parte del Gobierno. Eso no es bueno en una democracia, pero además observamos el rol de esta Fiscalía, una institución que está desacreditada y que, incluso, fue observada por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”, dijo Laredo.
Jaime Dunn, analista experto en finanzas, consideró que de aprobarse la norma como está redactada solo será aplicada para personas que no sean del MAS. El economista afirmó que el Conal no investigará a personeros del Gobierno y menos a militantes.
“Es decir, los mismos miembros del Conal, con la Fiscalía incluida, pueden ser los primeros corruptos a quienes hay que aplicarles estas leyes. De los cientos de casos de corrupción en Bolivia se ha visto que un alto porcentaje está vinculado a exministros, exviceministros, directores. Entonces, ¿los ratones van a cuidar el queso?”, cuestionó el experto.
En el MAS dicen que existen una “campaña de desinformación contra el proyecto de ley que es impulsado por la oposición. El diputado Omar Yujra descartó que el Conal se convierta en un órgano de persecución contra quienes no son militantes oficialistas.
“No hubiese ocurrido este tipo de susceptibilidades sino hubiese existido esa campaña de desinformación generada por la oposición. De todas maneras, estamos informando porque es importante que la gente no caiga en esa desinformación y recurra a fuentes oficiales”, dijo Yujra.
Fuente: El Deber
