Trabajadores dudan de garantías del Estado en el manejo de jubilaciones

El Gobierno sostiene que hay ‘candados legales’ que impiden que los fondos sean transferidos para otras fines, los maestros y fabriles dudan del manejo de los recursos dicen “que el Estado es mal administrador”.

A la cabeza de Jaime Durán (MAS), la gestora pública gasto más de 85 millones de bolivianos en sueldos sin administrar las pensiones. Fotos: Internet, Captura Página Siete.

El Gobierno no logra despejar las dudas y desconfianza que tienen los trabajadores de diferentes sectores hacia la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, nueva entidad que administrará los aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) que desde 1997 fueron manejados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y BBVA Previsión.



De acuerdo a datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) hasta julio de este año el fondo del SIP llegaba a $us 23.401 millones.

Tanto en los maestros, fabriles y el sector minero existe el temor de que estos recursos sean traspasados a otra repartición estatal o usados por el Gobierno para financiar sus gastos.

Incluso estos sectores se movilizaron en La Paz exigiendo que los trabajadores sean parte del directorio de la nueva entidad estatal que en mayo de 2023 asumirá el control de los recursos que todavía manejan las AFP.

“Hay mucha susceptibilidad entre los trabajadores de la educación porque los aportes estarían en riesgos al estar en manos del Estado que ha demostrado incapacidad en la administración. Todas las empresas públicas están arrojando pérdidas”, señaló Ludwing Salazar, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. 

Acuerdo con mineros.

No obstante, de todos los sectores que se movilizaron contra la Gestora, el Gobierno logró un acuerdo con los mineros de Huanuni y desmovilizó la protesta.

Entre los puntos acordados está el freno a la migración de los datos de este sector a la Gestora, mientras se termina un proceso de socialización sobre los beneficios que brindará la entidad estatal. Este periodo será de 15 días.

En este tiempo el Gobierno acordó despejar las dudas con este sector y además aseguró que los recursos del SIP cuenta con ‘candados legales’ que garantizan el uso correcto de estos fondos.

Jaime Durán, gerente general de la Gestora, aclaró que los datos de los mineros de Huanuni, van a pasar a la entidad estatal y que el acuerdo estableció una “flexibilización”. “Como bien lo dice el acuerdo una suspensión temporal en este proceso porque estamos hablando de 2,5 millones de asegurados”, señaló.

Sobre las observaciones realizadas por los trabajadores — que desconfían del manejo transparente de sus recursos — sostuvo que la Ley de Pensiones y la Constitución Política del Estado establecen una serie de parámetros legales.

“Hay una mala intención en sectores parcializados. Por ejemplo, hemos encontrado al senador Rodrigo Paz que está dando mala información dice que los recursos de la Gestora van a hacer traslados al TGN y eso no pasará, porque son recursos autónomos”, aclaró.

En esa línea, Américo Flores, el dirigente de los Fabriles de La Paz, cuestionó que el Gobierno solo atienda a un sector ante la importancia que tiene el tema de las pensiones en el país.

“Las decisiones que se llegan a tomar tienen que ser en un consenso de todos los trabajadores. Todos somos blancos o negros”, observó Flores.

El dirigente insistió en que los trabajadores deben ser parte del directorio de la Gestora para cuidar en qué se invierten los recursos de los aportes de los trabajadores. Esta propuesta es respaldada por el Magisterio, que la próxima semana convocará a una conferencia nacional para analizar el tema de las pensiones.

“Creemos que la Gestora debe ser administrada por los trabajadores porque son dueños de los aportes y el Estado no aporta ningún peso”, dijo Salazar.

En contrapartida, Durán pidió a los trabajadores a presentar ternas para el directorio, pero recordó que se deben cumplir una serie de requisitos como la de tener un mínimo de 10 años de experiencia en el sector de pensiones.

Fuente: El Deber

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