Gobierno disfraza represión con falsos autoconvocados
El presidente Luis Arce disfraza la represión a los ciudadanos que protestan en las calles con la presencia de falsos autoconvocados que se articulan en grupos de choque, a modo de “parapoliciales”, coincidieron analistas y políticos.
Funcionarios públicos de Luis Arce fueron parte del grupo violento de afines al MAS que agredió a periodistas, mujeres y personas de la tercera edad. Fotos: Redes Sociales.
Las protestas ciudadanas se masifican en el país, tras la detención del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el pasado 28 de diciembre, y su posterior traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde guarda detención preventiva.
Durante las marchas de los comités cívicos y plataformas ciudadanas, del pasado martes, en demanda de la liberación de los presos políticos y el respeto al Estado de Derecho, grupos de choque atacaron a los manifestantes con palos, piedras y petardos, tanto en inmediaciones de la plaza Abaroa como en Calacoto, en la ciudad de La Paz.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, denunció que los autoconvocados eran en realidad funcionarios públicos afines al partido de Gobierno, ya que se los identificó plenamente. Mencionó el caso específico de Neilss Quinteros, funcionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
- Saber mas: Identifican a funcionario de la ANH dentro del grupo de choque que desató la violencia en La Paz
Dijo que en muchos casos los funcionarios públicos son extorsionados con la permanencia en sus cargos. “La instrucción viene con amenazas de despidos y se les entrega petardos y se les instruye reprimir incluso a mujeres y ancianos”, denunció.
El activista en derechos humanos Franco Albarracín señaló que se trata de un modus operandi propio de países donde se ha vulnerado la democracia, como Nicaragua, Venezuela y Cuba. “Los gobiernos autoritarios usan a funcionarios públicos para la represión en vez de las instituciones represoras, como la Policía, para evitar futuras condenas de organismos internacionales que velan por los derechos humanos”, explicó.
Además, mencionó que el Gobierno vulnera el Estado de Derecho y la Constitución, pero mantiene el discurso de democracia “disfrazando la violencia hacia la población”.
Se trata de un doble discurso de Arce de defender la democracia, sin embargo, en la realidad se observa la represión a movilizaciones de grupos contestatarios.
Delitos.
Para Ormachea y Alabarracín, se evidencian delitos en los hechos del martes, como instigación a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo de Estado, lesiones graves y gravísimas, incumplimiento de deberes, entre otros.
Estos delitos, a juicio de Albarracín, quedarán impunes, ya que las autoridades llamadas a investigar de oficio estos delitos son funcionales al Gobierno. “Si fuera al revés, en este momento los activistas estarían en Chonchocoro, junto a Camacho”, sostuvo.
Los analistas se refirieron a la persecución sistemática a los opositores al gobierno de Luis Arce.
Suman agresiones a los periodistas.
Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo censuró las agresiones y acciones violentas que sufrieron siete trabajadores de la prensa, según denunciaron los medios de comunicación que realizaron la cobertura de las movilizaciones en La Paz.
Además, exigió que el Estado ejerza su obligación de investigar de oficio, identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de información.
Asimismo, “rechaza todo tipo de amenazas a los trabajadores de la prensa que pongan en riesgo su integridad emocional y física que, según la CIDH, generarían un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura de comunicadores y comunicadoras”.
Fuente: Los Tiempos
