Fiscalía dice que las protestas de Senkata fueron pacíficas
La defensa de Añez lamentó que la Fiscalía hable de “movilizaciones pacíficas” y no investigue todos los hechos violentos que se registraron en noviembre de 2019.
Vándalos afines a Evo Morales saquearon y destruyeron predios en la planta de YPFB Senkata en El Alto. Fotos: Internet.
El Ministerio Público considera que las protestas que se desarrollaron en la zona de Senkata, en noviembre de 2019, con piedras, palos, petardos, quema de autos, sustracción de garrafas de la planta de YPFB y derrumbe de un muro, eran pacíficas. En ese sentido, presentó la imputación formal contra la expresidenta Jeanine Añez y otros por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves,
“La denunciada Jeanine Añez Chávez, asumiendo el control sobre las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana, como capitana generala de las FFAA y con mando absoluto en el caso de la Policía Boliviana, en fecha 19 de noviembre de 2019, procedió a la represión de sectores sociales en la ciudad de El Alto en proximidad de la planta YPFB-Senkata, y personas civiles desarmadas, quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica, por lo que se tiene demostrado el uso de fuerza innecesaria y desproporcional por parte de las fuerzas del orden, quienes realizaron operativos conjuntos militares policiales con estas finalidad, respaldados en el Decreto Supremo 4078”, señala la parte conclusiva de la relación de los hechos en la imputación fiscal.
En ese sentido, la Fiscalía describió todo el movimiento militar y policial que se concentró en Senkata en noviembre de 2019, el plan de operaciones y las tareas que se tenían asignadas. También mencionó que los policías, en horas de la mañana de 19 de noviembre, gasificaron a los movilizados para despejar la vía en predios de la planta de YPFB, de esa forma salieron algunas cisternas con combustible a abastecer a la población.
Respecto a los movilizados, el Ministerio Público detalló que los mismos estaban provistos de “palos, piedras y petardos” y a causa de la salida de las cisternas, “incrementaron en su ‘intensidad’, por cuanto se dio la caída de muros perimetrales colindantes con la carretera La Paz-Oruro, correspondientes a la planta de YPFB, la quema de cuatro vehículos incautados (en desuso), así como la sustracción de garrafas de GLP sin contenido”.
De acuerdo a los reportes de prensa de aquel año, los movilizados exigían la renuncia de la presidenta transitoria Jeanine Añez y el retorno de Evo Morales, en ese sentido, hubo un intento de tomar la planta de Senkata, en este afán derrumbaron los del lugar.
Incluso grupos de personas provocaron el desplome en parte de una de las pasarelas sobre la avenida 6 de marzo, cerca de la extranca de Senkata, con el fin de evitar la salida de más camiones cargados con garrafas de gas y cisternas con combustible, de esa forma evitar el abastecimiento en la región.
En ese contexto, se registraron violentos enfrentamientos entre movilizados y uniformados, con el saldo lamentable de varios muertes y heridos civiles.
“A raíz de estos acontecimientos, las fuerzas de seguridad, reaccionaron con un uso desproporcionado de la fuerza (disparos de armas de fuego, munición letal y gases lacrimógenos), en contra de la población civil, registrándose a horas 11.40 am aproximadamente, los primeros muertos y heridos”, señala la imputación.
A raíz de esos hechos, diez personas perdieron la vida por impacto de arma de fuego y varias resultaron con heridas de gravedad.
En ese sentido, la Fiscalía asegura que el gobierno de Añez ordenó a través del Decreto 4078 el despliego conjunto de militares y policías, quienes hicieron un uso de la fuerza desproporcional en contra de "una movilización pacífica".
Por ello, el Ministerio Público presentó la imputación formal contra Añez por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves y pidió la detención preventiva por el lapso de seis meses en el recinto penitenciario de Miraflores.
Reacciones.
Luis Guillén, abogado de Añez, cuestionó la imputación fiscal por señalar que las protestas eran pacíficas y reiteró que corresponde un juicio de responsabilidades contra su defendida y no un proceso en la vía ordinaria.
“Una manifestación pacífica, como dice la Fiscalía, en qué respaldan de que pueda ser llamada ésta una manifestación pacífica”, cuestionó el jurista.
Dijo que la imputación está comprometida en su objetividad porque no refleja los hechos que realmente pasaron durante la crisis social de 2019.
Fuente: Página Siete
