Fiscal General confirma que se admitió la denuncia de Evo contra el hijo del presidente
La Fiscalía ha abierto un caso de investigación por el tipo penal de tráfico de influencias, respecto a los audios que presentó Evo Morales sobre una presunta negociación irregular por el litio en que habría incurrido Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce.
El hijo del presidente Luis Arce (izq) - Evo Morales y el fiscal general, Juan Lanchipa. Fotos: Internet. |
La información fue proporcionada por el abogado de Evo Morales en Sucre, Orlando Ceballos, quien explicó que el caso fue remitido a La Paz para su investigación.
Recordó que Morales ha presentado una nota ante la Fiscalía General en Sucre y adjuntó cuatro audios respecto a Marcelo Arce, en los cuales el hijo del Presidente presuntamente negocia un posible contrato para el litio, insinuando que cuenta con la autorización de su padre.
"Entonces el Ministerio Público nos ha comunicado de manera oficial que, habiendo tomado conocimiento de un presunto hecho delictivo, el caso ha sido remitido a la Fiscalía del distrito de La Paz y se ha aperturado una investigación ya oficialmente. Ya se cuenta inclusivo con código único. Una investigación fiscal por el delito de tráfico de influencias", dijo Ceballos.
Con el tipo penal de tráfico de influencias, se sanciona con dos a cuatro años de cárcel a la persona que abstenga ventaja a cambio de hacer valer indebidamente su influencia, real o simulada, ante uno o varios servidores públicos. La sanción es agravada en un tercio si se levanta el nombre del Presidente.
El abogado de Morales anticipó incluso que se solicitaría ampliar la investigación por el delito de traición a la patria, tomando en cuenta la magnitud de los hechos denunciados.
"Por lo tanto, vamos a hacer seguimiento milimétrico a la acción fiscal no para que realmente, no solamente la etapa preparatoria, sino todos los actos procesales se enarquen a derecho", dijo Ceballos.
El abogado enfatizó que ser el hijo del Presidente no otorga impunidad a Marcelo Arce, por lo cual debe responder ante la Justicia sin privilegio.
Fuente: Los Tiempos