Murillo llega a un acuerdo con la Fiscalía de EEUU y preocupa al MAS

Tras ese convenio, un tribunal aceptó que la audiencia se posponga por un mes. Ambas partes dejaron abierta la posibilidad de “discutir la resolución del caso” en ese tiempo. El oficialismo protestó.

Rolando Cuellar y Wilfredo Chávez - Arturo Murillo (der). Fotos: Internet, APG.

La defensa del exministro de Gobierno Arturo Murillo, consiguió firmar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para postergar la audiencia preliminar que un juez había convocado para este lunes. El Gobierno lo vio como una estrategia para reducir su condena, pero la incomodidad fue más evidente dentro del MAS en la Asamblea Legislativa.

El Tribunal del Distrito de Estados Unidos, en relación al caso 213030, emitió una moción de consentimiento para postergar la audiencia preliminar en la que se debe presentar la acusación formal para el 9 de julio, pero para eso, la Fiscalía y la defensa del exministro boliviano suscribieron un acuerdo.

El tribunal homologó el documento y estableció que “las partes, por la presente, estipulan y acuerdan que existe una buena causa para aplazar la audiencia preliminar y prorrogar el tiempo de acusación en este caso” y aclara que del 7 de junio al 9 de julio constituirán “una demora excluible, según la ley que se está aplicando. Que la demora se fundamenta en el interés de la justicia debido a la inusual complejidad fáctica del caso”.

Apuntó que ese tiempo se utilizará para que los abogados del imputado “revisen materiales con él. Además, para una preparación eficaz, teniendo en cuenta el ejercicio de la debida diligencia y el deseo de las partes de discutir la posible resolución del caso. “Todos los cuales son de interés de la justicia y superan los mejores intereses del público y del defensor en un juicio rápido”.

El acuerdo tiene ocho puntos. Primero, recuerda que el 22 de mayo Murillo fue arrestado por conspirar para cometer lavado de activos, en violación a las leyes de EEUU. El 24 de mayo el exministro realizó “su primera comparecencia ante este tribunal”.

Fue detenido en espera de la audiencia de detención programada para el 26 de mayo de 2021, mientras que su audiencia preliminar estaba programada para el 7 de junio.

El tercer punto señala que el 26 de mayo Murillo estuvo representado por abogado, pidió que se retrase y acordó continuar su audiencia de detención el 7 de junio. Argumentó, en esa ocasión, que su abogado debía tener conocimiento de los elementos que lo involucraban en el proceso.

En el cuarto señala que la ley de juicio rápido requiere que se presente una información o acusación dentro de los 20 días posteriores al arresto del acusado, o la notificación con citación.

Además, según la regla federal de procedimiento penal, un magistrado debe celebrar una audiencia preliminar a más tardar 14 días después de la comparecencia inicial, si está detenido.

Murillo cumplió este lunes su décimo segundo día luego de esa audiencia. Pero, según el texto, “un magistrado puede extender ese tiempo con el consentimiento del acusado, con la demostración de causa justificada”.

Las partes solicitaron, en el punto seis, que la corte amplíe el plazo para dictar sentencia y volvieron a fundamentar el pedido en la necesidad de tiempo para que el abogado del acusado revise el material con el acusado para la preparación eficaz, “y el deseo de las partes de discutir la posible resolución del caso”.

Esa es la parte en la que se deja abierta la posibilidad de negociar una eventual condena u otra forma de resolución del caso.

Si Murillo se declara culpable, puede reducir su pena hasta a dos años. Si es que señala que es inocente, deberá demostrarlo en un juicio que puede durar uno o más años. Si pierde podría tener una condena por lavado de dinero y soborno de hasta 20 años. Pero hay una tercera opción, la ley de EEUU establece que podría ingresar a un programa de protección a testigos, pero para ello tendría que dar información que favorezca a la seguridad nacional de ese país.

El punto séptimo establece que, por la presente, “Murillo Prijic acuerda renunciar a cualquier objeción bajo la ley de juicio rápido y extender el tiempo del Gobierno para presentar una información o acusación, para el período de tiempo especificado en la moción”.

Además, remarca que “esta renuncia está hecha a sabiendas, de manera intencional y voluntaria por parte del acusado”. Por esa razón, el punto ocho cierra el documento e indica que por la misma razón “las partes solicitan el aplazamiento de la audiencia preliminar para el 9 de julio”.

Reacciones.

Arturo Murillo “estaría brindando información valiosa y eficaz para disminuir su condena en EEUU”, estimó este lunes desde Miami el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, tras el diferimiento de su audiencia.

“La estrategia del señor Murillo que es la de, me imagino, tratar alguna reducción de su condena, si se da el caso, ya que los elementos conducen a que efectivamente habría conocido esos delitos que se le acusan”, dijo el procurador.

Complementó que “si existe alguna sindicación adicional a las personas ya involucradas, se van a hacer conocer por los conductos oficiales, no podríamos nosotros especular en este momento sobre que personas más estarían involucradas. Pero si se negocia algo, puede darse alguna idea de que él pueda dar, tal vez, a conocer otras personas más que hubieran participado de los delitos que hemos mencionado, podría ser eso u otra información valiosa”, dijo.

El sistema estadounidense y del distrito de la Florida permite ese tipo de negociaciones a objeto de aclarar el caso y, “si es información valiosa, puede rebajar años de condena si colabora eficazmente a la justicia”, añadió el procurador general.

El diputado del MAS Rolando Cuéllar fue muy crítico. “En realidad no sabemos qué tipo de acuerdo tiene Murillo con la Fiscalía, con la justicia norteamericana. Pero creo que no se puede negociar la corrupción millonaria”, apuntó.

El asambleísta oficialista fue más allá y sentenció que “la justicia de ese país no puede quemarse con un prófugo de la justicia boliviana. Rechazamos cualquier arreglo, ellos deberían haberlo sentenciado a 20 años a este delincuente. Está claro que su abogado hace chicanería”.

La senadora Centa Rek, de Creemos, comentó que en EEUU es “regular hacer esto. El imputado puede generar confianza, en el sentido que va a hablar, delatará y brindará más información. Lo único que pido es que sea responsable y que destape todo. Es un actor principal, un protagonista clave del Gobierno de transición. Solo él puede darnos un poco de paz en la medida en que se decida hablar claramente y establecer las culpas”. Además, pidió que el Gobierno transparente los gastos alrededor de este caso. “Cuánto cuestan los abogados, se fue el procurador y no hay resultados”.