Gremialistas no creen en el Gobierno y ratifican medidas de presión contra la norma
La decisión de frenar el tratamiento de la ley no convence a sectores que anunciaron movilizaciones para el 11 de octubre y ratificaron las medidas. Los empresarios ven con buenos ojos que se abra el debate sobre el proyecto que calificaron de ambiguo.
Gremialistas de la ciudad de El Alto marchan contra la ley que impone el MAS para atentar a la economía informal. Fotos: Internet, ANF.
La suspensión del tratamiento del proyecto de ley de Ganancias Ilícitas no convenció a los gremialistas que ratificaron las medidas presión para el 11 de octubre, aprobadas por el sector en un ampliado el 27 de septiembre. Incluso las iglesias evangélicas instaron a sus feligreses mantenerse en oración y desatar “una guerra espiritual” contra la polémica norma.
El que sí se mostró a favor de la suspensión del tratamiento de esta ley fue el sector empresarial, que en días pasados había solicitado una pausa en el debate del proyecto, al considerar su redacción como ambigua y que vulnera los principios constitucionales.
Ante el anuncio de movilizaciones a escala nacional, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, confirmó que la comisión de Constitución analizará las observaciones planteadas por diferentes sectores, que tildaron de draconiano e inconstitucional este proyecto de ley.
La norma ya fue aprobada en grande por la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre. Esto generó una avalancha de críticas y rechazó generalizado.
A escala nacional, desde las pequeñas, medianas y grandes empresas calificaron la medida como inconstitucional, dado que permite a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) investigar el origen de los recursos tanto de personas naturales y jurídicas e incluso iglesias, con solo suponer que están cometiendo un delito. “Las medidas van a continuar, por qué vamos a suspender si no están abrogando nada. Vamos a seguir adelante”, dijo Francisco Figueroa, dirigente del sector gremial.
El sector anunció un paro nacional para el 11 de octubre con bloqueo de caminos.
El secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales del Distrito 6 de El Alto, Toño Siñani Medina, dijo que con la norma cualquier persona puede denunciar a los gremialistas.
“Con esto nos pueden quitar nuestro patrimonio, sin necesidad de que intervenga la Fiscalía ni nadie”, sostuvo el dirigente.
Agregó que esta norma “atenta contra los bienes de todos los bolivianos, se está poniendo en riesgo nuestro patrimonio”, dijo.
“El paro continúa eso no se va a paralizar hasta que se anule este proyecto. Los gremialistas estamos en emergencia”, señaló.
El vocero oficial de las iglesias evangélicas, Luis Aruquipa, sostuvo que continuarán con las jornadas de oración contra la iniciativa legislativa y llamó a sus feligreses a mantenerse en una "guerra espiritual”. Aseguró que el gobierno busca que la población baje las manos para aprobar esta norma de la noche a la mañana.
“Quieren que bajemos las manos en este momento. Como iglesias evangélicas hemos observado que se vulneran nuestros derechos a la inviolabilidad de nuestro domicilio, qué quiere decir esto, que de la noche a la mañana pueden ingresar a nuestras casas”, señaló. Por último, dijo que el proyecto es inconstitucional y atenta contra la familia.
Mientras, el Gobierno dijo que cada día de paro le cuesta al país 112 millones de dólares. Además, acusó a grupos de poder de estar detrás de esta medida.
En Santa Cruz, tanto la Gobernación y el Municipio anunciaron que participarán de esta medida.
Empresarios.
Mientras algunos sectores desconfían, los empresarios privados vieron con buenos ojos la idea de suspender el polémico proyecto.
Anteriormente la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió frenar el tratamiento de esta norma porque sus artículos afectan derechos y garantías constitucionales y, debido a la ambigüedad e imprecisiones de su redacción, “ponen en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores, que han obtenido sus bienes, invertido y creado riqueza, con honestidad, trabajo duro y apegados a la legalidad”.
Rolando Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNI) dijo que es bueno que se acepte debatir las observaciones realizadas por el sector. “Creemos que el diálogo y la concertación son los mejores instrumentos para la sociedad y el país, como Cámara Nacional de Comercio creemos que es muy adecuado poder revisar los artículos”, dijo.
Por su parte, Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) dijo que es muy bueno que se suspenda el tratamiento del cuestionado proyecto de ley, porque sus artículos son ambiguos.
“Pedimos una reunión con la Comisión de Constitución (de la asamblea) para hacer una evaluación sobre si la ley es constitucional”, señaló.
Apoyo.
Alcaldía apoya paro.
El acalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se pronunció sobre los últimos acontecimientos sociales y pidió al Gobierno nacional dialogar con los cívicos, indígenas, políticos y sectores sociales con la finalidad de lograr la estabilidad económica y evitar conflictos por la democracia. Además, dijo que acatará el paro del 11 de octubre, pero agregó que esta medida debería ser evitada con una reunión entre los actores involucrados. En ese contexto pidió que se busque el diálogo.
Fuente: El Deber
