Lanchipa desestima iniciar juicio contra Evo Morales por caso terrorismo
El informe FGE/JLP #420/2022 emitido este viernes, desestima iniciar un juicio en contra del expresidente, Evo Morales, por el caso terrorismo y señala como argumento que debe existir una denuncia formal con todos los hechos descritos contra la persona; o en caso de juicio de responsabilidades, debe acompañarse de un pliego de acusación formal apegado a la Ley que juzga Altas Autoridades del Estado.
En 2009 Evo Morales instruyo el operativo en el Hotel Las Américas. Fotos: Internet, Redes Sociales.
“Se colige que el mismo no se constituye en una denuncia formal o querella interpuesta en contra de alguna persona, en el marco de lo establecido en los Artículos 285 y 290 del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco se constituye en una Proposición Acusatoria acorde al contenido de la Ley 044 de fecha de fecha 08 de octubre de 2010”, señala el texto de la nota que fue comunicada al exdiputado, Amilcar Barral Cabero, quien había pedido el enjuiciamiento del exmandatario en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH sobre el caso terrorismo.
El 25 de septiembre se conoció el informe de la CIDH sobre el caso terrorismo y la tercera recomendación de ese informe señala, “Iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, además de identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe”, lo que fue considerado como una recomendación a las autoridades que estaban en funciones en ese entonces.
Amilcar Barral recordó que en el memorial que presentó a la Fiscalía pidió que esta instancia cumpla las recomendaciones, es decir, procesar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y dijo que la máxima autoridad en ese entonces era Evo Morales, como presidente del Estado.
“Si es que el Estado -la Fiscalía es parte del Estado-, no cumple con esas recomendaciones, que es iniciar procesos a los responsables, entonces el Estado sería demandado para que se paguen indemnizaciones, eso quiere decir que todos los bolivianos vamos a pagar por las culpas de Evo Morales”, graficó el exdiputado.
En su respuesta la Fiscalía admite que el Estado no podrá argüir la prescripción de los delitos u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir las recomendaciones. “La investigación de los actos de tortura deberán cumplir con los parámetros de debida diligencia establecidos en el presente informe, incluyendo los del Protocolo de Estambul” señala otra parte del texto oficial del Ministerio Público.
Barral recordó que ellos adjuntaron el informe de la CIDH sobre el caso terrorismo como justificativo para el inicio del proceso de privilegio, que es lo que le correspondería a Evo Morales, porque los hechos se suscitaron bajo su mandato.
Barral recordó que el propio Morales confesó en una conferencia que brindó en Venezuela donde dijo que hubo un tiroteo para desactivar a una célula terrorista y dijo que él dio la orden de proceder.
Fuente: El Deber
